¿Cuánto costará políticamente hablando la Ley de Seguridad Interior?

La lucha por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior ha rebasado al contenido y la intención de la propia norma.

18 de diciembre, 2017

La lucha por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior ha rebasado al contenido y la intención de la propia norma. Se ha convertido en una pugna estratégica, en una medición de fuerzas del PRI y aliados en contra de las oposiciones, pero en el fondo, también en un baile de máscaras en el cual muchos fingen una posición y terminan beneficiando, por omisión, a la posición contraria.

Al parecer, los senadores que apoyan la LSI decidieron una serie de cambios en los textos que mayor controversia despertaron. Así, los cambios estipulan que se deberán garantizar los derechos humanos, no considerar bajo ninguna excepción como amenazas las protestas políticas ni sociales. Los operativos se llevarán a cabo en coordinación con autoridades estatales y municipales y se debe conformar un grupo interinstitucional con representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades civiles. De aprobarse la Ley, “…en un plazo de 180 días entidades y Ayuntamientos donde haya presencia militar deberán publicar un programa de plazos y acciones para dar cumplimiento al modelo de función policial del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuya dictaminación no exceda los 90 días.”

Pero el punto ya no es este. A la oposición ya no le interesan los cambios sino detener la Ley a cualquier costo o, en su defecto, hacerle pagar en un año electoral al PRI y al gobierno federal su osadía. Por su parte, el gobierno y el PRI están empeñados en sacar la norma a como dé lugar. ¿Por qué este empeño? Hay dos razones importantes. La primera, en un año de elecciones se cumple la exigencia de las fuerzas armadas, mismas que no parecen haber tenido tan buena relación con esta administración como la tuvieron en el pasado. Segundo, es una exigencia de los gobernadores de todos los partidos. Con esta complacencia, el gobierno busca acercar a los ejecutivos estatales al candidato Meade.

Es falso que con esta Ley el Ejército y la Marina se conviertan en la guardia de Peña Nieto; igualmente, es falso que se pretenda militarizar el país. Lo cierto es que el número de soldados y marinos, incluso el de policías federales, es muy bajo para este país. Las deserciones en estos cuerpos son altas. Las violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas armadas son ciertas, pero los policías tienen muchas más violaciones en este tema. En realidad, el problema es que los gobernadores y el gobierno federal no han sido capaces de aumentar el número y la capacitación de los cuerpos policíacos. Se recurre, entonces, al expediente fácil que se heredó de Calderón: usar a los verdes.

Cabe preguntarse: ¿por qué no se pudo frenar una Ley que a todas luces representa una derrota al mando civil y reconoce el uso inadecuado de soldados y marinos?

La respuesta es terrible: porque no hubo suficientes protestas ni hubo capacidad de movilización. 400 personas y una presencia modesta en redes sociales no son nada. Ni siquiera fue hoy tema universal de ocho columnas. En Argentina, por ejemplo, se movilizaron miles para frenar una iniciativa que afecta a las jubilaciones. En México el tema no caló. En parte, es posible que todos los partidos estén, en el fondo, de acuerdo con el PRI, aunque digan lo contrario. Dice el Reforma: “Pese a pronunciamientos inéditos de la ONU, el rechazo de académicos y la presión social de activistas en México, el Senado aprobó en lo general y en lo particular modificaciones a la Ley de Seguridad Interior…”, pero toda esta oposición no logró conjuntar a miles de personas fuera de la Cámara de Senadores. Por otro lado, si se les preguntara a la personas si quieren al Ejército en las calles, es muy posible que mayoritariamente dieran una respuesta afirmativa.

Lamentable.

Respondiendo a la pregunta de cuál será el costo para el PRI de esta aprobación, la respuesta es: muy bajo.

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