Si el gobierno federal esperaba que la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el príncipe jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, resultara mejor que la de Rose-Belle Antoine, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se equivocó. Además, reveló tal vez la diferencia que hay entre un disminuido secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y un inadecuado secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda. Todo un paquete redondamente adverso para el gobierno federal: el caso local de Iguala escaló a un caso nacional de graves y generalizadas violaciones s los derechos humanos y a un lío en el gabinete.
Una vez concluida la visita del príncipe, la Presidencia de la República se apresuró a difundir fotos donde el Alto Comisionado y el presidente Peña se veían sonrientes y amables. También se envió un boletín de prensa en el que se resaltaron las cosas positivas que dijo Al Hussein sobre el avance en materia de derechos humanos. Sendas declaraciones de EPN y Osorio Chong completaron el cuadro. Todo bien. El problema es que ya no estamos en 1970, cuando la prensa debía quedarse con la versión oficial. La prensa mexicana difundió los dichos del Comisionado, que resultaron tan duros como los de la señora Antoine.
La frase del príncipe, “no maten al mensajero”, fue un aviso para que el gobierno federal dé un paso atrás en su roce con la CIDH, en especial con Emilio Álvarez Icaza, y acepte que las vigilancias internacionales sobre el tema son, finalmente, positivas. No estaría de más hacer la misma recomendación al secretario Álvarez Icaza, con el extra de que deje atrás el tema y lo ponga por completo en manos de otros.
Al Hussein fue más allá: pidió que el gobierno mexicano acepte las recomendaciones de la CIDH y que además fije un calendario para la salida del Ejército de las tareas de seguridad. Esto es algo que, hasta donde se sabe, también han pedido las fuerzas armadas. Esta es una oportunidad (¿la última?) para que el gobierno de Peña Nieto presione a los gobiernos estatales a fin de que asuman la tarea de dar seguridad a la población.
Por lo pronto, el general Cienfuegos insistió en que no permitirá que los expertos de la CIDH interroguen a los soldados porque no tienen jurisdicción. Su frase ha motivado una serie de malos entendidos y una gran dosis de mala fe. Los soldados del batallón de Iguala ya fueron interrogados; desde Murillo Karam se invitó al GIEI a que hiciera preguntas que podría aplicar el ministerio público. Ayer mismo, esto fue ratificado por la procuradora Gómez ante el Senado. ¿Por qué debe ser directamente el GIEI, que en efecto no tiene jurisdicción, el que debe hacer las preguntas?
Como quiera que sea, vino el príncipe y se portó como un Príncipe. ¿Quedó claro quién fue el Méndigo?
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