Opacado por otras noticias, casi pasó desapercibido el reto que lanzó el secretario de Educación, Aurelio Nuño, a las universidades del país. El tema llama la atención por varios motivos. En primer lugar, lo usual es que la parte educativa del gobierno federal mantenga una cierta distancia en términos de funciones y políticas con las universidades públicas del país, la mayoría autónomas. Menos aún, se acostumbra que se hagan exhortos concretos sobre las responsabilidades que tienen asignadas.
El secretario Nuño prácticamente llamó a las universidades a participar en un cambio de la legislación, que ya tiene 38 años, las retó a incrementar la cobertura “con equidad” del actual 35 al 50%, conforme al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Subrayó que la oferta universitaria debe llegar también a los más necesitados. Habló igualmente de mejorar la calidad de la educación superior y vincularla con el mercado laboral.
El problema con este “reto” es que para aumentar la matrícula de las universidades públicas y hacerla llegar a la población más necesitada se requieren recursos. Esto es contradictorio en un año en que el recorte presupuestal le quitó mil millones de pesos a la expansión de la educación media superior y superior y otros mil millones al Programa Nacional de Becas, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo supone, entonces, el secretario Nuño que las universidades podrían aumentar la matrícula, sobre todo para los más necesitados que deberán contar con una beca? El funcionario también habló de invertir más en investigación, ciencia y desarrollo del conocimiento. De nuevo: ¿de dónde saldría el recurso para esto? Nuño habló de las pensiones y dijo que las universidades no deben ser lastradas por la evolución del gasto en este rubro. Finalmente, el punto central de su “reto” es el discurrir cómo se va a financiar a futuro la educación superior.
En fin, quedan más interrogantes que respuestas después de la intervención del secretario de Educación. Preocupa que un representante del Estado pregunte cómo se financiará en el futuro la educación superior. Hasta donde se sabe esa es una tarea que el gobierno federal y los estatales deben resolver, a menos que entre líneas el secretario Nuño esté planteando que se busca redefinir el aprovisionamiento de recursos para las universidades. En esa lógica, sería explicable su señalamiento a la añeja legislación que ya tiene 38 años. Cabe plantearse si también habrá bonos en el mercado para financiar a la educación superior o estará buscando este gobierno una especie similar a la que ya aplica en el IMSS: subsidiar servicios a empresas privadas para que den servicio público. Sería lamentable esta privatización a trasmano con la excusa de la falta de recursos.
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