Contar con instituciones gubernamentales sólidas, bien cimentadas, es condición para que en cualquier país se pueda generar prosperidad. En el nuestro, algunas instituciones funcionan muy mal pues parecen estar concebidas para enriquecer a los detentadores del poder en turno.
La finalidad última de una "buena institución" es favorecer para que se produzcan empleos bien pagados y todos los beneficios que ello conlleva. Se llama "generar riqueza".
Cuando no existen instituciones concebidas para el garantizar el bien común, en un país tan impune como el que tenemos, el resultado es el que padecemos, los funcionarios se sirven con cuchara sopera: grande. El cielo michoacano, plagado de helicópteros en días pasados lo comprueba una vez más. El asunto del director de la Conagua, David Korenfeld es patético.
Sin duda el Congreso de la Unión juega un importante papel para lograr este objetivo, de allí la importancia que los legisladores sean profesionales, competentes, conocedores y sobre todo independientes, lo cual no se da en la práctica.
He visto en los debates del Congreso que sólo algunos congresistas de la oposición debaten, proponen, pero son "mayoriteados" y se desechan sus propuestas que parecen sensatas. Generalmente los grupos parlamentarios se ciñen a lo que manda "el jefe" y no votan "en conciencia". De allí el deseo —la necesidad— que la Cámara de Diputados que vamos a elegir sea integrada por especialistas comprometidos e intachables. Claro, parece un sueño.
Así, entre las funciones del Congreso —o sea los diputados y senadores— es fundar instituciones, formular y aprobar las leyes adecuadas para que estas muevan a México a un mejor bienestar. En mi opinión hay una resistencia increíble para crearlas como se debe. Al parecer, se pone en juego los negocios que nacen entre funcionarios y empresarios a cambio de moches, acciones, porcentajes, etcétera. Todo esto es generado por los grupos del poder que en vez de gobernar como es debido, pareciera que muchos funcionarios están haciendo planes de negocio personales en vez de legislar por la "prosperidad de la Nación".
De tal manera, es la iniciativa de la nueva Ley de Juegos con Apuesta, atorada en el Senado, que propone la creación de una institución —un Instituto— que supuestamente va a regular y vigilar esta importante actividad económica. La industria del juego con apuesta que tenemos —el juego de azar como se le denomina— nació sin una planeación adecuada pero funciona a toda máquina. Sostengo que para evitar impunidad y corrupción el Instituto del Juego debiera ser completamente autónomo, sus funcionarios no deben ser designados por el Secretario de Gobernación pues el que "designa, manda" y dentro de la Ley debe crearse un organismo —una Comisión— que por su especialidad fomente, vigile y regule toda la actividad hípica del país que es una actividad olvidada que puede crear miles de empleos bien remunerados y generar riqueza.
Actualmente, como están las cosas, a todos los permisionarios —ahora en manos de un poco más de 30 empresas— les importa muy poco que haya una nueva Ley de Juegos pues de todas maneras hacen negocios —en contra de la Ley vigente—. De hecho ni les conviene. ¿Para qué, si así funcionan con la discrecionalidad ancestral?
Muchas de estas empresas las fundaron hombres cercanos al poder; Ramón Aguirre, el ex regente del Distrito Federal; Jorge Hank del cual no se necesita describir su origen y su pedigree; Francisco Escofet Artigas, hermano del ex de la CFE; Olegario Vázquez, hijo del magnate; Armando Bejarano, hijo del ex gobernador de Morelos, en fin… Se dice, comenta y rumora que Manlio Fabio Beltrones Rivera, el actual líder de los Diputados tiene interés en alguna de estas empresas.
Si no se aprueba la nueva Ley de Juegos pronto, que insisto debe ser revisada, la inversión extranjera que se pudiera dar en este sector, no va a invertir sin tener reglas claras. De todos los permisionarios actuales solo la empresa española CODERE es la que juega en la industria a pesar de que el permiso expedido del Hipódromo de las Américas no cumple con las condiciones del mismo. Sin embargo allí está —campante y medio quebrada— disfrutando de un terreno federal de 52 hectáreas sin pagar renta y sin cumplir con el objeto principal de su permiso: ofrecer carreras de caballos de clase mundial. En Panamá la carrera que corren los caballos, de no ganadores, tiene un premio de 8 mil dólares —gracias al apoyo gubernamental que tiene la Industria—. En México es de 2 mil.
Vuelvo a insistir, la iniciativa de la Ley de Juegos con Apuesta aprobada por los diputados, necesita enriquecerse y cambiarse sustancialmente. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica y su presidente Luis Miguel Barbosa Huerta han hecho caso omiso a la petición que hicimos el 11 de diciembre de 2014 y que se puede leer en la siguiente liga (use internet explorer). ¿Qué no están obligados a dar respuesta?
http://www.purasangre.com.mx/PropuestaSenado.pdf
Francamente, ahora el que no entiende, es su servidor.
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