Yo tengo otros datos: la ONU sí beneficia a los pobres

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11 de noviembre, 2021

“Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres” aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador el martes pasado al referirse a la ONU durante el discurso que pronunció ante los representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres.

Esa aseveración no fue bien recibida por los representantes de países y ONGs que cada año contribuyen a diversos programas antipobreza de la ONU, ni por las miles de personas que trabajan en los diversos proyectos y programas de la organización cuyo objeto es aliviar la pobreza, combatir el hambre, erradicar las enfermedades y promover la educación, entre otras cosas.

¿La razón del malestar? Que no es cierto lo que dijo AMLO, quien aparentemente olvidó o ignora que hay varias agencias de la ONU cuyo principal objetivo es combatir la pobreza. Entre ellas:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “presente en unos 170 países y territorios, en los que trabaja para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar la resiliencia. Desempeña un papel clave para ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. En 2020 ejerció un presupuesto de 5600 millones de dólares y ayudó a cientos de millones de personas.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): “trabaja en 190 países y territorios para salvar las vidas de los niños, para defender sus derechos y ayudarles a desarrollar su máximo potencial”. Su presupuesto en 2020 fue de 7219 millones de dólares que utilizó para mejorar la calidad de vida de cientos de millones de niños; 30.5 millones de bebés nacieron en centros de salud que reciben su apoyo.

Programa Mundial de Alimentos (PMA): “es la agencia humanitaria más grande del mundo. Cada año, alimenta a casi 100 millones de personas en unos 88 países a través de distribuciones de comida o efectivo y más. El PMA recibió el Premio Nobel de la Paz en 2020”. El presupuesto que ha ejercido durante 2021 es de 7484 millones de dólares.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que “dirige esfuerzos internacionales en la lucha contra el hambre”. Su presupuesto 2022-2023 es de 3250 millones de dólares.

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que “se ha centrado únicamente en la reducción de la pobreza rural, en trabajar con poblaciones rurales pobres en países en desarrollo con el fin de eliminar la pobreza, el hambre y la malnutrición; en aumentar su productividad y sus ingresos y en mejorar su calidad de vida”. En 2020 ejerció un presupuesto de 7500 millones de dólares para apoyar a 123 millones de agricultores.

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que “es la agencia especializada que promueve el desarrollo industrial y busca reducir la pobreza, la globalización inclusiva y la sostenibilidad del medio ambiente”. En 2021 está apoyando 695 proyectos con un valor total de 1327 millones de dólares.

Y hay otras más, entre ellas, el Banco Mundial.

Sobre la ONU y sus acciones para erradicar la pobreza, los datos que yo tengo son diferentes a los que tiene Andrés Manuel.

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Una de esas leyes es la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que expidió el 19 de mayo de 2004 el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. El objeto de la ley, como se lee en su Artículo 1 es: a) Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico; b) Garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y regular el funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal en su preservación; c) Determinar las acciones para su cumplimento, y; d) La promoción de una cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la difusión del orden normativo de la ciudad además del conocimiento de los derechos y obligaciones de ciudadanos y servidores públicos”. El decreto se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de mayo de 2004 y la ley entró en vigor 60 días después. Desde su expedición la ley ha sido reformada o adicionada 16 veces por la legislatura local, siendo la última el 18 de diciembre de 2014. En su momento muchos criticaron la ley promulgada por quien decía defender a los pobres y al pueblo porque prohibía diversas conductas negativas que, ni antes ni después de que entró en vigor, ningún gobernante de la Ciudad de México o DF ha sido capaz de reducir o eliminar. Un analista de la época dijo que la ley le “dio a los policías armas para extorsionar y sacar de espacios de la ciudad a los más pobres, grafiteros, vendedores ambulantes o artesanos, entre otros". Por ejemplo, una infracción contra la tranquilidad de las personas que es letra muerta es “prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación del infractor solo procederá por queja previa”. Entre estos infractores están los limpiaparabrisas que en la CDMX muchas veces exigen que se les pague por su servicio, a veces con mucha agresividad, aunque no se les haya solicitado el mismo o que expresamente se les dijera “no, gracias”.  Otra acción contra la tranquilidad de las personas que ninguna autoridad combate es “producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de los vecinos”. También es letra muerta cuando uno escucha a un microbusero hacer sonar sus cornetas de aire que pueden dejar sordo a cualquiera. Una infracción contra la seguridad ciudadana es “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos, sin permiso de la autoridad competente”. Se trata de otra disposición que nadie respeta, empezando por la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien con tal de quedar bien con quienes espera que voten por ella en 2024, anunció ayer que no va a prohibir la quema de cohetes olvidando que no le toca a ella prohibir ni autorizar lo que ya está regulado en la Ley de Cultura Cívica que promulgó su jefe y patrón cuando ella era su leal secretaria de Medio Ambiente. De nada sirven las leyes si los gobernantes no las hacen cumplir. 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