Casi sonrientes, Miguel Ángel Yunes, gobernador electo de Veracruz y panista, para más señas, y el presidente Enrique Peña Nieto se dan la mano para la foto; ya hay acuerdo o, al menos, uno va en camino. El problema de este “acuerdo” es que podría significar otro nuevo dolor de cabeza a causa de Javier Duarte. Los medios y la mayoría de los analistas y expertos no se han percatado que el desastre que dejó el fugitivo gobernador veracruzano es comparable con el de la casa blanca. La diferencia es que este último fue un suceso aislado y la saga Duarte promete contar con varios episodios, todos referentes a la misma familia tricolor, como las buenas sagas deben ser.
Los hechos ya son bien conocidos: un gobernador impresentable; acusaciones de irregularidades con recursos; la pérdida del estado para el PRI; irregularidades que se vuelven acusaciones; un mandatario pide licencia y luego se evade de la acción de la justicia. Todo esto ha sido un gran dolor de cabeza para la Presidencia, pero la pesadilla continúa: ¿quién pagará los platos rotos? Bien, si los platos los rompió un priista, que los pague la familia tricolor.
El “acuerdo” entre Peña Nieto y Yunes se traducirá en la instalación de mesas con la Secretaría de Hacienda y la de Gobernación, con el fin de atender los problemas financieros y de seguridad que enfrenta la entidad luego del paso de ese huracán llamado Javier Duarte. En términos políticos, el gobierno federal busca aminorar los efectos negativos del asunto, pero para Yunes es un cheque en blanco que le permitirá cubrir sus errores a la cuenta de Duarte. En esto, los panistas son expertos. Los priistas no echan culpas al pasado en parte porque lo hacen mal y por otra parte porque siguen creyendo que son los custodios de algo así como el honor de la Patria (impecable y diamantina, por supuesto). Los perredistas no lo saben hacer bien y MORENA le echa la culpa a la mafia del poder hasta de las tonterías que hace López.
Por supuesto, el acuerdo veracruzano era necesario, pero eso no evita que sea aprovechado por los panistas. Así, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ya adelantó que busca un préstamo de la Federación por casi dos mil millones de pesos, pues el estado está en “bancarrota”. Se sobreentiende que de esta forma lo dejó el otro Duarte, César, también de la familia. En Durango, la que fue subsecretaria de egresos con el anterior gobernador, priista, por supuesto, Leonor Gutiérrez Flores, fue detenida por “presuntamente ocultar información, abandonar el servicio público y ejercicio indebido.” (Aristegui Noticias, 1 de noviembre de 2016). Esto puede significar que este estado también esté próximo a solicitar un “préstamo” a la federación.
¿Quiénes seguirán? ¿Tamaulipas, Quintana Roo o Aguascalientes? Probablemente todos ellos. Mala cosa: Presidencia pagará los platos rotos de sus exgobernadores y, de paso, dará a los nuevos ejecutivos estatales armas para hacer lo que quieran, echando culpas a la familia tricolor.
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