Los Mexicles: una muestra del fracaso de los gobiernos de México

Durante el primer semestre de este año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se denunciaron 1 069 669 delitos de toda índole. Pero esta cifra es falsa si consideramos que,...

15 de agosto, 2022

Durante el primer semestre de este año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se denunciaron 1 069 669 delitos de toda índole.

Pero esta cifra es falsa si consideramos que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 que el INEGI realizó en marzo y abril de 2021, “En 93.3% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación, lo que se denomina cifra negra”.

Con base en esta cifra negra, el número de delitos denunciados en el periodo enero-junio de este año representa solo el 6.7% del total de los 15 965 164 delitos que en realidad se cometieron.

Este número corrobora lo que todos sabemos: vivimos en un país en donde la constante es el crimen y si bien muy pocos estamos en riesgo de morir asesinados o ser secuestrados, muchos sí seremos, tarde o temprano, víctimas de delincuentes que cometen sus fechorías con una impunidad casi absoluta.

Lo peor de todo es que, además de saberlo, nos hemos acostumbrado a esta realidad y, querámoslo o no, aceptamos como inevitables esos altos niveles de delincuencia.

Una realidad que ha ido de mal en peor en los últimos 16 años, desde que en diciembre de 2006 Felipe Calderón le declaró la guerra a la delincuencia, hasta ahora, cuando faltan solo 25 meses y medio para que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los violentos eventos y asesinatos que ocurrieron la semana pasada en diversos lugares del país, sobre todo en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, demuestran y confirman que la estrategia anticriminal hasta ahora aplicada por AMLO no ha dado los resultados esperados y obligan a que uno se pregunte si las reuniones cotidianas de su gabinete de seguridad han servido de algo, además de privar del sueño a quienes en ellas participan.

Una banda criminal que muchos no conocían se hizo célebre la semana pasada, la de Los Mexicles, fundada en 1987. De acuerdo con Wikipedia, es un grupo criminal “conformado por deportados o descendientes de mexicanos en Estados Unidos… brazo armado del cártel de Sinaloa, en la frontera con los Estados Unidos… se dedica al asesinato, extorsión, operaciones de narcotráfico (tanto dentro como fuera de prisión), halconeo, secuestro y robo a vehículos”.

En los últimos 35 años no han podido acabar con Los Mexicles siete presidentes de la República, siete secretarios de la Defensa Nacional, ocho secretarios de la Marina, 18 procuradores o fiscales generales de la República, nueve secretarios de Seguridad Pública federal, siete gobernadores de Chihuahua, 17 presidentes municipales de Ciudad Juárez (ocho del PRI, seis del PAN, uno de MORENA, uno de MC y uno independiente) y todas las policías federales, estatales y municipales que desde 1987 supuestamente los combatieron.

La existencia de Los Mexicles (y otras bandas similares) es una muestra más del fracaso de los gobiernos de México en su lucha contra la delincuencia.

El gobierno de AMLO terminará en 2024 y todos los que pretendan sucederlo en el cargo deberían, antes que otra cosa, ser capaces de explicarnos que harán para disminuirá la violencia e inseguridad.

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Quienes conforman la SCJN discutieron la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que automáticamente ordena el encarcelamiento de quienes son acusados de alguno de los siguientes delitos señalados en el Párrafo 2 del Artículo 19 de la Constitución: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. El proyecto de Aguilar concluyó que es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad. Parte de la discusión se centró en si la SCJN tiene o no la facultad de declarar inválido un artículo de la Constitución, como el 19. Los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez opinaron que la SCJN no tiene dicha facultad. Esquivel opinó que “los motivos para instituir la prisión preventiva oficiosa por parte del Constituyente Permanente no pueden ser cuestionados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero, porque, conforme al principio de división de poderes, las Ministras y Ministros no somos responsables de redactar o de reformar la Constitución (…) lo prudente sería que el Constituyente Permanente revise el listado de los delitos que activan esta medida cautelar”. 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