Durante la semana pasada se dieron a conocer denuncias contra tres exfuncionarios morenistas de los tres niveles de gobierno. Una de las acusadas era priista cuando supuestamente cometió los delitos que se le imputan.
La denuncia que involucra a un exfuncionario federal ya tuvo consecuencias, porque ayer fue sustituido el director general de SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana), Ignacio Ovalle, por Leonel Cota Montaño, quien hasta ayer fue el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La salida de Ovalle se dio después de que el martes pasado la FGR vinculara a proceso al exdirector de Administración y Finanzas de SEGALMEX, René Gavira, por su presunta responsabilidad en el uso ilícito de recursos públicos. Aparentemente, desde febrero de 2019 hasta junio de 2020 autorizó la compra, utilizando recursos de SEGALMEX, de títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos. Aún no se ha informado en dónde quedaron los intereses de esa inversión.
El caso de Gavira es solo uno de tantos ilícitos que aparentemente se cometieron en SEGALMEX durante la administración de Ovalle y que la FGR investiga, por lo que resulta inexplicable que en vez de ser retirado del servicio público haya sido nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación.
La denuncia en el ámbito estatal corresponde a la que presentó la Fiscalía General de San Luis Potosí contra Mónica Rangel, que de 2015 a 2021 fue secretaria de Salud del gobernador priista Juan Manuel Carreras, cargo al cual renunció el 3 de febrero de 2021 para, después de también renunciar a su militancia priista, ser postulada por MORENA como su candidata a la gubernatura. El 6 de junio de ese año perdió la elección frente al candidato del PVEM, el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Rangel fue arrestada el martes de la semana pasada y vinculada a proceso después de que un juez penal determinara que hay pruebas suficientes sobre su presunta responsabilidad por el uso abusivo de la función pública, asociación delictuosa y fraude específico. En concreto, estaría involucrada en la compra de plaguicidas que no fueron entregados, lo que representaría un daño al erario por unos 22 millones de pesos. Podría pasar 27 años en la cárcel.
Finalmente, el martes de la semana pasada, la presidenta municipal panista de Naucalpan, Estado de México, Angélica Moya, anunció que denunciará penalmente a su antecesora, la morenista y expanista Patricia Durán Reveles y a quien fuera su tesorero, Leopoldo Corona Aguilar, por haber firmado, sin autorización del cabildo, un pagaré por 130 millones de pesos a favor de la sofol Micro Credit. El pagaré se firmó el 4 de noviembre de 2021, faltando solo un mes y días para que Durán dejara el cargo. Debido a que el monto del adeudo no fue cubierto en la fecha establecida se han generado graves problemas a las finanzas municipales, los cuales se complican porque la expresidenta dejó una deuda por más de 3000 millones de pesos.
En caso de que sean juzgados y encontrados culpables, ¿irán a la cárcel? ¿Restituirán al erario el dinero que mal usaron, desviaron o se robaron, intereses incluidos?
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