Un río fluye sin control y los de la 4T no saben cómo domarlo

Río de Hierro. Así denominan los expertos estadounidenses en tráfico de armas el incontenible flujo de armas de Estados Unidos hacia México. Pistolas, rifles, fusiles, ametralladoras, subametralladoras, granadas, lanzagranadas, cohetes tierra-tierra y tierra-aire, municiones y, según algunos,...

6 de abril, 2021

Río de Hierro. Así denominan los expertos estadounidenses en tráfico de armas el incontenible flujo de armas de Estados Unidos hacia México.

Pistolas, rifles, fusiles, ametralladoras, subametralladoras, granadas, lanzagranadas, cohetes tierra-tierra y tierra-aire, municiones y, según algunos, hasta tanques, entran a nuestro país sin el menor problema, tal como la mayoría de nosotros entramos a nuestras casas.

Este Río de Hierro lleva muchos años fluyendo incontrolable.

Un estudio realizado en 2000 por el centro de investigación The Brookings Institution, de Washington, concluyó que cada día entraban ilegalmente 2000 armas a nuestro país.

En 2007, la empresa sudafricana Riskline estimó que durante la administración de Vicente Fox unas 2000 armas de fuego entraron diariamente a México.

De ser ciertos los cálculos de Brookings y Riskline, desde finales del gobierno de Zedillo entraron ilegalmente 1.4 armas cada minuto. Durante el sexenio de Fox el gobierno incautó 8088 de las 4 380 000 armas que supuestamente entraron en el país, es decir, apenas el 0.18% de todas las armas introducidas ilegalmente en esos 6 años.

En 2010, un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) estimó que solo eran 20 000 las armas que cada año entraban ilegalmente a nuestro país, principalmente desde EEUU, y que entre 2000 y 2010 se triplicó el tráfico de armas hacia México. El mismo estudio estimó que durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón se decomisaron unas 25 000 armas cada año, o sea 5000 más de las que se importaban ilegalmente.

¿A quién creerle la cifra? ¿A Brookings y Riskline o a la UNODC? ¿Cuál es el número de armas que entran anualmente a nuestro país y contribuyen a que el hampa pueda enfrentarse exitosamente contra militares y policías?

Difícil saberlo. Una tercera fuente es el periodista británico Ioan Grillo, quien durante poco más de dos décadas ha investigado y escrito, casi siempre desde el lugar de los hechos, sobre la guerra contra el narcotráfico que se libra en México. Según él, “por lo menos 200 000 armas de fuego cada año cruzan ilegalmente la frontera hacia México”.

Finalmente, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, según lo reportó hace unos días www.contralinea.com.mx, durante los últimos 10 años ingresaron ilegalmente 2.5 millones de armas, es decir, 250 000 cada año.

20 000 parece ser un número demasiado bajo y 730 000 demasiado alto. Supongamos que la realidad está entre los 200 000 y los 250 000.

Hace unos días, el diario Milenio reportó que, de acuerdo con datos que le proporcionó la Fiscalía General de la República, en 2019 se decomisaron 15 305 armas, mientras que en 2020 fueron 6593, lo que significa una caída del 56% de un año a otro.

Si suponemos que cada año entran ilegalmente al país 200 000 armas, tenemos que en 2019 solo se decomisó el 7.0% de ellas y que el año pasado apenas se incautó el 3.3%.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay claras diferencias entre quienes integran su gobierno y quienes conformaron a los gobiernos anteriores al suyo. Sin embargo, en lo que a domar el Río de Hierro se refiere, no hay diferencias y son igual de ineptos.

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El martes pasado, una periodista le preguntó lo siguiente al presidente Andrés Manuel López Obrador: “¿qué es lo que usted considera que algo no ha funcionado en la sociedad mexicana para que, diferenciando la pobreza, la misoginia, algo no está resultando bien para las mujeres?”.

Esta fue parte de su respuesta: “… la falla de origen es el modelo imperante durante mucho tiempo (…) se dejaron de promover principios, valores; se quiso eclipsar todo el sistema de vida inspirado en nuestras culturas, en nuestras grandes civilizaciones, por un sistema materialista, individualista, egoísta (…) la pérdida de valores culturales, morales, espirituales, aparejada a la falta de oportunidades, al empobrecimiento, a la desigualdad (…) nos llevó a una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo (…) entonces hizo crisis”.

En seguida, la misma reportera le preguntó: “¿O el papel que se cree que deben de tener las mujeres dentro de la sociedad?”.

En seguida, la misma reportera le preguntó: “¿O el papel que se cree que deben de tener las mujeres dentro de la sociedad?”.

A lo que AMLO contestó, entre otras cosas: “… eso se tiene en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestras culturas (…) hay que regresar a infundir principios, valores”.

La del martes no fue la primera vez en que el presidente asegura que los mexicanos debemos regresar al “sistema de vida inspirado en nuestras culturas, en nuestras grandes civilizaciones”, refiriéndose a las que hubo hasta 1521 en lo que hoy es México y que de alguna manera aún se manifiestan en muchas comunidades indígenas.

La del martes no fue la primera vez en que el presidente asegura que los mexicanos debemos regresar al “sistema de vida inspirado en nuestras culturas, en nuestras grandes civilizaciones”, refiriéndose a las que hubo hasta 1521 en lo que hoy es México y que de alguna manera aún se manifiestan en muchas comunidades indígenas.

