La propuesta de un sector importante de la Iniciativa Privada de hacer un pacto para la seguridad es un reto al gobierno federal y parece estar encaminada a disminuir al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (MAOC).
En la propuesta, dada a conocer la semana pasada, participan Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; Adrián Alarcón Ríos, presidente de la COPARMEX en Chilpancingo, Guerrero; Rodrigo Alpízar, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), entre otros.
Fue precisamente Castañón quien planteó la necesidad de un pacto por la seguridad “en el que todos seamos corresponsables, por eso el llamado es desde el Ejecutivo Federal hasta los Ejecutivos estatales y municipales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial que tienen responsabilidad y acciones que hacer en concreto. Es el llamado a la ciudadanía y es el compromiso de los propios empresarios para revisar lo que se ha hecho en la estrategia de seguridad para acelerar el paso”. Resulta interesante, en primer lugar, constatar que la iniciativa privada se autonombra representante de la ciudadanía, ya no sólo de un sector.
El punto de partida para llegar al pacto dichoso es hacer un análisis de la estrategia seguida para “corregir lo que está mal” y reforzar lo que está bien. Fuera de las obviedades, el llamado tiene una parte legislativa en la que la IP llama a “normalizar” la presencia de las fuerzas armadas en las tareas vinculadas a la seguridad. Esta ha sido una demanda del Ejército desde los tiempos del presidente Calderón. ¿El súbito interés de la IP por el tema nos habla de contactos entre los empresarios y el Ejército, contactos no hechos públicos? También reclaman del Poder legislativo que apruebe las propuestas en materia de seguridad que están estancadas y del Poder Judicial que acelere el nuevo sistema de justicia.
Por su parte, el presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos, exigió que el combate a la inseguridad “ya no sea responsabilidad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y sea creada una nueva dependencia enfocada exclusivamente a eso.” En lenguaje simple, propone quitarle a Osorio Chong una de sus funciones esenciales, una demanda que podrían compartir las fuerzas armadas. El problema no es, por supuesto, si el combate a la inseguridad se hace en SEGOB o en otra dependencia. Ya se comprobó que la fórmula de Felipe Calderón tampoco funciona. Es curioso que en esta petición, la IP no haya mencionado la lucha contra la corrupción, una de sus banderas en los últimos tiempos. Tampoco se refirió a la CNTE y los problemas que causa.
No es la primera vez que la IP lanza una especie de propuesta de pacto al gobierno federal. Lo hizo en los tiempos de Calderón, pero este fue muy hábil y convirtió un reclamo en un apoyo para su gobierno en aquella reunión del 22 de agosto de 2008, en la cual el empresario Alejandro Martí tronó contra las instituciones con aquella frase: “si no pueden, renuncien”. Por supuesto nadie renunció.
Ahora el reto es para el presidente Peña Nieto en su peor momento político y de seguridad. El mandatario tiene ante sí dos caminos: capotear la propuesta y en los hechos ignorarla, o bien aceptarla y hacer lo que hizo su predecesor, convertirla en un apoyo para su gobierno. El primer camino lo lleva a aislarse más, el segundo requiere una habilidad política que sólo Osorio Chong puede brindar. El problema es que, al parecer, este sector de la IP no lo desea como interlocutor ¿tampoco como candidato?
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