Al ver la cobertura noticiosa de lo que hace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cabe preguntarse si están siguiendo la estrategia más inteligente para alcanzar sus metas. En primer lugar, hay que tener claro un hecho: los maestros disidentes no están luchando por sus puestos de trabajo, esos están a salvo por ley; están luchando por tener el poder de dar y quitar plazas y controlar los recursos para educación en los estados donde tienen mayor influencia. Este es el meollo del asunto.
Cabe preguntarse si los líderes de la Coordinadora pretenden algo más que amedrentar al gobierno federal. Por supuesto, derrocarlo está más allá de sus posibilidades, pero pueden pretender una de dos: o les regresan el control de recursos y plazas o tratan de montar una provocación que tenga consecuencias funestas, como en Nochixtlán. Para lograr sus fines, los disidentes están recurriendo a mentiras y presiones a los padres de familia. En algunas escuelas, les dicen a los padres que la reforma educativa hará obligatorio un pago para la electricidad y el agua, así como para el material pedagógico. Una mentira flagrante. En otras, amenazan a los padres con no darles papeles de sus hijos si no los apoyan. ¿Qué tan extendidas están estas prácticas? Es difícil saberlo.
La reunión de ayer entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no fue una reunión más. La liga se estira y, desde afuera, pareciera que en cualquier momento se romperá. Luego de la reunión, el subsecretario Luis Miranda habla como cura de pueblo y exhorta a los maestros a que reflexionen y vuelvan a clases. La CNTE contesta que no hubo avances, es decir, el gobierno no aceptó (todavía) abrogar la reforma. Tres hechos fundamentales ayudan a entender el ambiente de tensión que vive el país a causa del conflicto con los maestros disidentes:
– El inicio oficial, el 22 de agosto, del ciclo escolar 2016-2017 no será tal. La CNTE ha amenazado que no dará clases. Hoy por hoy, no parece haber condiciones para empezar las clases en los estados con mayor rezago educativo y que están en manos de los disidentes (Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán);
– La exigencia de la CNTE para que la SEGOB haga una oferta por escrito, en la que se entiende se comprometa a abrogar la reforma educativa.
– Lo dicho por el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) en la entrevista con Joaquín López Dóriga, a quien aseguró que el gobierno “no tendrá reparo alguno” en recurrir la fuerza pública para restaurar el orden de fracasar el diálogo con los maestros opuestos a la reforma educativa y hacer valer el Estado de Derecho.
La pregunta que flota en el aire es cuándo se romperá la frágil tregua dictada por el gobierno federal y no acatada por los disidentes. En las últimas semanas no sólo el gobierno y la CNTE están jalando de esa liga, también la iniciativa privada está tirando de ella. Aseguran que sus pérdidas son mayores que las causadas por los ciclones. También se han incrementado las voces que exigen se ponga un alto a los desmanes de la CNTE. El día de ayer, la prensa publicó la opinión del presidente de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Zuarth, quien exigió poner fin al chantaje y al boicot a la educación, por lo que lanzó un llamado al gobierno federal para replantear la estrategia a fin de desactivar el conflicto magisterial.
Los secretarios Osorio y Nuño pueden hacer todos los malabares que quieran, pero la disidencia está en modo guerrero. No podrán más que optar por una de dos: o abrogan la reforma y empaca Peña Nieto y se va a su casa o bien se usa la fuerza pública y la ley para terminar con la amenaza.
Claro, siempre queda que el gobierno intente comprar a los líderes, pero ahora hay muchos ojos viendo sobre el hombro de Osorio y Miranda como para arriesgarse a una chapucería como esa.
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