Los senadores morenistas elegirán el viernes de esta semana a quien a partir del 1 de septiembre presidirá la mesa directiva del Senado de la República. Y será una mujer.
Son cuatro las aspirantes a ocupar el cargo: Imelda Castro, Bertha Caraveo, Ana Lilia Rivera y Marybel Villegas.
Las responsabilidades de quien preside la mesa directiva del Senado están señaladas en los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso General, y entre ellas destacan: presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de los asuntos; conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas, así como la diplomacia parlamentaria; presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara para su remisión al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno; dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deben recaer en aquellos con que se dé cuenta a la Cámara; conducir los debates y aplicar el Reglamento correspondiente; firmar, junto con uno de los secretarios de la Cámara, y en su caso con el Presidente y un secretario de la Colegisladora, las leyes y decretos que expidan la Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión.
¿Cuál de las cuatro aspirantes sería la mejor presidenta?
La sinaloense Castro, de 52 años, es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestra en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. De 1989 a 2017 militó en el PRD y desde 2017 pertenece a MORENA. Ha sido dos veces diputada local en Sinaloa (2001-2004 y 2013-2016) y desde 2020 es vicepresidenta de la mesa directiva del Senado.
La chihuahuense Caraveo, de 67 años, es psicóloga con maestría en Planeación y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde fue maestra e investigadora de 1990 a 2015. Milita en MORENA desde 2012. Es presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migración del Senado y antes de 2018 no había ocupado cargo público alguno.
La tlaxcalteca Rivera, de 48 años, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. De 2000 a 2014 militó en el PRD y a partir de 2014 pertenece a MORENA. Preside la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.
Villegas, nacida en la Ciudad de México pero residente de Quintana Roo, de 45 años, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha sido dos veces diputada local. La primera por el PRD (2005-2008); la segunda por el PRI (2013-2015). Ha militado en los cuatro principales partidos: PRD (2005-2008), PAN (2008-2013), PRI (2013-2017) y MORENA (desde 2017).
Mis fuentes me aseguran que las que más probabilidades tienen de obtener la presidencia son Castro, por su amplia experiencia legislativa, y Rivera, porque demostró capacidad al frente de la Primera Comisión de la Comisión Permanente. Opinan que Caraveo es inexperta en asuntos parlamentarios, mientras que Villegas es una oportunista que carece de ideología política.
Twitter: @ruizhealy
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El problema que enfrenta el presidente es que la Constitución es muy clara sobre estos asuntos.
En lo que a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se refiere, el Artículo 41 señala que “El consejero Presidente y los consejeros electorales (…) Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados…”.
Refiriéndose al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Artículo 94 anota que “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral…”.
El Artículo 99 señala que “el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales (…) La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años (…) Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación…”.
En lo que atañe a la conformación del Congreso, la Constitución fija precisamente el número de sus integrantes.
El Artículo 52 dice que “La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales”.
Mientras que el Artículo 56 anota que “La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría (…) Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional…”.
Con base en lo anterior, ¿qué nueva ley o reforma a la ley electoral podría proponer Andrés Manuel que, sin violar la Constitución, permita la elección popular de consejeros y magistrados electorales y la reducción en el número de legisladores?
Lo que proponga, en caso de que lo aprueben los diputados y senadores morenistas y sus satélites será inviable porque finalmente será declarado como violatorio de la Constitución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después, AMLO dirá, otra vez, que la SCJN y los legisladores de la oposición están en contra del pueblo.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
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string(3646) "El evento masivo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador organizó en la Ciudad de México supuestamente por motivo de su decimosexto informe de gobierno en lo que va de su administración y el cuarto y último de este 2022, me hizo recordar a actos similares que el PRI llevó a cabo durante sus años de máximo poder y esplendor, cuando todo el aparato político y gubernamental del país se movilizaba para lograr que en el Zócalo de la capital del país se congregaran decenas de miles de personas con un solo objetivo: escuchar lo que les decía el presidente de la república en turno y aplaudirle una y otra vez para festejar los logros, reales o no, de su gobierno.
El evento de ayer probablemente logró reunir a más personas en la CDMX que los que se realizaron durante los sexenios de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.
No dudo que miles de personas acudieron voluntariamente a la marcha que se originó en la glorieta del Ángel de la Independencia y finalizó en el Zócalo. Tampoco dudo que otras miles fueron obligadas a asistir después de ser amenazadas de alguna forma u otra por sus jefes en alguna entidad gubernamental o por sus líderes en alguna organización social o sindical. Y que miles más recibieron algún tipo de gratificación, monetaria o en especie, por participar. No olvidemos que el acarreo mediante la intimidación o el soborno es una práctica que los priistas perfeccionaron al paso de los años, práctica que no les resulta extraña ni inmoral a todos los expriistas que hoy son prominentes morenistas, empezando por el propio AMLO.
Nunca sabremos cuántas de esas decenas de miles de personas participaron voluntariamente o fueron obligadas a hacerlo, como tampoco conoceremos el origen y monto del dinero que se destinó para rentar cientos o miles de autobuses que los transportaron, las banderas y pancartas que portaron, las camisetas y cachuchas que les regalaron o las tortas y refrescos que consumieron.
Si hasta la fecha nadie ha podido aclarar el origen del dinero que gastan los candidatos de todos los partidos para financiar sus campañas políticas, es menos probable que se aclare algún día de donde salieron los recursos con que se financió el evento de ayer, en donde la única estrella fue Andrés Manuel.
Durante 97 minutos, desde las 15 hasta aproximadamente las 16:37 horas, AMLO reseñó los logros de su gobierno mencionando números y porcentajes, algunos no del todo exactos, como en su momento lo hicieron todos sus antecesores. Y, como ellos, presumiendo que lo hecho por él sobrepasa lo que hicieron los gobernantes del pasado.
Ahora bien, lo más importante de lo que ocurrió ayer no fue el largo informe de gobierno sino la marcha encabezada por Andrés Manuel y la concentración en el Zócalo que mostraron su poder y capacidad para convocar a decenas de miles de personas a eventos multitudinarios, algo que sus adversarios no podrían lograr aunque tuvieran los recursos que ayer se destinaron para promover la asistencia voluntaria o involuntaria de miles de hombres y mujeres.
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