La presentación del Paquete de Ingresos 2026 por los titulares de la Secretaría de Hacienda y del SAT en la mañanera del viernes pasado buscó transmitir confianza: no habrá nuevos impuestos ni aumentos de tasas, se reforzará la fiscalización y la digitalización, y se mantendrá el principio del “humanismo mexicano”. En el papel, las cifras parecen alentadoras: un incremento real de 6.3% en los ingresos y una recaudación histórica equivalente al 15.1% del PIB. Pero detrás del optimismo oficial permanece un problema estructural que ningún gobierno ha querido enfrentar: México recauda muy poco.
El informe del SAT sobre los ingresos federales de 2025 muestra que los recursos totales ascendieron a 5.95 billones de pesos, 4.3% más que en 2024. La recaudación tributaria creció 3.3% y los ingresos no tributarios 16.8%, con un cumplimiento del 77.8% de la meta anual a septiembre. Aunque las cifras son positivas, la estrategia se apoyó más en el control y la sanción —como la incorporación de los “factureros” al catálogo de delitos graves y el endurecimiento en la verificación del RFC y la firma electrónica— que en medidas de expansión económica.
En contraste, la Ley de Ingresos 2026 propone una política más amplia: 8.72 billones de pesos en ingresos totales, 6.3% más en términos reales, con los tributarios representando 15.1% del PIB. Hacienda mantiene el discurso de no crear nuevos gravámenes y basa su proyección en tres ejes: simplificación digital, combate a la evasión y estímulos fiscales. El plan incluye deducciones adicionales del 25% para capacitación e innovación, deducción inmediata del 100% de activos fijos y facilidades para PYMES con ingresos hasta 300 millones de pesos. Además, el Plan México busca canalizar parte de la recaudación a programas sociales, infraestructura, salud y educación.
En síntesis, el SAT apuesta al control, mientras Hacienda busca incentivar la formalidad. Ambos comparten una meta ambiciosa, pero el problema de fondo persiste: con una recaudación equivalente al 15.1% del PIB, México sigue recaudando menos que el promedio latinoamericano (20%) y muy por debajo de la OCDE (30%). Con ingresos limitados, el Estado mexicano difícilmente puede sostener su gasto social, financiar infraestructura o mejorar servicios públicos.
La solución no está en subir impuestos, sino en reformar el sistema con inteligencia y visión de largo plazo. En 2026, el primer paso debería centrarse en ampliar la base tributaria. La informalidad, que afecta al 54% de la población ocupada, puede reducirse si el SAT convierte el Régimen Simplificado en una vía real de integración, con retenciones automáticas, facturas QR para microcomercios y coordinación con el IMSS y el INFONAVIT.
El discurso de continuidad de Hacienda y el SAT es insuficiente. México necesita una reforma fiscal que recaude más sin castigar al que menos tiene y que gaste mejor para ofrecer resultados tangibles. Solo así podrá dejar atrás su dependencia de ingresos inestables y avanzar hacia un Estado moderno, fuerte y justo.
Para que no quede en promesas, se requiere un calendario con responsables, metas y evaluación pública: 2026, ampliar base con herramientas digitales; 2027, IVA con devolución bimestral focalizada; 2028, ISR.
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