Miles escapan de la violencia que hay en México y Centroamérica

Día tras día, miles de mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños abandonan y emprenden un peligroso viaje hacia Estados Unidos con la esperanza de poder radicarse ahí y hacer realidad para ellos el “sueño americano”. La mayoría busca...

19 de abril, 2021

Día tras día, miles de mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños abandonan y emprenden un peligroso viaje hacia Estados Unidos con la esperanza de poder radicarse ahí y hacer realidad para ellos el “sueño americano”.

La mayoría busca escapar de la miseria de sus comunidades, la que nunca han podido o querido reducir sus gobernantes corruptos. También huye de la violencia y la inseguridad que se ha apoderado de vastas zonas de sus países.

No es casualidad que 42 de las 50 ciudades del mundo con las más altas tasas de homicidio sean latinoamericanas y se localicen en donde el hampa opera con una casi total impunidad.

De las 42, 17 están en Brasil, 12 en México, cinco en Venezuela, tres en Colombia y dos en Honduras. Las cuatro restantes se localizan en El Salvador, Guatemala, Honduras y Jamaica.

Por cuestión de distancias, a México raramente llegan quienes emigran de Sudamérica. De Venezuela muchos se han ido a Colombia y Brasil mientras que la emigración de brasileños es relativamente baja.

Las tasas de homicidio que se registran en las 12 ciudades mexicanas son escandalosas y no han sido materia de mayor análisis en los medios de comunicación durante los casi 15 meses que la pandemia de COVID-19 ha matado a cientos de miles en nuestro país.




De acuerdo con el sitio worldpopulationreview.com, dentro de la lista de las 50 ciudades con las más altas tasas, las mexicanas ocupan los siguientes lugares (la tasa se anota entre paréntesis):: 1. Los Cabos (111.3); 3. Acapulco (107.0); 5. Tijuana (84.8); 5. La Paz (84.8);  8. Ciudad Victoria (83.3); 12. Culiacán (70.1); 20. Ciudad Juárez (56.2); 29. Chihuahua (49.5); 31. Ciudad Obregón (49.1); 36. Tepic (47.1); 38. Reynosa: 43. Mazatlán (39.3).

De Honduras, San Pedro Sula está en el lugar 26 (51.2) y Tegucigalpa el 35 (48.0), mientras que la salvadoreña San Salvador está en el 17 (59.1) y la guatemalteca Guatemala en el 24 (53.5).

Ahora bien, las tasas de homicidio solo muestran que tantas personas son asesinadas por cada 100 000 personas, pero no indican como los habitantes de un lugar perciben a la criminalidad que los rodea.

Estos datos están en www.numbeo.com, que desde 2009 recopila estadísticas diversas, entre ellos las delincuenciales.

Su Índice de Criminalidad mide la percepción que las personas tienen en torno al cambio en el nivel de criminalidad en los últimos tres años‎, su sensación de seguridad caminando de día‎ y de noche‎, su preocupación de ser asaltados, de que les roben sus coches, o que los agredan física o verbalmente debido al color de su piel, origen étnico, sexo o religión, su percepción del tráfico y consumo de drogas, de los delitos contra la propiedad y de los crímenes violentos.

‎Para Numbeo, los niveles de criminalidad menores a 20 son muy bajos, entre 20 y 40 son bajos, entre 40 y 60 son moderados, entre 60 y 80 son altos y superiores a 80 son muy altos.‎

En este índice México y los tres países centroamericanos obtienen este puntaje: Honduras (74.78), El Salvador (68.82), Guatemala (58.15), México (55.0).

La gente escapa de la violencia y la pobreza y en estos cuatro países ambas abundan y tienden a agravarse.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

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La ley había sido aprobada el 14 de mayo anterior, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República. En la Cámara Baja, de los 454 diputados presentes, 381 votaron a favor, 62 en contra, y 11 se abstuvieron. Votaron a favor 204 priistas, 99 panistas, 45 perredistas y 25 verdes. En contra estuvieron 35 perredistas, 16 de MC y 11 petistas. Se abstuvieron siete del PRD, dos del PAN, uno del PRI y otro de MC. En el Senado, de los 120 legisladores presentes, votaron a favor 113 y siete en contra. Votaron a favor 52 priistas, 36 panistas, 17 perredistas, seis verdes, un petista y un independiente; en contra, cuatro petistas y tres perredistas. Es decir, la LGIPE fue aprobada por el 84% de los diputados y el 94% de los senadores, incluidos los de todos los partidos entonces representados en el Congreso. Todos ellos ganaron sus cargos en la elección federal realizada el 1 de julio de 2012. La Constitución en su Artículo 39 señala que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste...”. Y el Artículo 41 no deja duda alguna cuando anota que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión (…)”, siendo dichos poderes los que se anotan en el 49: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Es decir que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, y no solo por el jefe del Poder Ejecutivo, como aparentemente lo cree Andrés Manuel López Obrador, quien ayer, olvidando el cargo que desempeña, arremetió en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo que ese órgano no representa al pueblo, a pesar de que la Constitución diga que por medio de  los tres poderes “el pueblo ejerce su soberanía”. Para AMLO, hicieron mal los magistrados que votaron para negarle sus candidaturas a los morenistas que querían gobernar Guerrero y Michoacán, y atentaron contra la democracia por acatar lo que mandata la LGIPE que fue aprobada por el Poder Legislativo, por medio del cual también “el pueblo ejerce su soberanía”. También criticó la existencia de organismos autónomos que en su momento fueron creados por el Poder Legislativo. En su conferencia de prensa de ayer, Andrés Manuel actuó como si fuera el jefe de los tres poderes, lo que no es. Entiendo que los morenistas y sus paleros en el Congreso lo acepten como su jefe, después de todo es el verdadero mandamás de MORENA, pero hasta ahí llega su control porque no manda sobre los legisladores de la oposición. AMLO también cree que puede mandar sobre el Poder Judicial, como lo constata su afán de prolongar por dos años más el periodo para el cual fue electo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 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