Tanhuato

La semana pasada, la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH) dio un golpe, otro más, a la Policía Federal (PF).

23 de agosto, 2016

La semana pasada, la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH) dio un golpe, otro más, a la Policía Federal (PF). De su investigación sobre lo ocurrido en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015, concluyó que se ejecutó extrajudicialmente a 22 personas, se torturó a detenidos, se manipularon las escenas de crimen, se sembraron armas y se mintió dos veces sobre lo sucedido. Es claro que la CNDH cumplió con su tarea.

No pasó mucho tiempo para que el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, presentara su respuesta. Según él, no hubo ejecuciones extrajudiciales; lo que sucedió fue que la preparación de los elementos de seguridad con respecto al uso de la fuerza fue eficiente. Se recordará que el caso llamó la atención porque hubo 42 bajas de los supuestos criminales, pero sólo un policía fue alcanzado por la balas de los maleantes.

Los familiares de las personas abatidas insisten en que no eran delincuentes, sino que iban al lugar a trabajar en labores legales. Sin mayores investigaciones, los diarios le han dado voz a estas personas, a pesar de que hay evidencias que los vinculan al Cartel Jalisco Nueva generación (CJNG). Por supuesto, el que hayan sido criminales, no quita responsabilidad al hecho de que pudieron haber sido ejecutados.

A pesar del rechazo a las conclusiones de la Comisión, Renato Sales informó que respetan y aceptan las recomendaciones del informe, señaló que en caso de que se descubra un uso excesivo de fuerza se procederá legalmente contra los responsables. Este es el tipo de declaraciones esquizofrénicas que acostumbra hacer el gobierno federal, ¿cómo acepta y respeta el informe que acusa a la PF si de principio lo rechazó?, ¿cómo suponer que harán una investigación seria si no están de acuerdo?

A pesar de que el informe de la CNDH es uno de los más duros que ha presentado esa institución, la cobertura mediática no fue tan amplia como podía esperarse. Diarios impresos y digitales contrarios al gobierno enfatizaron palabras como “masacre”, “ejecución”, etc. En cambio, aquellos que simpatizan con el gobierno enfatizaron temas menores, tales como: “incongruencias”, “irregularidades”, etc.

Del viernes que se difundió la nota al día de hoy, la atención al tema se ha diluido bastante. Esta reacción puede obedecer a la imagen de los delincuentes. Tal vez el grueso de la sociedad piensa que, después de todo, no se trata de estudiantes normalistas, sino de delincuentes. Si normalmente la sociedad no parece preocupada por los derechos humanos, en el caso de delincuentes menos aún. Prueba de esto es el infortunado cartón de Calderón publicado por Reforma, tuiteado por el expresidente Calderón, quien al parecer sigue opinando que los delincuentes no deberían tener derechos humanos. Pero no habrá señalamientos contra Calderón, ni al caricaturista ni al político, simplemente porque no es Peña Nieto.

Sin embargo, el caso abona para que a nivel internacional otra vez México esté en la mira como un país en donde los derechos humanos importan poco. La CNDH ha comunicado que interpondrá acusaciones penales por el caso. Ese es un paso necesario, pero difícil; probar ante un juez que sus pesquisas y suposiciones son verdaderas no será sencillo. Al detenerse en el informe, en más de un hecho señalado cabe al menos otra interpretación, distinta a la planteada por la Comisión. Como en el caso de Tlatlaya, una cosa es acusar y otra muy distinta probar. Ya se verá.

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