El pasado fin de semana, la “justicia” estuvo muy activa. En primer lugar, se detuvo a una tranquila mujer que, sin oponer resistencia, fue arrestada. La imperturbable señora responde al nombre de Rosalinda González Valencia y es esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien hoy por hoy es el narcotraficante en libertad más poderoso de México. La acusación es por delincuencia organizada.
En segundo término, los medios informan que se giró una orden de aprehensión en contra de Karime Macías, la esposa del famoso Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Hace unos meses mucha gente se preguntaba el porqué no había sido detenida si era evidente, según ellos, que estaba metida en los negocios sucios de su marido. Ahora, se le acusa de haber efectuado “daño” al DIF de Veracruz.
Pero hay más, en Michoacán se detuvo a Juan José N, alias “El Abuelo”, exlíder de autodefensas, presuntamente coludido con el cártel Jalisco Nueva generación. Esta vez le tocó a la Marina la detención de quien desde hace mucho se rumoreaba que tenía lazos con los narcotraficantes. En Guerrero, se reactivan cinco acusaciones en contra de Nestora Salgado, luego de un altercado mediático con el candidato José Antonio Meade.
Pero esto no fue todo: el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que los homicidios de 34 candidatos en 11 entidades del país no fueron por motivos políticos, sino por altercados del crimen organizado y por disputas personales y familiares. La pregunta es si no hubiera tocado al procurador dar esta información o Navarrete no sabe bien qué pasó, pero sabe lo que no pasó, en la mejor tradición de la justicia mexicana. Y lo dice como si de todos modos las cosas no fueran graves, ¿qué son 34 candidatos muertos por el narco o los familiares?
¿Cuál es el común denominador de este ímpetu justiciero del Estado mexicano que, de pronto, en un fin de semana hizo lo que no había hecho en meses? ¿Coincidencia?, ¿se trata de ponerse al corriente con cuestiones pendientes en materia de justicia? El problema aquí es que la cola electoral se le asoma mucho a todos y cada uno de estos asuntos y esto lo sabe hasta López Obrador.
Por supuesto, no se está aquí tratando de señalar que todos estos personajes son inocentes, pero la acometida justiciera no se debió más que a un ánimo electoral. ¿Qué espera lograr el gobierno federal de esta ola de detenciones, acusaciones y señalamientos? Si de lo que se trata es de mejorar el posicionamiento del PRI o del candidato Meade, se puede asegurar que es un esfuerzo inútil. Hay que recordar que, incluso en tiempos menos difíciles, el asunto de atrapar delincuentes le rindió poco a Peña Nieto, por ejemplo, cuando se atrapó al “Chapo” Guzmán a la semana el efecto positivo prácticamente ya se había disipado. Además, hay otro detalle, Peña Nieto no está en campaña por más que sea el que conteste bravatas y haga aclaraciones. Esto significa que haga lo que haga sus acciones en poco o nada beneficiarán a la causa que defiende.
Pero hay otro riesgo, hacer las cosas sobre las rodillas, como al parecer se hizo este fin de semana, puede derivar en acusaciones mal sustentadas que se desmoronen durante los procesos. Los jueces ya no obedecen ciegamente al presidente de la República desde hace más de 20 años. No solamente pueden caerse los procesos, hay el peligro de que los ahora inculpados cobren venganza una vez que se acabe el sexenio.
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