Millones de mexicanos trabajamos duro para poder pagar los bienes y servicios que necesitamos y, también, si podemos, uno que u otro lujo. También tratamos de ahorrar algo para poder vivir, desahogadamente si nos es posible, los pocos o muchos años que vivamos después de que dejemos de trabajar y percibir ingresos, sean nuestros retiros voluntarios o involuntarios.
La mayoría de los mexicanos son obligados a enviar a sus hijos a escuelas y universidades que generalmente no los preparan ni los prepararán para enfrentar las realidades del mundo laboral del siglo 21. También, porque no les queda otra alternativa tienen que utilizar los pésimos servicios que en casi todos sus centros de salud, clínicas y hospitales ofrecen el IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y los gobiernos federal, estatales y municipales.
Como resultado de la paranoia recaudatoria de nuestros gobernantes, cada vez más mexicanos pagamos uno o varios impuestos: ISR, IVA, IEPS para determinados productos y servicios, predial, diversos derechos por servicios, como el agua, contribuciones al IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, a alguna AFORE. En fin, hay personas que pagan entre el 40% y 45% de sus ingresos al fisco y otras dependencias gubernamentales o paraestatales.
Porque la vida es dura y nuestra clase política se ha encargado de hacérnosla más dura pese a quitarnos cada vez más de nuestro dinero honradamente ganado, resulta altamente ofensivo enterarnos de la manera en que muchos funcionarios, sin importar su filiación partidista o ideología, se han enriquecido gracias a los cargos públicos que han desempeñado.
Por ejemplo, en su edición de esta semana la revista Proceso denuncia los supuestos negocios inmobiliarios que han hecho el ex jefe de gobierno de la CDMX y hoy senador, Miguel Ángel Mancera, y sus dos más cercanos colaboradores y amigos, Julio César y Luis Ernesto Serna. De acuerdo con el semanario, los tres son propietarios de bienes inmobiliarios cuyo valor supera los 130 millones de pesos, “sin incluir cuentas bancarias, autos o joyas…”. De ser cierto lo que afirma Proceso, Mancera y los Serna solo pudieron hacerse tan ricos abusando de los cargos que han desempeñado.
Otro ejemplo, ayer se difundió por el periódico Reforma que “El saqueo a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) durante las gestiones de Rosario Robles, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, no terminó en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios. De mil 900 millones de pesos del erario asignados por esas secretarías, más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.
Casos de funcionarios supuestamente corruptos como los mencionados arriba abundan en el país y no pueden quedar impunes. Deben ser investigados totalmente. La clase política a ofendido a los mexicanos y saqueado al país y para ella no puede haber ni perdón ni olvido.
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