Se dice, se comenta y se rumora

Nos guste o no, en México la justicia no se aplica ciegamente cuando es política o económicamente poderoso aquel...

23 de septiembre, 2016

Nos guste o no, en México la justicia no se aplica ciegamente cuando es política o económicamente poderoso aquel que es sujeto a un proceso judicial. En este tipo de caso, como ocurre en muchos otros países, la justicia se negocia con el fin de que el poderoso, si es declarado culpable de haber cometido algún delito, reciba la pena más leve.

Se dice, se comenta y se rumora que desde hace varias semanas los dirigentes del PAN, PRD y PRI negocian con representantes del gobierno federal la forma en que la justicia se aplicará en los casos de los aún gobernadores priístas de Chihuahua (César Duarte), Quintana Roo (Roberto Borge) y Veracruz (Javier Duarte), del ex gobernador panista de Sonora (Guillermo Padrés) y del gobernador electo panperredista de Veracruz (Miguel Ángel Yunes).

De los primeros cuatro se dice, se comenta y se rumora que son unos pillos que no solo endeudaron groseramente a sus estados sino que aprovechándose de sus cargos hicieron negocios ilícitos que los convirtieron en hombres muy, pero muy ricos. Del quinto de ellos, desde hace tiempo se ha dicho que al abrigo del poder se convirtió desde hace ya mucho tiempo en multimillonario en dólares.

También se dice, se comenta y se rumora que Roberto Borge, quien dejará de ser gobernador el domingo entrante, podría ser detenido ese mismo día por agentes del a Policía Federal Ministerial y presentado ante un juez para declarar en calidad de indiciado en torno a diversas acusaciones en su contra, entre ellas la de desvío de recursos públicos.

Y, como todo se negocia, el arresto de Borge podría llevarse a cabo horas antes de la aprehensión de Guillermo Padrés, quien ha sido acusado de cometer innumerables ilícitos durante su gobierno, sexenio en que aparentemente se sirvió con la cuchara grande.

O sea, PAN y PRI-Gobierno negociarían como aplicar la justicia a un priista y a un panista.




Pero, aparentemente, la cosa no quedaría ahí, ya que se dice, se comenta y se rumora que el 30 de noviembre venidero, día en que concluye el sexenio del veracruzano Javier Duarte, las autoridades judiciales actuarían tanto en contra del gobernador saliente como del entrante, Miguel Ángel Yunes. La aprehensión del segundo obedecería a una orden de aprehensión girada por un juez antes de que asumiera el cargo y adquiriera el fuero protector que los políticos mexicanos inventaron para protegerse de la ley. El arresto del primero sería apenas concluyera su mandato constitucional.

De suceder lo anterior, se seguiría lo que señala el Artículo 46 de la Constitución del Estado de Veracruz: “Si al iniciar el período constitucional no se presentare el Gobernador electo o la elección no estuviere hecha o declarada válida, cesará en sus funciones el Gobernador cuyo período haya concluido, encargándose desde luego del Poder Ejecutivo; en calidad de Gobernador interino, a quien designe el Congreso, y éste convocará de inmediato a elecciones extraordinarias, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor de doce meses a partir del inicio del período constitucional”.

O sea, como en los casos de Borge y Padrés, en Veracruz el PAN-PRD y el PRI-Gobierno negociarían como aplicar la justicia a un priista y a un panista.

De resultar cierto lo que se dice, se comenta y se rumora en la Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, tanto el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como los tres principales partidos políticos lanzarían una clara señal que, aunque negociada, la justicia se aplicará contra estos cuatro individuos que representan, de ser cierto lo que de ellos se ha escrito y dicho, lo peor de la clase política mexicana. Que llegó a su fin la era de la impunidad.

Bueno, más bien que casi llegó a su fin, porque por ahí faltaría llamar a cuentas a muchos otros funcionarios y ex funcionarios que son sospechosos de ser unos ladrones.

¿Resultará ser cierto lo que con insistencia se dice, se comenta y se rumora estos días?

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Pasaron los días y llegó el sábado 3, cuando en redes sociales se vio un video de una enfermera que simuló vacunar a un adulto mayor en el centro de vacunación instalado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Ese mismo día, por medio de un comunicado conjunto, el gobierno de la CDMX y el IMSS informaron que “Este hecho fue reportado por un familiar acompañante del adulto mayor, a quienes se les ofreció una disculpa y se procedió a aplicar la vacuna de manera correcta, sin mayores complicaciones en presencia de su familia, que a su vez atestiguó el procedimiento e informó en sus redes sociales que se corrigió la situación”. El incidente no debería haber trascendido pero los familiares subieron el video a las redes, en donde se viralizó. El lunes, al hablar del incidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador complico más el asunto al sugerir que la escena podría a ver sido montada por sus adversarios “porque son capaces de todo”. Se le hizo raro que la escena fuera grabada, dejando ver que no está enterado que miles de personas se han fotografiado o videograbado al momento de ser vacunados. El hecho de que dijera que el asunto podría haber sido un montaje empeoró el asunto y, no satisfecho con armarla, ayer de nuevo dijo que “sólo hay dos explicaciones: que en efecto hubo un error o un montaje, que no lo descarto por la difusión tan grande”. Desde entonces han aparecido otros videos en donde quienes los difunden aseguran que muestran más vacunaciones simuladas. Parece que al presidente, impedido legalmente de hablar de política en sus conferencias, le ganaron sus ansias de pelear y creó una tormenta en un vaso de agua. 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