¿Cuánto vale Javier Duarte de Ochoa?
Si fuera un producto al consumidor, la marca Duarte de Ochoa seguramente tendría un valor multimillonario. Sería la envidia de sus competidores con más de 200,000 noticias publicadas; 1,300,000 ligas vinculadas a su nombre y cientos de fotografías: Duarte corriendo; Duarte recién casado; Duarte con la banda tricolor y el águila dorada en el pecho; Duarte dando un discurso; Duarte abriendo los ojos o abriendo la boca. Millones de mexicanos han pronunciado su nombre y saben quién es. La marca de Duarte ha estado en todos lados: es un producto reconocido, casi un ícono de la cultura popular mexicana.
Pero entró en crisis. Y como en toda situación negativa, el producto Javier Duarte de Ochoa es repudiado de la noche a la mañana. Y de un ser humano sonriente, pasó al Duarte encarcelado; tirado en una camioneta de la policía guatemalteca; con un chaleco antibalas; preso y acusado en México por delicuencia organizada y lavado de dinero. Pero ese producto multimillonario le cuesta a todos los mexicanos cientos de miles de pesos en traslados, aviones, gasolina, comidas, desayunos, cenas, ropa; ello sin sumar el proceso jurídico y al final su estancia en algún penal de máxima seguridad, si fuera el caso.
De la campaña electoral que lo llevó a la gobernatura de Veracruz a la tranformación de un criminal, Duarte de Ochoa seguramente no pagará lo que le cuesta al Estado Mexicano y tampoco regresará los más de $650 millones de pesos que desvió del prespuesto de salud del presupuesto de su estado. Ya suman 23 denuncias penales en su contra por no comprobar gastos y el secretario de gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, pidió tener fe en la institución que representa para que se haga justicia en el caso Duarte.
Por su parte, José Ramón Narro Robles, Secretario de Salud, sostuvo que estas irregularidades tienen que ver con distintos programas sanitarios en materia de adicciones, abasto de medicamentos, infraestructura y equipamiento.
El funcionario lamentó la falta de transparencia y mal manejo de los recursos públicos, actos que calificó de “deleznables”, los cuales se agravan cuando se trata del tema de la salud: “Esto es todavía mucho más duro, más sensible, y provoca más molestia, encono e irritación con absoluta razón”, dijo.
Asimismo, un juez federal otorgó una suspensión provisional a Duarte, medida que dejó sin efecto, por el momento, las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de Veracruz en su contra.
La dependencia estatal obtuvo dos órdenes de arresto contra el ex mandatario, dentro de las causas penales 38/2017 y 56/2017, en las que lo acusó de ser probable responsable de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Sandra Leticia Robledo, juez primero de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de amparo y otorgó la suspensión provisional al ex funcionario, a quien le impuso una garantía de 6 mil pesos, según quedó registrado en el expediente 614/2017.
La impartidora de justicia fijó para el próximo 3 de agosto la celebración de la audiencia constitucional. Con este juicio, Duarte busca abrirse camino para enfrentar las acusaciones en libertad bajo caución, debido a que los ilícitos que se le imputan no son considerados graves.
El pasado 27 de junio, en Guatemala, el ex gobernador aceptó ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones que presentó en su contra la administración de Miguel Ángel Yunes, las cuales calificó de “infundadas, ligeras, vagas e imprecisas”, y que derivaron en dos órdenes de aprehensión.
Duarte permanece en prisión en el Reclusorio Preventivo Norte, a la espera de que un juez de control resuelva si lo vincula o no a proceso, tras las acusación que presentó en su contra la PGR por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la audiencia celebrada el pasado lunes en el Centro de Justicia Federal en dicho reclusorio, Gerardo Moreno García ordenó que Duarte no fuera trasladado a un penal federal como propuso la procuraduría, quien pretendía mantenerlo en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en el municipio de Ayala, Morelos.
Los fiscales federales no lograron documentar el presunto lavado de dinero por $439 millones de pesos que según cometió el ex funcionario, acreditando solamente $38.5 millones de pesos.
El próximo sábado, a las diez de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la que se espera que el veracruzano continúe su juicio en prisión.
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