EPN, sexenio sentenciado

Los últimos acontecimientos han confirmado un hecho: el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto...

2 de mayo, 2016

Jaime Guerrero Vázquez

Los últimos acontecimientos han confirmado un hecho: el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) será recordado por dos temas negativos. Se trata de corrupción y derechos humanos. No importa que la evaluación sea justa o injusta; no interesa que haya sido capaz de sacar adelante reformas mayúsculas que debieron haber sido hechas años antes; no es relevante que su gobierno haya sostenido hasta ahora cierta estabilidad económica en un mundo y una América Latina con muchos problemas en este terreno. Nada de esto despierta en los medios un interés.

En corrupción, el asunto de la casa blanca y las demás propiedades de la gente que ocupa altos puestos en el gobierno federal (Videgaray, Osorio, Murat), de empresas cercanas que están envueltas en escándalos (HIGA, OHL), las investigaciones que no convencen por parte de la Secretaría de la Función Pública y hasta la compra de un avión presidencial que encargó el gobierno de Calderón, pero cuyo costo monetario y político lo pagará Peña Nieto. Todo esto ha repercutido a lo largo de estos años. La cereza en el pastel fue la negativa de su partido y aliados a ratificar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el pasado periodo legislativo. La oposición, sectores de la iniciativa privada y varias organizaciones civiles han señalado este hecho y lo explotarán en los meses siguientes. La acusación concreta es: no hay compromiso del presidente Peña Nieto y su gobierno contra la corrupción. Ergo: es un gobierno corrupto, uno más de los gobiernos corruptos del PRI.

En cuanto al tema de derechos humanos pasa algo similar. Tlatlaya, Tanhuato, Michoacán, para subrayar sólo los más recordados, han sido puestos en la vitrina para ejemplificar el desinterés de este gobierno con el tema. Ayotzinapa se ha convertido en culpa del gobierno federal gracias a un mal manejo de los responsables en investigar el caso. La estocada final la dieron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con su informe final, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con sus revelaciones de última hora. Tomás Zerón ha quedado como sembrador de pruebas. La sospecha alcanza a Jesús Murillo Karam y a la actual procuradora Gómez, al Ejército y, por supuesto, al propio presidente Peña Nieto. La acusación es absurda, pero lo que importa es que ha quedado fija en los señalamientos de las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, en buena parte del círculo rojo y en la mente de un amplio sector de la clase media.

Corrupción y derechos humanos han sido manejados mal, con respuestas elusivas y mala comunicación. Y ya no hay vuelta de hoja. A menos que en el tiempo que le resta al sexenio el gobierno federal sea capaz de hacer algo que no conocemos, ambos asuntos han quedado sentenciados. Este no será el gobierno de las reformas. Lo que queda para el gobierno de Peña Nieto es asegurar su legado. Ese legado que hace que se despierte la parte narcisista de los presidentes al final de su mandato. Pero este legado tiene que ser real. Los temas son: reforma educativa y de telecomunicaciones, ya que la de energía ha tenido mal fario, Sistema Nacional Anticorrupción completo, Fiscalía General de la República, fiscalía anticorrupción, mando único policíaco, reformas de justicia, entre las que caben lo que se presentó como justicia cotidiana.

No hay que llorar por lo que no se pudo, hay que asegurar lo que sí se puede. Estos cambios y reformas serían una buena plataforma para el siguiente gobierno quien sea que llegue. El único al que le estorbarían sería a AMLO, que se dedicaría a desmontarlas. A los iluminados todo control les estorba.

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