La fallida actuación de los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) que acudieron a la audiencia inicial en la que compareció Javier Duarte, recicló la sospecha de que el proceso que se le sigue al exgobernador “está arreglado” y que difícilmente permanecerá por mucho tiempo en la cárcel. En buena parte, esta construcción mediática acerca de lo sucedido se basó en las noticias de dos reporteros: Abel Barajas del Reforma[1] y Arturo Ángel de Animal Político[2]. Su versión de dicha audiencia permeó las notas de diarios y de programas de noticias que cubrieron la citada audiencia. La prensa reportó que durante la audiencia inicial y con sólo 12 preguntas, el exmandatario estatal puso en duda más del 90 por ciento del desvío de 439.6 millones de pesos que se le imputan y que, tras evasivas y titubeos, los fiscales federales sólo pudieron acreditarle depósitos por 38.5 millones de pesos, desviados en 2015 de la Secretaría de Educación de Veracruz.
De ser acusado por montos y cargos menores, estaríamos viendo en Javidú una historia conocida. El sexenio de Peña Nieto se ha caracterizado por llevar a prisión lo que se denomina “peces gordos”: Elba Esther, Duarte, Yarrington en turno, Padrés. Esto es positivo pues ningún otro presidente lo había hecho de manera sistemática. Sin embargo, la mala noticia es que ninguno de los inculpados o encarcelados ha sido acusado por los montos que se sabe defraudaron o robaron. Esposas y demás parientes conservan buena parte de dinero y propiedades. Al salir, no pasarán apuro alguno. Eso, por supuesto, no es justicia. Esto se debe a una de dos: incapacidad de las autoridades o una especie de acuerdo político que huele a modos de mafia. No la “mafia en el poder” de AMLO, quien ya de antemano ha dicho con palabras más encubiertas, que no perseguirá a nadie, es decir, respetará la regla no escrita de: “lo caído, caído”.
En este camino, la sensación dejada por la mala actuación de los fiscales está afectando al gobierno federal, en especial al presidente Peña, para quien una condena sólida a Duarte nacional representa la prueba de fuego para su lucha anticorrupción. Hay otros actores políticos afectados por las pifias de los fiscales: Raúl Cervantes, titular de la PGR, quien tiene aspiraciones para encabezar la Fiscalía General y Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, esto tras la suspensión provisional de dos órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de dicha entidad contra Duarte de Ochoa.
Ciertamente el “caso Duarte” representa al mismo tiempo un gran riesgo y una extraordinaria oportunidad para el jefe del Ejecutivo federal, quien ante la baja popularidad con la que enfrenta el último año de su gestión, requiere cumplir con los compromisos públicos que ha hecho contra la corrupción; un tema que será clave en las campañas electorales del 2018. Por lo cual lo mínimo que necesita el gobierno federal para evitar un daño irreversible es obtener una condena por delitos graves en contra de Javidú. La PGR ha señalado que las imprecisiones cometidas por sus fiscales en la audiencia de Javier Duarte, quien es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, son “irrelevantes en esta etapa del proceso”.
Que les valga.
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