¿Por qué renegó AMLO de una promesa que hizo pública y reiteradamente?

En su conferencia de prensa del 14 de enero pasado, alguien le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador: “¿Se tiene contemplado que en esta etapa se vacunen también los médicos particulares que atienden a pacientes con...

13 de abril, 2021

En su conferencia de prensa del 14 de enero pasado, alguien le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador: “¿Se tiene contemplado que en esta etapa se vacunen también los médicos particulares que atienden a pacientes con COVID-19?”.

AMLO respondió: “Sí se van a vacunar a todos los médicos y enfermeras y trabajadores de hospitales públicos y privados que atienden COVID. Se está en comunicación con los hospitales privados para tener padrones…”.

Acto seguido, su subsecretario confirmó lo dicho por su jefe y aseguró que “aquí no se distingue, por razones epidemiológicas, a privados y públicos…”.

Luego, el subsecretario dijo algo que debería haberle causado vergüenza: “…el doctor Alcocer, yo y los directores de las instituciones de seguridad social y muchos otros que no estamos en el campo clínico, no estamos sujetos a ese nivel de riesgo, por lo tanto, no tenemos por qué ser vacunados…”. Así, aceptó que burócratas como él, que no atienden enfermos, son ajenos al sufrimiento de éstos y no realizan el sacrificio del personal de salud que sí los tratan. Además, no corren el más mínimo riesgo de ser infectados por un paciente asintomático o no, y, tal vez, morir, como les ha sucedido a tantos médicos de los sectores público y privado.

El tema surgió nuevamente en la conferencia del 19 de enero. Ese día, al referirse al arribo al país de un número importante de vacunas, AMLO dijo: “… lo que llega hoy sigue siendo para el personal médico. Ya se va a incluir a médicos de hospitales privados que atienden COVID (…) a partir de este envío empiezan a ser vacunados”.

Después, el subsecretario dijo no tener los datos cuando le preguntaron cuántos médicos particulares recibirían la vacuna.




El 21 de enero, lo primero que mencionó AMLO al iniciar su conferencia fue: “Ya se está incluyendo a hospitales privados (…) a trabajadores de hospitales privados COVID. Vamos a presentar un video de cómo se está vacunado ya a estos médicos, enfermeras…”. En el video se dice que fueron vacunadas 4000 personas y se ve cómo son inyectadas. Tres de ellas, dos médicos residentes y un técnico radiólogo, supuestamente del hospital Médica Sur, le agradecen al presidente por la vacuna.

Han pasado casi cuatro meses desde entonces y los médicos privados exigen que el gobierno cumpla la promesa que les hizo Andrés Manuel.

El viernes pasado, durante su conferencia, el presidente les contestó: “Que quede muy claro (…): la vacuna se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados (…) Que nos esperen”. Con sus palabras dio a entender que deberán esperar hasta que les toque según su edad.

¿Qué sucedió entre el 14 de enero y el viernes pasado para que Andrés Manuel decidiera renegar de sus promesas y que le dejara de importar que miles de médicos particulares enfermen y hasta mueran después de ser contagiados de COVID?

¿Olvidó que muchos de estos médicos votaron por él y que al sentir que los traicionó influirán en sus pacientes para que no voten por MORENA el 6 de junio?

Amnistía Internacional informó a principios de marzo que México, después de Estados Unidos, registra la mayor cantidad de personal de salud que ha muerto de COVID (3507 allá, 3371 aquí). Con su decisión, AMLO está contribuyendo a que nuestro país pronto logre el funesto primer lugar.

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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. 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