Tres exfuncionarios morenistas denunciados por corruptos

Durante la semana pasada se dieron a conocer denuncias contra tres exfuncionarios morenistas de los tres niveles de gobierno. Una de las acusadas era priista cuando supuestamente cometió los delitos que se le imputan. La denuncia que...

20 de abril, 2022

Durante la semana pasada se dieron a conocer denuncias contra tres exfuncionarios morenistas de los tres niveles de gobierno. Una de las acusadas era priista cuando supuestamente cometió los delitos que se le imputan.

La denuncia que involucra a un exfuncionario federal ya tuvo consecuencias, porque ayer fue sustituido el director general de SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana), Ignacio Ovalle, por Leonel Cota Montaño, quien hasta ayer fue el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La salida de Ovalle se dio después de que el martes pasado la FGR vinculara a proceso al exdirector de Administración y Finanzas de SEGALMEX, René Gavira, por su presunta responsabilidad en el uso ilícito de recursos públicos. Aparentemente, desde febrero de 2019 hasta junio de 2020 autorizó la compra, utilizando recursos de SEGALMEX, de títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos. Aún no se ha informado en dónde quedaron los intereses de esa inversión.

El caso de Gavira es solo uno de tantos ilícitos que aparentemente se cometieron en SEGALMEX durante la administración de Ovalle y que la FGR investiga, por lo que resulta inexplicable que en vez de ser retirado del servicio público haya sido nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación.

La denuncia en el ámbito estatal corresponde a la que presentó la Fiscalía General de San Luis Potosí contra Mónica Rangel, que de 2015 a 2021 fue secretaria de Salud del gobernador priista Juan Manuel Carreras, cargo al cual renunció el 3 de febrero de 2021 para, después de también renunciar a su militancia priista, ser postulada por MORENA como su candidata a la gubernatura. El 6 de junio de ese año perdió la elección frente al candidato del PVEM, el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Rangel fue arrestada el martes de la semana pasada y vinculada a proceso después de que un juez penal determinara que hay pruebas suficientes sobre su presunta responsabilidad por el uso abusivo de la función pública, asociación delictuosa y fraude específico. En concreto, estaría involucrada en la compra de plaguicidas que no fueron entregados, lo que representaría un daño al erario por unos 22 millones de pesos. Podría pasar 27 años en la cárcel.

Finalmente, el martes de la semana pasada, la presidenta municipal panista de Naucalpan, Estado de México, Angélica Moya, anunció que denunciará penalmente a su antecesora, la morenista y expanista Patricia Durán Reveles y a quien fuera su tesorero, Leopoldo Corona Aguilar, por haber firmado, sin autorización del cabildo, un pagaré por 130 millones de pesos a favor de la sofol Micro Credit. El pagaré se firmó el 4 de noviembre de 2021, faltando solo un mes y días para que Durán dejara el cargo. Debido a que el monto del adeudo no fue cubierto en la fecha establecida se han generado graves problemas a las finanzas municipales, los cuales se complican porque la expresidenta dejó una deuda por más de 3000 millones de pesos.

En caso de que sean juzgados y encontrados culpables, ¿irán a la cárcel? ¿Restituirán al erario el dinero que mal usaron, desviaron o se robaron, intereses incluidos?

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Tal vez resulte innecesario analizar la iniciativa de Reforma Electoral que la semana pasada envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados en vista de que los líderes de los legisladores de los cuatro partidos de oposición –MC, PAN, PRD y PRI– inmediatamente anunciaron que no la aprobarán.

Jorge Romero, Luis Espinosa Cházaro y Rubén Moreira, que son los coordinadores del PAN, PRD y PRI, respectivamente, informaron que presentarán por separado sus propias iniciativas de reforma electoral. Añadieron que los actuales no son los mejores tiempos para discutir la de AMLO si se considera que durante varios días él y morenistas, petistas y verdes de todo el país los calificaron de ser traidores a la patria.

El coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la iniciativa representa una “vulgar provocación” del presidente.

A lo primero que se han opuesto los legisladores oposicionistas es a una de las principales propuestas de la iniciativa, que dice, entre otras cosas: “… transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente…”.

En su iniciativa, Andrés Manuel explica por qué debe transformarse “la institucionalidad electoral”: “En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso de revocación de mandato”.

Lo que escribe AMLO en la iniciativa no podría estar más alejado de la verdad.

