Nada ni nadie está por encima de la Constitución: Aguilar

Durante su conferencia de prensa de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que “tenemos que poner por delante la justicia. Siempre lo he dicho, cuando hay que optar entre el derecho o la justicia, tiene...

25 de septiembre, 2020

Durante su conferencia de prensa de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que “tenemos que poner por delante la justicia. Siempre lo he dicho, cuando hay que optar entre el derecho o la justicia, tiene que prevalecer la justicia (…) Hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia (…) no se puede nada por la normatividad”.

Para él, las leyes, códigos, reglamentos y demás normas que emanan de la Constitución están debajo de lo que él o cualquier persona defina, muy subjetivamente, como justicia.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre el derecho y la justicia?

Derecho se define como “el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia” (Pereznieto Castro, Leonel y Ledesma Mondragón, Abel. Introducción al estudio de Derecho. 2ª Edición. Editorial Harla. México. 1992).

Según el Diccionario Jurídico Elemental (Cabanellas, Guillermo. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2005), justicia es, entre otras cosas, el “supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo (…) Recto proceder conforme a derecho y razón (…) Equidad…”.

Con base en estas definiciones, la justicia y el derecho están íntimamente ligadas y la primera no puede darse sin la segunda. Es más, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, derecho significa “justicia, razón”.

Al tomar posesión de su cargo, Andrés Manuel juró, de acuerdo al Artículo 87 de la Constitución, “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”. Por eso cometerá un delito cada vez que decida ignorar lo que denomina “una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia”.

Curiosamente, cuando también ayer se le preguntó sobre el  proyecto del ministro Luis María Aguilar, que propone al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la consulta popular por él solicitada para investigar y en su caso juzgar por diversos delitos a los expresidentes, dijo que espera que los 11 ministros “actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio” y luego añadió: “…que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo”.

Aquí nuevamente se equivoca porque nada en la Constitución señala que un ministro o ministra de la SCJN deba tomar en cuenta “el sentimiento del pueblo” al emitir una sentencia. Al igual que el presidente, al asumir su cargo, el juzgador protesta “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen” y no adivinar los sentimientos de quienes conformamos el pueblo de México.

Si Andrés Manuel no está de acuerdo con ciertas leyes, que someta al Congreso iniciativas para reformarlas, derogarlas o sustituirlas. Pero que las cumpla y haga cumplir, como se comprometió a hacerlo el 1 de diciembre de 2018.

Recordemos, como lo ha dicho varias veces el ministro Aguilar, que “nada ni nadie está por encima de la Constitución”, ni los sentimientos del pueblo ni la lealtad a ciegas al proyecto de transformación que AMLO les exige a sus colaboradores.

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Había llegado unos días antes a la CDMX al frente de un grupo de perredistas tabasqueños que marcharon los casi 830 kilómetros que hay entre ésta y Villahermosa para protestar por el supuesto fraude electoral que contra él cometieron las autoridades de Tabasco a favor del priista Roberto Madrazo en las elecciones para elegir gobernador realizadas el 20 de noviembre de 1994. Esas elecciones culminaron en un fraude más, similar a los que perpetraron los priistas durante los años en que su partido tuvo el control casi monopólico de los cargos públicos del país. De acuerdo a Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti, quienes entonces eran consejeros del IFE, hubo irregularidades en el 78% de las casillas. La denominada Caravana por la Democracia le permitió vincularse con el entonces secretario de Gobernación y hoy embajador en Washington, Esteban Moctezuma, quien fracasó en su intento de negociar la renuncia de Madrazo, y con el entonces secretario general del Gobierno del DF, el hoy secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, quien por órdenes de quien era su jefe, Manuel Camacho, le proporcionó a Andrés Manuel y a sus acompañantes diversos apoyos, entre ellos económicos. La Caravana no fue la primera marcha que encabezó AMLO. Tres años antes, siendo presidente estatal del PRD, estuvo al frente de la que denominó Éxodo por la Democracia, la cual también partió de Villahermosa, el 25 de noviembre de 1991, hacia la CDMX para protestar por diversos fraudes cometidos por el PRI contra candidatos perredistas en las elecciones municipales realizadas ese mismo mes. La marcha llegó al Zócalo de la CDMX el 11 de enero de 1992 y 40 000 personas escucharon su discurso. 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Al respecto, ayer en su conferencia de prensa dijo que la próxima podría ser su última marcha al decir “puede ser la última, no puedo decir que es la última, porque no sabemos qué depare el destino”. Transcurrirán 674 días desde el domingo 27 hasta el último día de su gobierno y AMLO dice que la próxima marcha puede ser la última “porque no sabemos qué depare el destino”. Es una respuesta fatalista para quien ha demostrado ser un optimista incorregible. ¿Será que sabe algo que no nos quiere decir sobre su estado de salud, algo que no apareció en los Guacamaya Leaks? Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy Sitio: ruizhealytimes.com" ["post_title"]=> string(50) "La del domingo, ¿será la última marcha de AMLO?" 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