En México se administra la pobreza, no se resuelve. Esa es la tremenda conclusión que arroja un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que analizó la aplicación de las políticas sociales entre 2008 y 2018, es decir, los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Los datos son estos: la pobreza extrema, aquella que recibe ingresos por debajo de lo indispensable fue en 2008 de 16.8% e igual porcentaje diez años después. Fracasaron los intentos de ambos sexenios por aminorar este problema y se condenó a millones de personas a la pobreza transgeneracional. Tras ocho billones de pesos invertidos en una decena de años, la pobreza en general solo disminuyó de 44.4% a 41.9%. Un avance marginal. Para 2018 se calcula que 52.4 millones de mexicanos y mexicanas estuvieron en esta situación. En cuanto a la desigualdad económica, el decil más alto obtuvo 26 veces más ingresos que el decil con menores ganancias. En la anterior medición se señaló que eran 21 veces más, lo que significa que los mecanismos que atizan la desigualdad están intactos.
En realidad, esto no es nuevo. CONEVAL viene señalando desde su creación la inefectividad de las políticas de combate a la pobreza. Sus evaluaciones nunca se hicieron para quedar bien con un gobierno, siempre ha sido un organismo de Estado. Para esto sirve. Los gobiernos deberían atender los señalamientos del organismo en lugar de desacreditar o desatender a la Comisión. López Obrador está a punto de cumplir otro sueño dorado de Calderón y Peña: desmontar al CONEVAL.
Si en lugar de diez años se analizan periodos más largos, el resultado es el mismo: mucho dinero invertido y pocos resultados, nimios. Las políticas sociales basadas en el asistencialismo fracasaron. Algo no reconocido por ningún gobierno, incluido el de López Obrador, quien lo utiliza para engrosar su base social-electoral de apoyo.
De este fracaso no se puede acusar solo a la corrupción o la opacidad. Tampoco puede decretarse la muerte a rajatabla de todos los programas asistencialistas. Hay algunos que parecen asistencialistas, pero no lo son. Por ejemplo, los apoyos a la tercera edad son necesarios, aunque insuficientes, ya que se trata de personas que en su mayoría no contaron con seguridad social y su acceso al mercado de trabajo es prácticamente nulo o con muy bajos emolumentos. En todo caso, el Estado debía crear empleos para este sector. Otros apoyos necesarios que no deben contarse como asistencialistas son las becas para estudiantes de escasos recursos. Sin embargo, es un error conceder becas universales a estudiantes, pues hay muchos que no la necesitan. Tratar de que el gobierno dé recursos a poblaciones crecientes de necesitados solo lleva, más temprano que tarde, al colapso y a que los sectores económicos más bajos queden en peor situación.
Hay que combinar una estrategia adecuada de creación de empleos, mejoramiento de salarios, extender la seguridad social, mejorar las oportunidades de educación con algunos programas asistenciales puntualmente dirigidos, pero con la intención de encadenarlos a otros programas de desarrollo social.
El presidente López Obrador no está interesado en esto y sus políticas le darán el servicio electoral que busca, pero no sacarán de la pobreza a grupos importantes de personas.
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