Senadores de MORENA anteponen sus intereses políticos a los derechos humanos

9431 solicitudes de intervención por una supuesta violación de derechos humanos recibió en 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) acumuló el 31.1% de las quejas, seguida por la...

27 de enero, 2022

9431 solicitudes de intervención por una supuesta violación de derechos humanos recibió en 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) acumuló el 31.1% de las quejas, seguida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el 25.3%. Es decir que los organismos encargados de proteger y procurarle justicia a los veracruzanos recibieron el 56.4% de las quejas; 2933 contra la FGJ y 2386 contra la SSP.

Lo anterior significa que tal vez en el estado que gobierna el morenista Cuitláhuac García haya una política no escrita que autorice a ambas dependencias a actuar sin tomar en cuenta los derechos humanos de las personas o que el gobernador no tenga idea de lo que sucede.

Un caso reciente de esa violación de los derechos humanos es el de seis jóvenes que pasaron cuatro meses en la cárcel después de ser detenidos arbitrariamente por policías corruptos que los acusaron del delito de ultrajes a la autoridad, el cual conlleva prisión oficiosa.

Este caso fue denunciado en diciembre pasado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (JUCOPO) y coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal. García se refirió así apenas conoció la denuncia: “Él tendrá su opinión y sin ningún problema. Este no es un caso como en el pasado donde se violaban los derechos, sobre todo el de las víctimas. Aquí se cumple la ley, actuamos apegados a derecho”.

Aparentemente, Cuitláhuac estaba equivocado porque la CNDH tomó el caso y luego de estudiarlo concluyó que los jóvenes efectivamente fueron arrestados sin razón y acusados sin fundamentos de un delito que el congreso estatal añadió al Código Penal de Veracruz por propuesta del mismo gobernador con el fin de reprimir a quienes protesten contra su gobierno.

Los jóvenes fueron liberados el 18 de diciembre.

A García aparentemente no le gustó que lo exhibiera el senador, porque días después, el 23 de diciembre, el secretario técnico de la JUCOPO, José Manuel del Río Virgen, fue detenido en Veracruz, acusado de ser cómplice del asesinato, el 4 de junio pasado, de un candidato de MC a una presidencia municipal.

Ese mismo día, en el Senado se creó una comisión especial para investigar las violaciones a los derechos humanos en Veracruz y hasta la fecha se han documentado más de 84 casos en donde no se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia.

Sin embargo, la existencia de la comisión especial está en riesgo porque 29 senadores morenistas calificados como radicales se pronunciaron contra la misma y, de paso, contra la investigación de las violaciones de derechos humanos en Veracruz. Estos legisladores, alineados o realineados de último momento con la jefa de Gobierno de la CDMX y su aliado Cuitláhuac García, decidieron mandar al diablo a los veracruzanos con tal de proteger al gobernador y a su evidente candidata a la Presidencia de la República.

Es lamentable que senadores como César Cravioto (el que en una época vendió una leche contaminada con materiales fecales) y Malú Micher (autoproclamada feminista y excatólica conservadora fundadora de las Comunidades Eclesiales de Base de León, Guanajuato) antepongan sus intereses políticos a los derechos humanos de más de ocho millones de veracruzanos.

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Para combatir al hampa, el lavado de dinero y a los evasores fiscales, los gobernantes de los países desarrollados suelen manifestarse a favor de un mayor control sobre el movimiento de los capitales de personas y corporaciones. Es más, les exigen a las naciones subdesarrolladas que adopten leyes estrictas para combatir los delitos financieros.

Sin embargo, si nos atenemos a lo que señala el Índice de Secreto Financiero 2022 (ISF) elaborado y difundido ayer por la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), una ONG británica basada en Londres, la mayoría de esos gobernantes son unos hipócritas porque ocho de los 10 países y territorios que más permiten la secrecía financiera de personas y corporaciones son desarrollados.

En su sitio fsi.taxjustice.net/es/, la Red explica que “El Índice de Secreto Financiero es una clasificación de las jurisdicciones que más favorecen que las personas oculten sus finanzas al Estado de derecho. El secreto financiero hace que el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y que los derechos humanos sean menoscabados. El índice identifica los mayores contribuidores al secreto financiero y destaca las leyes que los gobiernos pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero”.

El ISF 2022 califica a los sistemas financieros y jurídicos de 141 países y territorios “en función a 20 indicadores de opacidad”. Los países y territorios se clasifican por su valor de ISF, que es una medida para saber en qué grado contribuye el gobierno de cada uno de ellos al secreto financiero.

Como lo anoté líneas arriba, son desarrollados ocho de las 10 entidades cuyos gobiernos más contribuyen al secreto financiero. Estos son los 10 (entre paréntesis anoto su valor ISF): Estados Unidos (1,951), Suiza (1,167), Singapur (1,167), Hong Kong (927), Luxemburgo (804), Japón (765), Alemania (681), Emiratos Árabes Unidos (648), Islas Vírgenes Británicas (621) y Guernsey (610).

Las siguientes 10 entidades también son, en su mayoría, desarrolladas: China (578), Países Bajos (556), Reino Unido (547), Islas Caimán (516), Chipre (510), Corea del Sur (499), Taiwán (482), Panamá (474), Jersey (459) y Catar (412).

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En lo que a los 20 indicadores de opacidad se refiere, nuestro país obtiene 100 puntos en seis de ellos, 98 puntos en uno, entre 50 y 53 puntos en cinco, 42 puntos en uno, entre 20 y 25 puntos en tres y cero puntos en cuatro. Nuestro gobierno tiene aún mucho por hacer para combatir la opacidad financiera.

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