Ni todos son felices ni vamos bien

“Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados...

13 de abril, 2022

“Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Lo anterior es parte del informe de su visita a México que ayer presentó en Ginebra (Suiza) el Comité de Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), el organismo de expertos independientes que supervisa la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2006. Hasta febrero pasado, 98 países la habían firmado y 67 la habían ratificado, México entre ellos.

No es agradable leer el informe porque describe la terrible situación que viven los cientos de miles de personas que sufren el dolor, la angustia de no poder encontrar a un ser querido y el desorden gubernamental para atenderlos y resolver el problema, pese a los esfuerzos que el gobierno federal realiza, tal como lo reconoce el CED, los que desafortunadamente se quedan muchas veces en buenas intenciones porque no se les invierten amplios recursos económicos, tecnológicos materiales ni humanos.

Algunos de los párrafos del informe que a todos nos deben impresionar e indignar:

“Al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95 121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité [del 15 al 26 de noviembre de 2021].

“Entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98 % tuvo lugar en dicho período. Estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ (…) durante el que se puso en práctica una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública, que se mantuvo e incluso se ha agudizado en los siguientes sexenios…

“El Comité considera de particular preocupación la victimización específica de las mujeres que, en la mayoría de los casos, quedan a cargo de su familia y afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos…

“No menos preocupante es la situación de los defensores de derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos…

“Al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.

“A ello se suma la actitud, pasiva muchas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas”.

La realidad que describe el Informe del CED no es la de un país en el que todos son felices y en donde vamos bien, que es al que se refiere con frecuencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni todos son felices ni vamos bien.

El informe está en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2531&Lang=en

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Para combatir al hampa, el lavado de dinero y a los evasores fiscales, los gobernantes de los países desarrollados suelen manifestarse a favor de un mayor control sobre el movimiento de los capitales de personas y corporaciones. Es más, les exigen a las naciones subdesarrolladas que adopten leyes estrictas para combatir los delitos financieros.

Sin embargo, si nos atenemos a lo que señala el Índice de Secreto Financiero 2022 (ISF) elaborado y difundido ayer por la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), una ONG británica basada en Londres, la mayoría de esos gobernantes son unos hipócritas porque ocho de los 10 países y territorios que más permiten la secrecía financiera de personas y corporaciones son desarrollados.

En su sitio fsi.taxjustice.net/es/, la Red explica que “El Índice de Secreto Financiero es una clasificación de las jurisdicciones que más favorecen que las personas oculten sus finanzas al Estado de derecho. El secreto financiero hace que el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y que los derechos humanos sean menoscabados. El índice identifica los mayores contribuidores al secreto financiero y destaca las leyes que los gobiernos pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero”.

El ISF 2022 califica a los sistemas financieros y jurídicos de 141 países y territorios “en función a 20 indicadores de opacidad”. Los países y territorios se clasifican por su valor de ISF, que es una medida para saber en qué grado contribuye el gobierno de cada uno de ellos al secreto financiero.

Como lo anoté líneas arriba, son desarrollados ocho de las 10 entidades cuyos gobiernos más contribuyen al secreto financiero. Estos son los 10 (entre paréntesis anoto su valor ISF): Estados Unidos (1,951), Suiza (1,167), Singapur (1,167), Hong Kong (927), Luxemburgo (804), Japón (765), Alemania (681), Emiratos Árabes Unidos (648), Islas Vírgenes Británicas (621) y Guernsey (610).

Las siguientes 10 entidades también son, en su mayoría, desarrolladas: China (578), Países Bajos (556), Reino Unido (547), Islas Caimán (516), Chipre (510), Corea del Sur (499), Taiwán (482), Panamá (474), Jersey (459) y Catar (412).

En el ámbito de América, con un ISF de 139, México aparece en el lugar 82 del índice, debajo de Estados Unidos (1,951), Islas Vírgenes Británicas (621), Islas Caimán (516), Bahamas (385), Canadá (349), Guatemala (265), Bermuda (245), Anguilla (200), Barbados (177), Puerto Rico (176), San Cristóbal y Nieves (168), Venezuela (168), Uruguay (163), Chile (161) y Aruba (159); y arriba de Brasil (135), República Dominicana (126), Islas Vírgenes Estadounidenses (120), Curazao (117), El Salvador (107), Costa Rica (91), Perú (89), Colombia (88), Bolivia (87), Argentina (82), Belice (76), Ecuador (73), Paraguay (72), Turcas y Caicos (59), San Vicente y las Granadinas (53), Antigua y Barbuda (45), Dominica (44), Trinidad y Tobago (39), Granada (36) y Santa Lucía (33).

En lo que a los 20 indicadores de opacidad se refiere, nuestro país obtiene 100 puntos en seis de ellos, 98 puntos en uno, entre 50 y 53 puntos en cinco, 42 puntos en uno, entre 20 y 25 puntos en tres y cero puntos en cuatro. Nuestro gobierno tiene aún mucho por hacer para combatir la opacidad financiera.

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Tal vez resulte innecesario analizar la iniciativa de Reforma Electoral que la semana pasada envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados en vista de que los líderes de los legisladores de los cuatro partidos de oposición –MC, PAN, PRD y PRI– inmediatamente anunciaron que no la aprobarán.

Jorge Romero, Luis Espinosa Cházaro y Rubén Moreira, que son los coordinadores del PAN, PRD y PRI, respectivamente, informaron que presentarán por separado sus propias iniciativas de reforma electoral. Añadieron que los actuales no son los mejores tiempos para discutir la de AMLO si se considera que durante varios días él y morenistas, petistas y verdes de todo el país los calificaron de ser traidores a la patria.

El coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la iniciativa representa una “vulgar provocación” del presidente.

A lo primero que se han opuesto los legisladores oposicionistas es a una de las principales propuestas de la iniciativa, que dice, entre otras cosas: “… transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente…”.

En su iniciativa, Andrés Manuel explica por qué debe transformarse “la institucionalidad electoral”: “En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso de revocación de mandato”.

Lo que escribe AMLO en la iniciativa no podría estar más alejado de la verdad.

Primero, porque ignora el hecho de que varias encuestas muestran que el INE es una institución que goza de la confianza de un porcentaje mayoritario de los mexicanos.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, realizada por el INEGI del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2020 en 25 113 viviendas del país, muestra que el 59.6% de las personas de 15 años o más le tienen mucha o algo de confianza al INE, solo debajo del Ejército y Marina y la Guardia Nacional, en quienes confían el 63.8% y el 60.5% respectivamente.

Es más, el porcentaje que en la encuesta obtiene el INE está por arriba del de la Presidencia de la República (52.5%) y muy por encima de los del Poder Legislativo (23.4% de las personas confía mucho o algo en los senadores y diputados federales y 23.0% en los diputados locales).

Segundo, porque responsabiliza al INE y al TEPJF del fracaso de la revocación de mandato cuando fueron él y los diputados de MORENA, PT y PVEM los que decidieron reducirle drásticamente el presupuesto para este año al INE a sabiendas de que debía realizarse esa consulta.

No todo lo que contiene la iniciativa de AMLO es malo. Es más, hay en ella propuestas muy interesantes y positivas.

Sin embargo, no vale la pena invertir tiempo para comentar lo positivo y negativo de la iniciativa mientras los diputados de la oposición se nieguen a discutirla. Veremos si cambian de opinión, lo cual ahora se ve difícil.

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