El gobierno puede hacer todos los esfuerzos estadísticos que quiera, pero la percepción de inseguridad en México está creciendo, no sólo en el país, sino allende las fronteras. A los problemas económicos y sociales se agrega ahora el de la inseguridad, un rubro que los funcionarios se esfuerzan en tratar de disminuir (al menos en los números).
Ayer, por ejemplo, las noticias más relevantes tenían que ver con la inseguridad que se vive. En primer lugar, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI, durante septiembre de 2016 se encontró que 71.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro; este es el segundo resultado más alto desde que en marzo de 2014 alcanzó su máximo de 72.4%.
A nivel local, la antigua ínsula apartada de la violencia del país, la Ciudad de México (CDMX), ya no lo es más. De acuerdo a datos del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, el primer semestre de 2016 ha sido el más violento en los últimos 16 años en la capital. ¿Se acabó la pax perrediana? Una cosa que puede explicar esto es el informe dado a conocer ayer por la Fundación Impunidad/Cero, iniciativa que encabeza Federico Reyes Heroles: sólo en ocho entidades hay una estrategia para combatir la impunidad. Únicamente Nuevo León, Tabasco, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Hidalgo, San Luis Potosí y Durango tienen el “combate a la impunidad como un eje rector en sus planes de desarrollo”.
Desde afuera, llega una nota editorial del New York Times en la que simplemente dice que la seguridad en México no es confiable. ¿Sobre qué base hace el diario esta afirmación? Sobre la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que no ha sido adecuada. El tema de la inseguridad no había golpeado al gobierno federal, más allá de los casos de escándalo y violencia por todos conocidos (Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato); sin embargo, ahora empieza a ser un asunto de señalamiento insistente por parte de los medios y las organizaciones.
Está claro que los casos de alto impacto, como los mencionados, nos conmocionan a casi todos, pero el gobierno federal además está sufriendo el desgaste por los casos cotidianos en contra de la seguridad de los ciudadanos. Dicha problemática puede ser devastadora para la administración de Peña Nieto, dados los diferentes frentes opositores que tiene y que se irán acentuando conforme tomen fuerza las campañas electorales del próximo año.
Urge que la administración federal tome medidas al respecto. Para este fin, se tiene la experiencia de dos vías de acción: seguir la estrategia del expresidente Felipe Calderón, de inyectar más recursos al rubro de seguridad y destinar más soldados al combate anticrimen o, además, canalizar recursos a la prevención del delito, generar más empleos, escuelas, centros deportivos y culturales, créditos, becas; un conjunto de acciones diversas que ayuden a recomponer el tejido social. Sobra decir que el recorte no ayuda a que estas acciones se cristalicen.
Tres son los principales elementos que ayudan a que la inseguridad continúe: impunidad, ineficiencia policíaca y corrupción. Si esto no se combate, la ciudadanía no confiará en quienes dicen protegernos y lo que hacen en realidad es atacarnos.
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