Elección 2018, los otros actores

En México no existe una cultura de respeto a los derechos humanos.

27 de septiembre, 2016

Jaime Guerrero Vázquez

En México no existe una cultura de respeto a los derechos humanos. Las autoridades, sobre todo las estatales y municipales, no impulsan la formación de dicha cultura. Antes bien, parecen más interesados en burlar los esquemas que se han instrumentado para proteger a los ciudadanos o a los posibles delincuentes, quienes también merecen respeto a sus derechos humanos. Esto es como en el futbol: si el árbitro no te ve, no hay falta. Por su parte, la mayoría de los ciudadanos tampoco tienen la cultura de reclamar por sus derechos y tampoco protestan cuando los de otros son violados, en especial los de los delincuentes. Una frase que se escucha mucho es: “se lo merecen”.

En este contexto, la decisión de Felipe Calderón de sacar al Ejército y la Marina para combatir a la delincuencia organizada fue catastrófica desde el punto de vista de los derechos humanos. No había una estrategia clara y las fuerzas armadas no tenían preparación en la materia. El presidente Peña Nieto heredó este problema (Fuerzas Armadas-violaciones a los derechos humanos) y lo más probable es que lo herede a su vez. Es interesante detenerse en el porqué el expresidente Calderón no tuvo tantos problemas en cuanto a los derechos humanos a pesar de las estupideces que era capaz de decir o hacer. Recuérdese que llegó a asegurar que eran los delincuentes quienes violaban los derechos humanos. ¿Por qué, entonces, no tuvo tantos problemas en esta materia? Es posible que se deba a dos razones: primera, los medios y las organizaciones fueron más tolerantes hacia Calderón. Inexplicablemente tolerantes; segunda, el expresidente nunca puso en manos de organizaciones de derechos humanos o de organismos internacionales el tutelaje de ninguna investigación. A pesar de eso, la ONU y la CIDH se mantuvieron básicamente con un bajo perfil. Un hecho lamentable.

Ahora, las cosas han cambiado por fortuna. Un conjunto de organizaciones interesadas en los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, están atentas a este tema. Sus señalamientos son, en general duros, como deben ser. Pareciera que tratan de compensar su tolerancia de antaño. Adicionalmente, los medios les dan un espacio que antes no tuvieron. Este lugar les ha servido para dar seguimiento a las acciones del Estado y, desde ahí, hacer señalamientos. Vastas redes de estos organismos se han activado en el país y, como sucede con las organizaciones civiles de vigilancia, hacen política.

Estas organizaciones se han agrupado en varios frentes, sobre todo alrededor de los casos Iguala, Tlatlaya y otros similares. Hasta ahora, mantienen una activa e intensa acción política en temas de desaparecidos, pero no abordan otros que debieran defender, por ejemplo, los derechos de las comunidades LESBIGAYTI, las familias diferentes, la tercera edad u otros similares. En gran parte, se debe al atraso político (o los intereses) de estas organizaciones de derechos humanos y en parte al sectarismo de las luchas que no ven la amplitud de movimientos que se pudieran unir.

Como quiera que sea, estas activas y esenciales organizaciones tendrán un gran protagonismo durante los procesos electorales que se avecinan, con especial énfasis en el del 2018. Y dado que en su mayoría ven en el PRI al demonio causante de todas las violaciones, es de pronosticar quien será su enemigo a vencer. Ojalá no se equivoquen y ayuden a llegar al poder a un tipo como Calderón, al que no le importan los periodicazos. Al menos a Peña Nieto lo incomodan.

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