La semana pasada Donald Trump dijo que el 1 de febrero impondrá aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas. El martes de esta semana, su secretaria de Prensa confirmó que, efectivamente, ese día entrarán en vigor dichos aranceles. Mañana puede alterarse el destino de México.
Trump utiliza los aranceles como una herramienta para fortalecer su base electoral en EEUU, culpando a México de diversos problemas de su país, sean reales como el consumo de drogas y los miles de muertos por sobredosis, o ficticios, como decir que los migrantes indocumentados privan de empleos a los ciudadanos.
De cumplir con su amenaza, el presidente estadounidense podría desencadenar una crisis económica, social y política sin precedentes en nuestro país, que depende profundamente de sus exportaciones a EEUU, que representan más del 25% de su PIB. Sectores clave como el automotriz, la manufactura y la agricultura serían los más afectados. Se calcula la pérdida de más de un millón de empleos, incluidos 500,000 en la industria automotriz. La inflación podría aumentar hasta en 2.3 puntos porcentuales y el peso sufrir una depreciación severa, lo que encarecería alimentos, medicamentos y muchos otros bienes.
Aunque sectores como el turismo podrían beneficiarse por un peso depreciado, esto sería insuficiente para contrarrestar los daños infligidos al resto de la economía.
El impacto en el empleo sería catastrófico. La desaparición de puestos formales empujaría a miles de trabajadores a la economía informal, donde no hay prestaciones ni seguridad laboral. Además, regiones altamente industrializadas como Nuevo León y Guanajuato enfrentarían el golpe más fuerte, con cierres de fábricas y reducción de inversiones extranjeras.
La pobreza, que había comenzado a disminuir, volvería a niveles alarmantes. Muchas familias tendrían dificultades para cubrir necesidades básicas, especialmente si el flujo de remesas, vital para millones, se ve afectado por las deportaciones de miles de mexicanos indocumentados.
A esto se suma un grave riesgo: la inseguridad. Los jóvenes desempleados, sin opciones laborales, serían presas fáciles del crimen organizado. Esto aumentaría la violencia en muchos lugares, agravando aún más una situación que ya es difícil.
En el ámbito político, las consecuencias serían severas. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrentaría críticas por su manejo de la crisis, con la oposición aprovechando para culparla por la falta de estrategias efectivas. Protestas y descontento social podrían debilitar al gobierno y polarizar aún más al país.
Los mexicanos debemos esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor, porque si el país no encuentra formas de mitigar esta crisis, el descontento social y la desesperación podrían detonar protestas, mayor migración y un deterioro en la gobernabilidad.
Los aranceles del 25% son una bomba de tiempo que puede detonar problemas económicos, sociales y políticos de largo alcance. Mientras Trump juega con su retórica nacionalista, nosotros enfrentamos la posibilidad de una recesión, una crisis social y el deterioro de nuestras instituciones. México no puede improvisar. Tanto el gobierno como líderes del sector privado dicen estar preparados para enfrentar esta situación. Esperemos que así sea.
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