Donald Trump inició su gobierno con una ofensiva masiva contra la inmigración ilegal, comenzando con la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales, estimados entre 400,000 y 500,000. El jueves pasado, 538 de ellos fueron arrestados y cientos más deportados en aviones militares, en lo que su gobierno calificó como “la mayor operación de deportación masiva de la historia”.
La expulsión de criminales busca reforzar la seguridad pública, pero la de indocumentados que respetan la ley golpeará a las comunidades y familias afectadas, generará graves problemas políticos y desestabilizará sectores clave de la economía que dependen profundamente de ellos.
La mayoría de los 11 millones de indocumentados (entre 4.5 y 5 millones de ellos mexicanos) realiza tareas críticas en sectores que los ciudadanos y migrantes legales tienden a evitar. Estas son los que resultarán más afectados por las deportaciones: agricultura (41.2% de mano de obra indocumentada), procesamiento de carne y aves (30%-50%), colocación de techos (36%), instalación de paneles de yeso (36%), pintura en edificaciones (31%), jardinería (21%), manufactura textil y de ropa (20%), cuidado infantil (20%), servicios de limpieza y mantenimiento (19%), servicios de lavandería y tintorería (18%), producción y procesamiento de alimentos (16%), construcción (13.7%), hotelería y restaurantes (7.1%) y cuidado personal y asistencia en salud en el hogar (6.9%).
En Washington se rumora que se ha diseñado un plan en tres fases: primero serán deportados los indocumentados de las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Seattle; luego, los que viven en ciudades medianas como Filadelfia, Phoenix, Las Vegas, Miami, Denver, Detroit, Milwaukee, Atlanta, Orlando y Minneapolis; y finalmente, los que radican en áreas rurales y ciudades pequeñas como Portland, Salt Lake City, Albuquerque, Charlotte, Nashville, Columbus, Indianápolis, Kansas City, Omaha y Boise. Este enfoque busca limitar el impacto inmediato en los lugares donde dominan los republicanos y afectar principalmente a los gobernados por los demócratas.
Implementar esta estrategia no será fácil. Habrá conflictos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales demócratas. La separación de familias y las violaciones de derechos humanos generarán protestas en muchas ciudades. Además, se prevé una pérdida del 1.4% del PIB en el primer año y hasta un 2.6% a largo plazo, con pérdidas acumuladas de 4.7 billones de dólares en 10 años, sumadas a costos de implementación cercanos a $88 mil millones anuales. Debido a esta contracción económica, el gobierno federal podría perder casi $900,000 millones en ingresos fiscales en ese mismo periodo.
Habrá que ver cuál será la reacción de los estadounidenses cuando sientan el encarecimiento de la mano de obra y el aumento de precios en numerosos productos y servicios.
Resolver el problema de la migración ilegal requiere más que deportaciones: exige un enfoque que aborde las causas que orillan a la gente a migrar, valore las contribuciones de los migrantes y ofrezca soluciones sostenibles a largo plazo. El plan de Trump aumentará la polarización en un país que depende, aunque lo niegue, de la labor silenciosa de millones de migrantes.
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