Cada vez que dice eso muestra que tiene una idea muy romántica de lo que fue la realidad de las mujeres en el México prehispánico y la que viven hoy las indígenas, porque la historia y la realidad nos confirman que las mujeres en nuestro país siempre han sido maltratadas, pertenezcan o no a alguno de los que ahora se denominan pueblos originarios.

Pero el pasado dista mucho de ser el que nos pinta AMLO.

La mayoría de los historiadores concuerda en que las mujeres de las distintas culturas y civilizaciones prehispánicas estaban subordinadas a los hombres y que el poder político y económico estaba en manos de estos, tal como ha sido en casi todo el mundo desde los tiempos más remotos. ¿Debemos entender entonces que, para AMLO, los problemas que enfrentan las mujeres se acabarán cuando se subordinen a los hombres y se queden en casa a cargo de las labores domésticas?

La situación de las indígenas de hoy dista también de la que él nos quiere hacer creer. Con base en la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada por el INEGI en 2016, el Instituto Nacional de las Mujeres estimó, en 2020, que “59.5% de las mujeres indígenas de 15 o más años ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida; la violencia emocional afectó al 45.5% (...) la física al 32.6%, la sexual al 29.6% y la violencia económica o patrimonial al 25.8%”.

En los seis años transcurridos desde 2016 aumentaron la pobreza y la violencia y es muy probable que también sea mayor el porcentaje de mujeres violentadas, sean indígenas o no.

Antes de aceptar que su gobierno ha sido incapaz de detener la violencia contra las mujeres, Andrés Manuel insiste en añorar mundos idílicos que nunca existieron y en culpar a sus antecesores por la grave situación.

Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

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Para combatir al hampa, el lavado de dinero y a los evasores fiscales, los gobernantes de los países desarrollados suelen manifestarse a favor de un mayor control sobre el movimiento de los capitales de personas y corporaciones. Es más, les exigen a las naciones subdesarrolladas que adopten leyes estrictas para combatir los delitos financieros.

Sin embargo, si nos atenemos a lo que señala el Índice de Secreto Financiero 2022 (ISF) elaborado y difundido ayer por la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), una ONG británica basada en Londres, la mayoría de esos gobernantes son unos hipócritas porque ocho de los 10 países y territorios que más permiten la secrecía financiera de personas y corporaciones son desarrollados.

En su sitio fsi.taxjustice.net/es/, la Red explica que “El Índice de Secreto Financiero es una clasificación de las jurisdicciones que más favorecen que las personas oculten sus finanzas al Estado de derecho. El secreto financiero hace que el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y que los derechos humanos sean menoscabados. El índice identifica los mayores contribuidores al secreto financiero y destaca las leyes que los gobiernos pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero”.

El ISF 2022 califica a los sistemas financieros y jurídicos de 141 países y territorios “en función a 20 indicadores de opacidad”. Los países y territorios se clasifican por su valor de ISF, que es una medida para saber en qué grado contribuye el gobierno de cada uno de ellos al secreto financiero.

Como lo anoté líneas arriba, son desarrollados ocho de las 10 entidades cuyos gobiernos más contribuyen al secreto financiero. Estos son los 10 (entre paréntesis anoto su valor ISF): Estados Unidos (1,951), Suiza (1,167), Singapur (1,167), Hong Kong (927), Luxemburgo (804), Japón (765), Alemania (681), Emiratos Árabes Unidos (648), Islas Vírgenes Británicas (621) y Guernsey (610).

Las siguientes 10 entidades también son, en su mayoría, desarrolladas: China (578), Países Bajos (556), Reino Unido (547), Islas Caimán (516), Chipre (510), Corea del Sur (499), Taiwán (482), Panamá (474), Jersey (459) y Catar (412).

En el ámbito de América, con un ISF de 139, México aparece en el lugar 82 del índice, debajo de Estados Unidos (1,951), Islas Vírgenes Británicas (621), Islas Caimán (516), Bahamas (385), Canadá (349), Guatemala (265), Bermuda (245), Anguilla (200), Barbados (177), Puerto Rico (176), San Cristóbal y Nieves (168), Venezuela (168), Uruguay (163), Chile (161) y Aruba (159); y arriba de Brasil (135), República Dominicana (126), Islas Vírgenes Estadounidenses (120), Curazao (117), El Salvador (107), Costa Rica (91), Perú (89), Colombia (88), Bolivia (87), Argentina (82), Belice (76), Ecuador (73), Paraguay (72), Turcas y Caicos (59), San Vicente y las Granadinas (53), Antigua y Barbuda (45), Dominica (44), Trinidad y Tobago (39), Granada (36) y Santa Lucía (33).

En lo que a los 20 indicadores de opacidad se refiere, nuestro país obtiene 100 puntos en seis de ellos, 98 puntos en uno, entre 50 y 53 puntos en cinco, 42 puntos en uno, entre 20 y 25 puntos en tres y cero puntos en cuatro. Nuestro gobierno tiene aún mucho por hacer para combatir la opacidad financiera.

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¿Hay que regresar a los valores del México prehispánico?

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