Subió a 33 el número de víctimas fatales de la explosión que el martes destruyó el mercado de productos pirotécnicos de San Pablito, en Tultepec, Estado de México.
Todos los muertos son, a fin de cuentas, víctimas de la irresponsabilidad y la desidia de los funcionarios federales, mexiquenses y tultepequenses que, para variar, no supervisaron adecuadamente el comercio de un producto altamente peligroso. También son culpables de la tragedia los comerciantes en cuyo establecimiento empezó la que terminó siendo una explosión masiva y, por qué no decirlo, los consumidores que demandan cuetes, cohetones, palomas y otros productos hechos con pólvora sin tener la más mínima consciencia del riesgo que representan estos explosivos.
Seguramente que desde ayer ya estudian como zafarse de cualquier responsabilidad todos los burócratas federales, estatales y municipales que por no hacer bien su trabajo permitieron que se dieran las condiciones que causaron la tragedia.
¿Quiénes son estos funcionarios?
En primer lugar, quienes en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) otorgan los permisos para elaborar, almacenar, transportar, vender y quemar artificios pirotécnicos, mediante la expedición de un permiso general y uno extraordinario.
En segundo lugar, en el Gobierno del Estado de México son los que laboran en la Dirección General de Protección Civil Estatal y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMPEI), ambos dependientes de la Secretaría General de Gobierno.
Mención especial merece el director general del IMEPI, Juan Ignacio Rodarte Cordero, quien tan solo hace unos días presumió que el de San Pablito era “el mercado de fuegos de artificios más seguro de Latinoamérica, con puestos perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo”.
En tercer lugar, el gobierno municipal de Tultepec encabezado por el perredista, Armando Portuguez Fuentes, quien desde ayer empezó a negar cualquier responsabilidad de lo ocurrido diciendo que la industria pirotécnica en su municipio “está bajo “supervisión constante” de la SEDENA, olvidándose que “a través de bandos municipales se regula la venta y uso de pirotecnia en los municipios”, como lo informa el IMEPI en su sitio www.impei.gob.mx.
Ahora sabemos que, desde agosto pasado hasta diciembre de este año, los empresarios pirotécnicos de Tultepec planeaban comercializar productos hechos con 100 toneladas de pólvora. Eso es un diablal de pólvora.
Los 33 muertos y las decenas de heridos de Tultepec merecen justicia, como la merecen los desaparecidos de Ayotzinapa y miles de personas más que en México han pagado por la irresponsabilidad de diversos burócratas de bajo, mediano y alto nivel. En lo que a la explosión del martes pasado se refiere, ¿se ocultará también esta vez la verdad de lo ocurrido para proteger los intereses políticos y el supuesto buen nombre de los responsables?
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