Enmarcada en una huelga de hambre de 43 horas en el Zócalo, el día de hoy se llevará a cabo una reunión entre el presidente Peña Nieto y los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal Raúl Burgos de Ayotzinapa. La reunión viene precedida del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, de la identificación de los restos de otro normalista, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y de las duras palabras de Amnistía Internacional acusando al gobierno federal de encubrimiento.
La herida abierta por Ayotzinapa permanece; el conflicto también. Pero ahora parece haber dos niveles en el asunto: por un lado, en la calle y en algunos medios se insiste en la idea de que el informe del GIEI derribó totalmente la narrativa del gobierno federal y, por lo tanto, este es culpable de lo sucedido. Por otro lado, luego del informe hay varias cosas claras: se hace necesario un nuevo peritaje, que muestre si es posible cremar 43 cuerpos en el basurero de Cocula en los tiempos establecidos por la PGR, en su momento; hay que investigar el quinto autobús y con ello la posibilidad de que Los Rojos hayan penetrado la normal de Ayotzinapa; por último, se ha demostrado que el Ejército y la Policía Federal no intervinieron directamente en la desaparición de los muchachos, pero sabían que algo muy grave estaba ocurriendo y no actuaron. No sabremos nunca si una rápida intervención federal hubiera salvado las vidas, o al menos algunas de ellas, de los 43 muchachos, quienes fueron torturados durante horas.
Los padres reclamarán al presidente Peña aquello de la “verdad histórica”, pedirán nuevas investigaciones y, por supuesto, la presentación con vida de sus muchachos. No sería extraño que pidieran un castigo para los funcionarios que, según ellos, armaron una versión falsa de los hechos. A Peña Nieto no le queda sino admitir que fue un exceso de Murillo Karam aquello de la “verdad histórica” y reconocer que la investigación tuvo muchas y graves deficiencias. Pero hay algo que no puede hacer: no puede ordenar borrón y cuenta nueva. Esto significaría dejar en libertad a los 111 procesados, entre ellos los Abarca, muchos de los cuales son culpables hasta donde las evidencias apuntan. Además, no está en sus manos intervenir así en una investigación abierta. Lo que sí puede hacer es comprometerse a reponer el peritaje del basurero, investigar lo del quinto autobús, ambas cosas ya se están haciendo, y seguir buscando a los muchachos, ante la eventualidad de que, efectivamente, algunos hayan escapado. Por lo demás, sería sano que el presidente Peña Nieto reconociera que los mandos del Ejército y la Policía Federal debieron ser más sensibles a la hora de actuar, para no quedarse como testigos de piedra ante la tragedia que se desenvolvía frente a sus ojos.
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