La enorme deuda que contrajo cuando fue gobernador del Estado de Coahuila y su estilo entre bailarín y “golpeador” de hacer política, haciendo del PAN su víctima favorita, hicieron de Humberto Moreira un personaje odioso para buena parte de la clase política y los ciudadanos que detestan al PRI. De ser un personaje odioso pasó a ser blanco de ciertos medios de comunicación que empezaron a manejar que la enorme deuda coahuilense había terminado en parte en los bolsillos del propio Moreira y de sus colaboradores más cercanos. Durante semanas, siendo presidente nacional del PRI, señalaron varias circunstancias y hechos que parecían apuntar a una desviación monumental de recursos. Las “investigaciones” de las autoridades mexicanas no encontraron nada, por supuesto.
Por eso, cuando las autoridades españolas arrestaron y acusaron a Humberto Moreira de lavado de dinero y fraude, más de uno de sus muchos detractores sonrió. Al fin se había hecho justicia y para la vergüenza del sistema mexicano, no se había hecho aquí. Las siguientes horas que siguieron a la detención del exdirigente hubo muchas especulaciones, la más popular fue que lo trasladarían a Estados Unidos. Ayer mismo, la Fiscalía Anticorrupción aseguró que poseía pruebas de que Moreira trabajaba con el cartel de Los Zetas.
Pero acusar no es probar y lo que se conoce de las acusaciones no parece ser de ninguna manera algo serio. No se trata de probar, como intentó hacer la justicia suiza con el origen de 120 millones de dólares en el caso de Raúl Salinas, sino el origen de tristes 190 mil euros, menos de cuatro millones de pesos, que cualquier actor político de medio pelo obtiene en un año de trabajo. Ahora, las autoridades españolas parecen desesperadas y se han lanzado a tratar de demostrar el vínculo con Los Zetas, algo que ni siquiera los investigadores de la justicia norteamericana han podido hacer.
No es sorprendente, entonces, que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenara la libertad del expresidente del PRI, al concluir que han quedado suficientemente acreditadas las transferencias de 200.000 euros desde México. Si todo esto sigue como va, la Fiscalía tendrá que recular en su intento por encarcelar a Moreira y este será puesto en libertad. Ya se verá cuál será el destino de las acusaciones contra el coahuilense.
La mala fama de Moreira gravita sobre su partido y sobre la imagen del presidente Peña Nieto, ya de por sí muy lastimada. No importa que las autoridades españolas no logren encarcelar un largo tiempo al exdirigente, los juzgadores en los medios y en las calles ya lo sentenciaron: es un priista confeso, culpable de haber ayudado al PRI a regresar a la Presidencia de la República. ¿Hace falta algo más?
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