El jueves 16 de abril, una menor de 14 años de nombre Alondra Luna fue sacada con violencia de la escuela telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en Guanajuato, por agentes de la Policía Ministerial Federal y la Interpol. Testigos de los hechos confirman la rudeza y la intimidación de la que fueron objeto por parte de elementos de seguridad. Se trató en los hechos de un secuestro, pero fue en cumplimiento a una resolución de la jueza federal en Michoacán, Cinthia Mercado García, quien ordenó entregar a la adolescente a Dorotea García, una mujer residente en Houston, Estados Unidos, quien aseguró que se trataba de su hija, la cual le fue arrebatada hace nueve años.
El caso ha concluido felizmente con el regreso de Alondra a su hogar en Guanajuato, con sus verdaderos padres, luego de comprobarse mediante un análisis de ADN hecho en los Estados Unidos que no se trataba de la joven buscada por Dorotea García.
A pesar de esto, alarma casi todo lo relacionado con este caso. En primer lugar, la decisión de la jueza Mercado de dar por hecho que Alondra era la niña buscada y en consecuencia ordenar su forzoso traslado, sin haber realizado los exámenes de ADN correspondientes. Alarma que cuando los angustiados padres llevaron pruebas documentales y testimonios de la identidad de Alondra les fueron rechazados e incluso los amenazaron con llevarlos a la cárcel por secuestro. Alarma que la PGR, también sin mayores pruebas, haya emitido el 20 de abril un comunicado que subrayaba que habían “recuperado” a la adolescente y “ya estaba con su madre”, refiriéndose a Dorotea García.
Los padres han señalado que estudiarán las acciones legales a tomar en contra de las autoridades que participaron en estos hechos. Por su parte, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México ha pedido que se sancione a la jueza y a los agentes que intervinieron en la sustracción. De igual manera, la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos ha iniciado una investigación sobre el tema.
Todo este caso se constituye en un tremendo abuso de autoridad y revela la indefensión de muchos sectores de la población. También revela que las autoridades federales no tienen protocolos claros para actuar en estas situaciones. Aunque el error original fue de la jueza Mercado, la PGR y la Cancillería acompañaron esta metida de pata. Hasta el momento, ni la funcionaria judicial ni los organismos del gobierno federal que intervinieron han reconocido que se equivocaron en su método. Tampoco han pedido disculpas ni han señalado que revisarán los protocolos para casos similares. De nuevo se apuesta a que el tiempo se lleve los errores. Mala apuesta.
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