Refiriéndose a la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, relacionada con el robo de hidrocarburos el pasado viernes 18 de enero, Andrés Manuel López Obrador dijo que una de las razones de la tragedia se debe “a que no hay oportunidades para las personas en esas zonas”. Dicho discurso, plagado de victimización, no hace sino relacionar la ordeña con la pobreza y romantizar una decisión individual, argumentando aparentemente, entorno y condiciones.
Lo anterior no sólo es falso sino también, contraproducente.
Los datos disponibles y las revisiones más rigurosas (ejem. correlación significativa de Pobreza y Delincuencia, estudios realizados por la Universidad de Chicago, la UNAM en México, el CIES en Perú, entre muchos otros) demuestran que, a pesar de las condiciones de carencia o marginación, el total de la población que se encuentra en alguno de los deciles socioeconómicos más bajos NO decide optar por la delincuencia como forma de vida. Tampoco lo hace la vasta mayoría.
En sentido opuesto, tampoco existe una correlación negativa con respecto a pertenecer a uno de los estratos más altos y las prácticas u omisiones que infringen con lo dispuesto por la ley. Ni en México ni en ninguna parte del mundo.
A modo de referencia, podemos definir la delincuencia como “el conjunto de acciones u omisiones que implican el quebrantamiento de la ley”.
El delinquir por el contrario y como bien comenzó a perfilarlo Becker en 1986, es un acto de naturaleza ponderada como fenómeno económico: COSTO en contraposición de sus BENEFICIOS, donde la maximización de la UTILIDAD es, como en todo proceso de naturaleza similar, un aspecto fundamental.
Los costos radican en este caso, en múltiples condicionantes: severidad de las penas por el delito en cuestión, la posibilidad o certeza de ser arrestado y sentenciado, etc. Factores en el sistema, también existen varios a considerar: educacionales, demográficos, socioculturales, policiales y penales vigentes, etc.
La educación, casi siempre mencionada en argumentaciones relacionadas, es uno de los factores más interesantes de este sistema. Si bien es cierto que su efecto (años de escolaridad) parece contrarrestar, en cierta medida, la delincuencia al asociarse con mayores expectativas de ingresos por actividades lícitas, incrementando el sueldo o salario que el individuo espera recibir, también actúa en dirección contraria, al dotar de habilidades al individuo y permitirle participar en delitos mayores y de mayor complejidad.
La falta de educación puede asociarse de manera vinculante con algunos delitos, tales como: hurtos y robo con violencia, pero su relevancia es nula en muchos otros, tales como: estafa, narcotráfico y lavado de dinero, que gozan de transversalidad con respecto a los distintos sectores de una sociedad por demás heterogénea.
En nuestro país, los números hablan por sí solos.
Del 2015 al 2018, el número de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional ha pasado de 17,889 a 33,341 acorde con los datos del Gobierno Federal a través de la SESNSP, eso es, un incremento de 86.4%.
En los veintiún días que suma este año, la cifra asciende a más de 3,000.
Hasta el momento de escribir estas líneas, suman ya 89 los individuos fallecidos en Tlahuelipan, involucrados en el robo de hidrocarburos el pasado viernes. La declaración del Gobierno Federal con respecto a este último hecho es inequívocamente errónea y simplista, puesto que ni todos los delincuentes son pobres ni todos los delitos producto de la necesidad.
Aún más relevante: ni la educación (que tiene un impacto positivo en ciertos delitos, pero negativa en otros) ni la moral (al ser algo meramente individual y subjetivo) poseen mayor relevancia en el intrincado comportamiento delincuencial (solitario o grupal, urbano o rural, violento o no, ligado al consumo de estupefacientes, etc.) como tampoco son panaceas que permitan proyectar un futuro promisorio en sí mismas, como lo ha manifestado el Ejecutivo Federal.
La única correlación (real y significativa), la única vía para reducir la creciente inseguridad, así como los índices delictivos, sin importar el delito que se trate (robo en casa habitación, narcotráfico, narcomenudeo, violación, sustracción de combustibles, privación de la libertad, etc.) es aquella existente entre el delito y la aplicación efectiva de la ley: aprehensiones, procesos y sentencias.
El delincuente, rico o pobre, ponderó costos y beneficios y decidió con base en ello. Toca entonces al estado hacer lo suyo. Sin conmiseración, apologías ni síndromes de Robin Hood.
No hay más.
La creación de falsos dilemas, claro está, no identifica ni ayuda en lo más mínimo a resolver o al menos, reducir la problemática, sino que por el contrario, únicamente se cansa de repetir mentiras y hacerlas pasar por dogmas. Todo lo anterior, muy en sintonía con todo lo que hace la Cuarta Transformación.
Nos leemos en dos semanas.
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