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La Impunidad y el Hipódromo. ¡Gobernación, sí Trabaja…!

El amparo es un recurso judicial que tutela los derechos constitucionales del ciudadano...

2 de julio, 2015

El amparo es un recurso judicial que tutela los derechos constitucionales del ciudadano por actos de autoridad cuando se lesionan sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. En mi caso el derecho al trabajo consagrado en el artículo 5° de nuestra Carta Magna.

La semana pasada presenté ante un juez federal este recurso puesto que la "Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y de Galgos, A.C."; el Órgano Técnico de Consulta de la Dirección de Juegos y Sorteos de la SEGOB y que es la autoridad hípica que vigila y regula las carreras de caballos en el país me ha negado reiteradamente mi licencia de "empleado de asociación" para que pueda desempeñar a plenitud mi trabajo.

A continuación les platico la historia; enjuague que se ha permitido y repetido una y otra vez con diferentes personas que no han tenido la oportunidad de defender sus derechos debido a sus pocos recursos económicos y a esa condición humana que parece que se ha arraigado en el espíritu de muchos mexicanos: la impunidad.

Cuando fui contratado como asesor y apoderado en Agosto de 2011 por la "Unión Mexicana de Propietarios de Caballos de Competencia, A.C.", la única asociación civil de su tipo que agrupa y representa a los caballistas del Hipódromo de las Américas, era fácil suponer que la miopía de los dirigentes de la empresa permisionaria del Hipódromo de las Américas, tarde o temprano actuarían en mi contra. Así han actuado en contra de jinetes, entrenadores, otros caballistas pues junto con el desconocimiento del funcionamiento de "su negocio" ha sido su forma reiterada de actuar. La consecuencia está a la vista, cada vez menos criadores, caballistas y aficionados. El Desierto de las Américas en su máximo esplendor.

Esta asociación se formó en mayo de 2011 por un grupo de caballistas que estaban "hasta la madre" de la situación y mediante acuerdos de asamblea decidieron no inscribir sus caballos hasta que la empresa permisionaria del Hipódromo mejorará las condiciones de los caballistas; básicamente mejores premios y condiciones de igualdad para los participantes pues la autoridad hípica que la empresa creó, no garantizaba —ni garantiza al día de hoy— el principio básico de cualquier competencia: la equidad. Una de las tantas aberraciones que los caballistas siguen soportando en el medio hípico.

Para mi contratación le expliqué a mis "patrones"; seguramente van a tratar de ejercer presión y correr a algunos cuántos; la empresa ya habían dado muestras de ese proceder al "no reconocer" a la antigua Asociación Mexicana de Caballistas, A.C., que agrupaba a todo el gremio, la cual después se encargó de esfumar. Fue al presidente de la Asociación, don Jacobo Nahmad Chayo —que en paz descanse— uno de los caballistas más entusiastas —líder indiscutible— el primero que sufrió las consecuencias; "me cobraron más de 200 mil pesos por la renta de caballerizas", en una junta nos comentó y cuando le reclamó a Sergio Alamán González al simpático director general de la planta hípica el ilegal cobro insolente le contestó: "las vacaciones cuestan don Jacobo…". Así, hubo otras represalias en contra de otros miembros de la Unión.

A pesar de que hubo algunas escisiones en el grupo —a los caballistas no les gustan los pleitos, quieren disfrutar de sus caballos que bastante les cuestan— logramos, a finales del sexenio pasado que los funcionarios de la autoridad reguladora del juego con apuesta en México; la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación sentará a la mesa a la empresa. Hubo acuerdos; un pequeño aumento en los premios (14%); mejores condiciones para el entrenamiento y el cuidado de los caballos: una alberca, una clínica veterinaria y el mantenimiento adecuado de la pista de carreras que era un desastre. No logramos condiciones de equidad para quien hace el espectáculo —los caballistas— pues no conseguimos que la autoridad hípica fuera independiente de la empresa. Continúa la impunidad.

Luego lo ganado se perdió, la empresa redujo el número de carreras ofrecidas reduciendo por tanto el 25% de los premios.

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En ese entonces, los accionistas originales de la permisionaria le vendieron a la empresa española CODERE el 34.5%, que así sumó el 84% y se coinvirtieron en accionistas mayoritarios, pues ya tenía el 49%, cuestión que prohíbe el permiso original. También le otorgaron a la multinacional española una opción para que comprarán la totalidad de las acciones del todo el complejo de "Las Américas" que incluye el Centro de Exposiciones Banamex, la Granja, el Hipódromo mismo y todos los centros de apuesta: 65 permisos para operar casinos. La Joya de la Corona, por decirlo así.

Así, en 2012 firmamos acuerdos, en presencia de los funcionarios de la Dirección de Juegos y Sorteos con la presidente de CODERE México, Beatriz Eugenia Rangel Mantilla, venezolana con la que siempre tuve una buena relación, hasta que el final de su gestión no quiso resolver el asunto de mi licencia, usando el antiquísimo recurso que inventó Pilatos. Ahora el español José Antonio Martínez Sampedro, quién asumió el cargo de Presidente de CODERE México, tras la dimisión de doña Beatriz tampoco se ha interesado mayormente en atender el problema de la hípica; le interesan sólo los casinos pues no se ha dado cuenta que tiene un mina de oro de operar bien el hipódromo.

En marzo reciente presenté, otra vez, una solicitud de licencia como empleado de asociación y para mi sorpresa, el secretario técnico de la Comisión, Marco Antonio Rojas Zepeda respondió que "no es posible extender licencia de ninguna naturaleza porque en 1991 fue expulsado del Hipódromo por querer alterar el buen funcionamiento de las carreras de caballos. El señor Rojas no se informó bien; en 2003, 2004 y 2005 tuve licencia de propietario y entrenador en ese centro hípico y la acusación de 1991 nunca se probó por falsa. Me parece que el infierno, tan temido por los creyentes como profesa este sujeto, lo tiene bien ganado.

Pronto veremos qué resuelve el Poder Judicial, lo que si estoy considerando es acumular otras demandas: dicen mis abogados que el daño moral es viable.

Pero lo más importante es que la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación al parecer escuchó con atención nuestros reclamos. Luis Felipe Cangas Hernández, Alejandra Guerra Juárez, Ernesto Lara Pérez y todo su equipo de colaboradores está tomando las cosas en serio y eso es esperanzador… La Hípica Mexicana merece su rescate.

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