10 empresarios y funcionarios asesinados en Zacatecas el 18 de julio no son un episodio aislado. El crimen organizado ya no disputa territorios, disputa municipios enteros.
Entre las víctimas de la matanza había empresarios, funcionarios locales y un expresidente municipal. Después apareció un video atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa que amenazó al gobernador morenista David Monreal con supuestos acuerdos de su gobierno. El gobierno estatal lo negó, pero negar no resuelve la pregunta central: ¿quién controlaba esas actividades antes de que aparecieran los cadáveres?
El patrón no es exclusivo de Zacatecas. El INEGI confirmó en marzo de 2026 que de 2,478 municipios del país, 516, uno de cada cinco, no tiene policías. El personal de las que sí existen cayó 13% entre 2020 y 2024, de 191,845 a 166,091 policías, y solo 62.8% tiene el Certificado Único Policial. ¿Cómo exigir control territorial donde no hay fuerza pública local, y donde la que existe se achica?
En Chiapas fueron detenidos este año 157 policías municipales, agentes viales y mandos de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. En Michoacán, el gobierno estatal contempla desaparecer policías municipales en la Meseta Purépecha tras detener mandos ligados al CJNG. En Veracruz, la fiscalía acusa al alcalde de Ixhuatlán del Sureste de ordenar el secuestro y asesinato de una periodista.
En Jalisco, tras la muerte de El Mencho en Tapalpa el 22 de febrero, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó investigaciones contra policías municipales y estatales por presunta participación con el CJNG. Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador morenista de Michoacán reconoció que esas pesquisas también alcanzan corporaciones locales de su estado.
Cinco estados distintos comparten el mismo mecanismo. La policía capturada se convierte en sensor territorial del crimen. Sabe quién denunció, qué ruta está libre y qué comerciante se resiste a pagar.
Italia enfrentó algo parecido y respondió distinto. Desde 1991, una ley permite al gobierno disolver ayuntamientos infiltrados por la mafia. Solo entre 1998 y 2016 fueron intervenidas 327 municipalidades. México tiene su propio Artículo 115 constitucional, que faculta a los congresos estatales a desaparecer ayuntamientos. Parece no usarse por razones políticas. Cuando un municipio cae aquí, solo queda el ejército o el silencio.
Los gobernadores tienen la primera responsabilidad. Tienen policías, fiscalías y coordinación con los municipios. Si no saben lo que ocurre, fallan. Si lo saben y no actúan, fallan más. A eso se suma la comodidad financiera: evaden el costo político del predial y exigen corporaciones fuertes sin querer financiarlas. La Federación tampoco puede desentenderse cuando hay armas de alto poder, drones o redes interestatales de por medio, pero esa intervención no exime a los estados de gobernar ni de asumir su responsabilidad presupuestal.
La República se debilita desde los municipios, no porque sean el nivel de gobierno más poderoso sino el más expuesto. Ahí se decide quién vende, quién patrulla y quién puede ser candidato. Cuando ese nivel de gobierno cae, el crimen no necesita sustituir al Estado. Le basta imponer miedo y cobrar la renta.
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