El Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 contiene ocho puntos, está basado en un diagnóstico cuestionable en algunas partes, deja muchas interrogantes, no toca varios temas y abre puertas que generan dudas, preocupantes dudas.
El diagnóstico considera una vieja idea de López Obrador: la pobreza (falta de empleo, incapacidad del sistema educativo, etc.) abre las puertas a la delincuencia. Esta relación (pobreza-delincuencia) no solamente es discriminatoria y digna del Partido Republicano de los Estados Unidos, sino que además es falsa. Se parece tanto a la idea de Donald Trump de que los migrantes son delincuentes en potencia porque no tienen empleo y “violan” las leyes de migración, que este siniestro personaje podría firmarla.
Sin embargo, el diagnóstico no miente cuando afirma que se persiguen los delitos violentos o al crimen organizado, pero se dejan de lado los delitos de cuello blanco o los cometidos por funcionarios públicos. Aunque se soslaya el número de servidores públicos que han sido castigados por la ley, incluso algunos gobernadores, en el sexenio de Peña Nieto, la afirmación del Plan es esencialmente cierta. También es verdad que la corrupción permite que muchos de estos delitos queden impunes. No obstante, concebir a la corrupción como disparador de la delincuencia es un error grave. Supondría que bastaría acabar con ella para que la criminalidad se evaporara en gran medida. Se omiten por completo los aspectos intrínsecos a la criminalidad: la demanda de dinero fácil, de drogas, de armas, etc.
El Plan señala que ante las fracasadas estrategias seguidas, es necesario un enfoque diferente, que haga hincapié en la prevención, la procuración y la impartición de justicia; abandonando “el autoritarismo y la violencia” para “avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos”. En el papel este enfoque nuevo parece bien, pero, como se verá más adelante, deja abiertas las puertas a temas muy preocupantes.
Sobre los ocho puntos, hay propuestas muy concretas. Sin duda la más destacable es la creación de la guardia nacional, un cuerpo bajo el control directo del presidente de la República, quien todos los días a las 7 de la mañana girará sus instrucciones en este sentido. Cabe señalar que no se sacará en lo inmediato a las fuerzas armadas del combate a la delincuencia y no se precisa si se hará. Con razón, se ha criticado a López Obrador por no fijar plazos para el cumplimiento de su promesa de sacar de las calles al Ejército y la Marina. No solamente eso, sino que toda la propuesta de la guardia nacional implica la militarización completa del combate a la delincuencia, ya que este cuerpo quedará adscrito a la Secretaría de la Defensa, tendrá disciplina militar y se integrará por militares. No puede ser más clara la propuesta, un cuerpo militar con tareas policíacas que se aspira a que cuente con 100 mil elementos distribuidos en 266 zonas, adscrito a la SEDENA, pero bajo control directo del presidente. Con la sola garantía voluntarista de que estos nuevos agentes del orden no serán corruptos y respetarán los derechos humanos. ¿De qué se está hablando aquí, de combate a la delincuencia o de control político a través de una instancia militar?
(Continuará)
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