El día de hoy los analistas y periodistas se preguntarán por el alcance de las palabras de Manlio Fabio Beltrones, poderoso presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ayer dijo que el gobernador Javier Duarte está obligado a presentar “cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos”. El dirigente enfatizó el mensaje que ha dado su candidato Héctor Yunes: “Si hay algo que sancionar, estoy seguro que no le temblará la mano”, dijo.
Lo dicho por Beltrones podría significar que el PRI ¿y el gobierno federal? No quieren saber más del gobernador Duarte y sus escándalos y que están dispuestos a obligar al mandatario a abandonar su cargo. No es para menos, Veracruz es uno de los estados más importantes en términos económicos y políticos. Tiene un gran peso en cuanto a votos por lo que el PRI temería perder ese gran caudal en las elecciones de este año y sobre todo pensando ya en 2018. Duarte no vale esa pérdida. En este sentido, podrían tener razón los que suponen un rompimiento del centro con la cabeza del gobierno de Veracruz.
Javier Duarte ya debe muchas, reales o supuestas. Se le acusa de la muerte de periodistas, directa (Rubén Espinosa, agosto de 2105) o indirectamente (Anabel Flores, febrero de 2016), y del ambiente de inseguridad que vive el estado (los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca a manos de la policía municipal). Por supuesto, no se le ha probado nada, pero varios medios, periodistas y las infaltables redes sociales ya lo juzgaron y lo encontraron culpable.
A pesar de esto, la mayor preocupación de Duarte seguramente no pasa por estos acontecimientos, sino por la solicitud de los senadores panistas para que se inicie un proceso de juicio político en su contra por el presunto desvío de recursos públicos. En una petición que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) señalan que, según el Informe de la Cuenta Pública 2014, el daño patrimonial contra Veracruz asciende a más de 15 mil millones de pesos. Esta petición se ha aderezado con otros dos resolutivos: el primero es para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue el presunto desvío de recursos públicos federales de la Cuenta Pública 2014 de Veracruz y, el segundo, es para que se investiguen las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación contra diversos funcionarios y ex servidores públicos del gobierno de Duarte, por su probable participación en el desvío de recursos públicos federales.
Por supuesto, cabe otra interpretación de los dichos de Beltrones. No hay un rompimiento real en sus palabras, sino sólo un llamado (lógico, por lo demás) para que el gobernador Duarte aclare las cosas; un distanciamiento a lo mucho para entronizar a su candidato Yunes, quien ha hecho campaña criticando al gobernador de su propio partido. Por lo demás, cabe preguntarse si la salida de Duarte realmente beneficiaría al PRI en la entidad. Tal vez sea mejor mantenerlo donde está, pero que no estorbe, a sacarlo del juego y esperar una venganza que le puede costar el estado al tricolor.
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