El día de ayer, durante una gira de trabajo que lo llevó a Iguala, Guerrero, el presidente López Obrador aprovechó un acto de entrega de becas para hablar de los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014, alumnos de la normal de Ayotzinapa. Familiares de José Luis Abarca trataron, no se sabe si con éxito, de entregarle una carta por medio de la cual le piden revise el caso del ex presidente municipal, al que consideran un preso político. Cabe preguntarse si en esta reescritura de la historia que practica la cuarta transformación habrá lugar para que se libere al citado personaje y a su esposa, presos desde noviembre de aquel año.
Una de las cosas más claras de las indagatorias que llevó a cabo el entonces procurador Murillo Karam fue la demostración de las ligas que la pareja Abarca sostenía con grupos del crimen organizado, especialmente con el llamado Guerreros Unidos. Mucho se ha escrito sobre esta relación, pero nadie la ha desmentido. Para el presidente López Obrador debe ser al menos incómodo (tal vez no, dada la reinterpretación que hace de la realidad) que lo liguen con los Abarca. Dos veces fue recibido por ellos en campaña y se dice que donaron recursos para la causa. Inclusive, hay quienes aseguran que el ahora mandatario abogó por Abarca para que fuera candidato.
En este asunto, se sabe que hubo denuncias presentadas contra el matrimonio Abarca-Pineda y ni el gobierno del también perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero ni el de Enrique Peña Nieto hicieran algo en concreto. Tal vez algún día se investigue esta extraña relación y la impunidad con la que hizo y deshizo la pareja en Iguala. Es prácticamente un hecho que Abarca tuvo una gran responsabilidad en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pero el punto es que esto no ha sido probado. Los delitos por los que marido y mujer se encuentran presos son: delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
¿Podrían ser liberados? La respuesta es afirmativa. Tristemente, durante la investigación (es un decir) de los hechos se recurrió a lo que siempre ha hecho la justicia mexicana: tortura, fabricación de evidencias, conclusiones apresuradas, acusaciones que no se sostienen, etc. Las deficiencias en cuanto a personal capacitado en el ramo forense y criminológico salieron a relucir y, de acuerdo a muchos analistas, ya se han liberado personas que claramente están relacionadas con el crimen organizado.
Pero el nuevo gobierno no parece estar realmente interesado en la verdad jurídica de lo que sucedió, sino en culpabilizar a la anterior administración federal. En esa velada serie de acusaciones que a diario practica el presidente y que nunca termina de probar está una veta que lo hace aparecer justiciero y comprometido.
En diciembre pasado, López Obrador firmó un decreto para crear una comisión de la verdad para esclarecer los hechos. En enero 15 se constituyó esa comisión, dirigida por el subsecretario Alejandro Encinas. En enero 23 se reunió esta instancia y llegó a tres acuerdos y un compromiso: tener avances en seis meses. Ya se verá si hay algún indicio de lo sucedido y si los Abarca salen libres. Sería una desgracia esto último.
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