Yo perdono, pero sí castigo

La vida me ha enseñado que sale muy caro vivir cargando agravios contra quien de alguna manera me ha ofendido.

28 de julio, 2016

La vida me ha enseñado que sale muy caro vivir cargando agravios contra quien de alguna manera me ha ofendido. Aprendí, a duras penas, que el sentir rencor constante e incontrolado contra otra persona termina por envenenar el alma y distraer a la mente de asuntos verdaderamente importantes y positivos. Desde hace algunos años me quedó claro que las ofensas recibidas hay que perdonarlas, y casi siempre olvidarlas, porque el tiempo que tenemos de vida es muy breve para desperdiciarlo en algo que no produce satisfacción alguna.

La filósofa alemana Hannah Arendt resumió perfectamente mi idea al afirmar que “el perdón es la llave a la acción y libertad”. Es decir, perdonar te deja seguir tu camino libremente, sin ataduras, para perseguir tus metas e ideales.

El mundo sería un mejor lugar si la mayoría de las personas estuviera dispuesta a perdonar a quienes las ofenden pero, desafortunadamente, la realidad es otra y cotidianamente constatamos que el odio y resentimiento que unos sienten contra otros dejan como resultado muerte y destrucción.

Ahora bien, entiendo que muchas personas actúan motivadas por el deseo de cobrarle cuentas a quienes las han agraviado y que les es muy difícil cambiar.

Todo lo anterior viene a cuento porque muchas personas me han manifestado no estar de acuerdo con lo que escribí en mis columnas de los días 16 y 26 de este mes.

En la primera comenté sobre la disculpa que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció por el asunto de la llamada Casa Blanca; en la segunda me referí a un caso de extrema inaptitud del gobierno de la Ciudad de México.




Casi al final de mi columna del 16 escribí que “debemos preguntarnos si la mayoría de los mexicanos aceptará sus disculpas y lo perdonará. El tiempo lo dirá”. Pues no tuve que esperar mucho tiempo, ya que tanto a mi buzón de email como a mis redes sociales los comentarios que recibí tan pronto se publicó la columna me dejaron ver que la mayoría de los mexicanos no aceptaron las disculpas que les ofreció Peña Nieto.

En mi columna del 26 opiné que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, es responsable más no culpable de muchos de los errores y deficiencias que caracterizan a su administración. También de inmediato los comentarios que recibí no dejaron la menor duda de que muchos de mis lectores consideran al gobernante local culpable de todos los males que afectan a la ciudad y sus habitantes.

Es evidente que la mayoría de los mexicanos está muy enojada con sus gobernantes. Que solo el 29% de las personas apruebe la gestión del presidente y un raquítico 17% al del jefe de gobierno es evidencia de lo anterior.

La gente está enojada y la ira que siente hacia ambos gobernantes le impide perdonarlos y menos olvidar los agravios reales o imaginarios que les han asestado. Por eso, en reuniones de amigos y en los comentarios que se leen en redes sociales abundan las burlas, las quejas, los memes y los insultos contra ambos.

Yo, como lo dije líneas de arriba, perdono y no me enojo, lo cual no significa que deje de criticar lo que veo mal y señalar lo que para mí está bien. También propongo soluciones a los problemas que entiendo cabalmente.

Eso sí, cuando llegue el momento de votar, castigaré a los partidos a que pertenezcan aquellos funcionarios que a través de sus acciones u omisiones defraudaron mis expectativas, afectaron mis intereses, dañaron al país, se enriquecieron ilícitamente aprovechándose de su cargo o contribuyeron a empobrecer más a quienes en México vivimos.

Me voy de vacaciones. Regresaré aquí en un par de semanas. Mientras, podrán escucharme de vez en cuando en Grupo Fórmula y leer pequeñas notas en ruizhealytimes.com.

Comentarios
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Por sus actos y palabras, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los legisladores morenistas, petistas, verdes y pesistas han demostrado, demasiadas veces, que no tomaron en serio lo que juraron cuando asumieron sus cargos. El presidente y miembros de su gabinete han expedido decretos y los legisladores afines a la 4T han aprobado leyes que después han sido anulados por alguna instancia del poder Judicial por ir en contra de la Constitución o alguna ley secundaria. Por ejemplo, en febrero pasado la SCJN otorgó la suspensión definitiva contra el decreto del 15 de mayo de 2020 de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por el cual buscaba beneficiar a la CFE al modificar las reglas para que las plantas privadas generadoras de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacional. Este decreto, que muchos calificaron como ilegal apenas se dio a conocer, fue impugnado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Corte determinó que Nahle no puede regular temas de libre competencia y concurrencia en el sector ya que esas atribuciones son de la COFECE. Nahle sabía que su decreto no era legal y aun así ordenó que se publicara en el DOF. Lo peor del caso es que AMLO no aceptó la decisión de la SCJN y aprovechó la ocasión para lanzar una andanada de ataques verbales contra la misma. Lo mismo ocurrió cuando los legisladores de la 4T aprobaron la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a sabiendas de que algunos de sus artículos iban en contra de la Constitución y diversas leyes. La LIE quedó sin efectos luego de que dos jueces de distrito en Materia Administrativa otorgaran decenas de suspensiones definitivas a quejosos que alegaron que dicha ley violaba diversos ordenamientos. De nuevo, AMLO arremetió contra los juzgadores, acusándolos de traición a la patria. Y la semana pasada, la antes mencionada COFECE interpuso una controversia constitucional contra la LIE por “contravenir los principios de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad”. En los días próximos, diputados del PAN, PRD y MC, entre otros, impugnarán un artículo transitorio de la reforma del Poder Judicial recién aprobada por el Congreso: el que amplía por dos años el periodo del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Para estos legisladores y la mayoría de los constitucionalistas que han emitido una opinión al respecto, la SCJN deberá declarar inválido ese transitorio porque viola lo que el Artículo 96 de la Constitución establece claramente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. Al decidir el asunto cada uno de los ministros de la SCJN deberá recordar que al asumir su cargo juró “desempeñar leal y patrióticamente el cargo (…) y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”. 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