Primero, porque ignora el hecho de que varias encuestas muestran que el INE es una institución que goza de la confianza de un porcentaje mayoritario de los mexicanos.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, realizada por el INEGI del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2020 en 25 113 viviendas del país, muestra que el 59.6% de las personas de 15 años o más le tienen mucha o algo de confianza al INE, solo debajo del Ejército y Marina y la Guardia Nacional, en quienes confían el 63.8% y el 60.5% respectivamente.

Es más, el porcentaje que en la encuesta obtiene el INE está por arriba del de la Presidencia de la República (52.5%) y muy por encima de los del Poder Legislativo (23.4% de las personas confía mucho o algo en los senadores y diputados federales y 23.0% en los diputados locales).

Segundo, porque responsabiliza al INE y al TEPJF del fracaso de la revocación de mandato cuando fueron él y los diputados de MORENA, PT y PVEM los que decidieron reducirle drásticamente el presupuesto para este año al INE a sabiendas de que debía realizarse esa consulta.

No todo lo que contiene la iniciativa de AMLO es malo. Es más, hay en ella propuestas muy interesantes y positivas.

Sin embargo, no vale la pena invertir tiempo para comentar lo positivo y negativo de la iniciativa mientras los diputados de la oposición se nieguen a discutirla. Veremos si cambian de opinión, lo cual ahora se ve difícil.

Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

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Para combatir al hampa, el lavado de dinero y a los evasores fiscales, los gobernantes de los países desarrollados suelen manifestarse a favor de un mayor control sobre el movimiento de los capitales de personas y corporaciones. Es más, les exigen a las naciones subdesarrolladas que adopten leyes estrictas para combatir los delitos financieros.

Sin embargo, si nos atenemos a lo que señala el Índice de Secreto Financiero 2022 (ISF) elaborado y difundido ayer por la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), una ONG británica basada en Londres, la mayoría de esos gobernantes son unos hipócritas porque ocho de los 10 países y territorios que más permiten la secrecía financiera de personas y corporaciones son desarrollados.

En su sitio fsi.taxjustice.net/es/, la Red explica que “El Índice de Secreto Financiero es una clasificación de las jurisdicciones que más favorecen que las personas oculten sus finanzas al Estado de derecho. El secreto financiero hace que el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y que los derechos humanos sean menoscabados. El índice identifica los mayores contribuidores al secreto financiero y destaca las leyes que los gobiernos pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero”.

El ISF 2022 califica a los sistemas financieros y jurídicos de 141 países y territorios “en función a 20 indicadores de opacidad”. Los países y territorios se clasifican por su valor de ISF, que es una medida para saber en qué grado contribuye el gobierno de cada uno de ellos al secreto financiero.

Como lo anoté líneas arriba, son desarrollados ocho de las 10 entidades cuyos gobiernos más contribuyen al secreto financiero. Estos son los 10 (entre paréntesis anoto su valor ISF): Estados Unidos (1,951), Suiza (1,167), Singapur (1,167), Hong Kong (927), Luxemburgo (804), Japón (765), Alemania (681), Emiratos Árabes Unidos (648), Islas Vírgenes Británicas (621) y Guernsey (610).

Las siguientes 10 entidades también son, en su mayoría, desarrolladas: China (578), Países Bajos (556), Reino Unido (547), Islas Caimán (516), Chipre (510), Corea del Sur (499), Taiwán (482), Panamá (474), Jersey (459) y Catar (412).

En el ámbito de América, con un ISF de 139, México aparece en el lugar 82 del índice, debajo de Estados Unidos (1,951), Islas Vírgenes Británicas (621), Islas Caimán (516), Bahamas (385), Canadá (349), Guatemala (265), Bermuda (245), Anguilla (200), Barbados (177), Puerto Rico (176), San Cristóbal y Nieves (168), Venezuela (168), Uruguay (163), Chile (161) y Aruba (159); y arriba de Brasil (135), República Dominicana (126), Islas Vírgenes Estadounidenses (120), Curazao (117), El Salvador (107), Costa Rica (91), Perú (89), Colombia (88), Bolivia (87), Argentina (82), Belice (76), Ecuador (73), Paraguay (72), Turcas y Caicos (59), San Vicente y las Granadinas (53), Antigua y Barbuda (45), Dominica (44), Trinidad y Tobago (39), Granada (36) y Santa Lucía (33).

En lo que a los 20 indicadores de opacidad se refiere, nuestro país obtiene 100 puntos en seis de ellos, 98 puntos en uno, entre 50 y 53 puntos en cinco, 42 puntos en uno, entre 20 y 25 puntos en tres y cero puntos en cuatro. Nuestro gobierno tiene aún mucho por hacer para combatir la opacidad financiera.

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