CIDH versus gobierno mexicano

El gobierno mexicano que encabeza Enrique Peña Nieto ha llevado una mala relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es muy posible que...

4 de marzo, 2016

Jaime Guerrero Vázquez

El gobierno mexicano que encabeza Enrique Peña Nieto ha llevado una mala relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es muy posible que esto haya influido en el informe presentado ayer por la Comisión, que cimbró al Estado y mereció una respuesta inmediata de la secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Las razones para esta mala relación pueden ser muchas, entre las que cuentan la presencia del mexicano Emilio Álvarez Icaza en la alta jerarquía de la CIDH. Este hombre fue titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF y conoce bien lo que pasa en nuestro país. ¿Ha influido su perspectiva política en su trabajo? Es muy posible que sí. Otra de las razones de esta mala relación reside en los desencuentros entre las instituciones federales de justicia y el Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) por el caso Iguala.

Sobre este caso hay mucho que decir: los expertos no han sido todo lo claros que debieran, han dejado muchas interrogantes y parecen estar más preocupados por la corrección política que por la verdad. Las organizaciones que apoyan el trabajo del GIEI acusan que el gobierno mexicano ha obstaculizado su labor y que filtra información de sus integrantes en una campaña de desprestigio que, por lo demás, es muy débil. Muchos se preguntan, además, por qué la Comisión nunca hizo un informe tan duro con dedicatoria al gobierno panista de Calderón en el momento más fuerte de las muertes y las desapariciones, allá por 2010 y 2011.

Pero más allá de estas reales o supuestas razones para la mala relación entre la CIDH y el gobierno mexicano, la pregunta esencial es si el informe presentado ayer es cierto o no. Los botones de muestra indican que el informe es cierto, al menos en lo sustantivo. Por ejemplo, el documento afirma que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es ‘‘un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”. El comunicado del gobierno asegura que se extrapola este caso para calificar la situación de todo el país. Además de Ayotzinapa se han encontrado más de 70 fosas clandestinas en la zona Iguala-Cocula, Michoacán vivió una verdadera carnicería hace muy poco tiempo, en Tamaulipas se masacró a más de 70 migrantes y tenemos el caso más reciente de Tierra Blanca. Hay más ejemplos, por supuesto, pero lo real es que Ayotzinapa no es un caso aislado de la colusión entre delincuentes y representantes del Estado, sean policías municipales, alcaldes o cualquier otro funcionario o servidor público.

Complementariamente, la CIDH indica que existen graves deficiencias en la investigación de estos casos, lo que lleva a una impunidad muy alta. La impunidad es un hecho que muestran las estadísticas del mismo Estado, pero al menos en Ayotzinapa la gran mayoría de culpables y cómplices han sido llevados a la cárcel. No se puede decir lo mismo de otros casos que no han tenido una exposición mediática tan alta.

Por supuesto, hay mucho más en el informe de la CIDH y casi todo es real. Por falta de espacio no se pueden tratar todos los puntos, pero el gobierno federal haría bien en comprender la magnitud del problema, más allá de las malas intenciones de sus impugnadores. Hay que poner remedio, no buscar un complot.

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