La democracia en peligro

Varios teóricos y analistas han alertado sobre un fenómeno que ha dado de que hablar por lo menos desde hace dos décadas...

13 de diciembre, 2016

Jaime Guerrero Vázquez

Varios teóricos y analistas han alertado sobre un fenómeno que ha dado de que hablar por lo menos desde hace dos décadas: el retroceso de la democracia. Durante mucho tiempo se creyó que las viejas sociedades occidentales tenían instituciones que harían imposible un quiebre de las formas democráticas. Sin embargo, hay bases para creer que ningún país es invulnerable al avance de formas autoritarias de gobernar. Incluso los Estados Unidos, nación que frecuentemente se pone de ejemplo por sus instituciones fuertes, parece avanzar hacia el debilitamiento de la democracia.

Primero fueron las leyes aprobadas en el gobierno de Clinton, luego del atentado al edificio Murrah en Oklahoma City (1995), y posteriormente el acta patriótica, aprobada en el gobierno de Bush a principios de este siglo después del atentado a las Torres Gemelas (2001). Se trata de leyes diseñadas para detener al terrorismo, pero en los hechos pueden ser usadas para otros fines y han reducido los derechos de la ciudadanía. Por si esto fuera poco, el triunfo de Trump parece estar acentuando los rasgos más autoritarios y racistas de nuestros vecinos del norte. Fenómenos legales y políticos semejantes se están dando en países europeos. No son pocos los analistas, escritores, políticos y filósofos que señalan que si se menoscaban los derechos de los ciudadanos, el terrorismo y los enemigos de la democracia de todos modos ganan.

Tal vez lo más grave de todo esto es que los derechos civiles se menoscaban con la complacencia de buena parte de los ciudadanos que, movidos por el temor, el fracaso económico y el avance de la desigualdad, minusvaloran la democracia y ceden espacios a formas de gobierno autoritarias, con fuerte presencia policíaca y militar. Si hace 30 años hubiéramos visto la presencia de las fuerzas armadas en las calles de nuestras ciudades tal vez no lo hubiésemos admitido, pero, como en el ejemplo de la langosta que es metida en una olla con agua que se va calentando, la presencia policíaca y militar se nos ha hecho “normal”. No sólo eso, sino que la agradecemos y pedimos que sigan “protegiéndonos”.

En este contexto, ¿qué está pidiendo en realidad el general Cienfuegos y qué está dispuesta a conceder la clase política? ¿Está pidiendo el secretario de Defensa regresar a los cuarteles? Por supuesto que no; está pidiendo una legislación que permita que soldados y marinos puedan actuar en acciones de seguridad reservadas a la policía y las autoridades civiles SIN el temor a equivocarse en los procedimientos legales y SIN que los acusen de violar derechos humanos. En pocas palabras, están pidiendo un estado de excepción. Ahora falta saber cuánto cederá la clase política con tal de no arriesgarse a quedar sin la protección de soldados y marinos. Por lo pronto, el presidente Peña Nieto aprovechó el reconocimiento en el tema de los derechos humanos que se le hizo post mortem a Rodolfo Stavenhagen, para decir que su gobierno está comprometido con los derechos humanos. Esta es una respuesta que ha dado una y otra vez el gobierno federal a los planteamientos de los militares. Seguramente es algo que no les gusta y que, por cierto, nunca hizo Felipe Calderón, quien disculpó siempre los excesos policíacos y de las fuerzas armadas.

Cualquier marco legal que se apruebe debe tener, al menos, las siguientes características:

– Un plazo o las definiciones necesarias y concretas para el regreso a los cuarteles. Los gobernadores deben asumir su compromiso de construir policías confiables;

– Definición de las razones por las que pueden ser llamadas las tropas para realizar tareas relacionadas con la seguridad, siempre acotando los tiempos y las modalidades;

– Debe quedar claro que toda acción militar debe quedar sujeta a los procedimientos legales establecidos;

– Debe ser claro que en todo momento deberán actuar respetando los derechos humanos. Toda violación a los procedimientos deberá ser juzgada por tribunales civiles;

– En todo momento, deberán quedar sujeta su intervención a una petición explícita y hecha por los canales adecuados de las autoridades civiles.

Ojalá que la clase política no se amedrente y tenga claro que la solución de los problemas de seguridad va más allá de policías y soldados.

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