La oposición debería proponer alternativas de solución

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12 de septiembre, 2022 La oposición debería proponer alternativas de solución

Las dirigencias nacionales del PAN y PRD emitieron ayer una declaración conjunta para manifestar su oposición a: 1)  las reformas de diversas leyes recientemente aprobadas por el Congreso que le otorgaron a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, violando así lo que ordena el Artículo 21 Constitucional y 2) a la propuesta de los diputados del PRI para reformar el Artículo 5 Transitorio de la Constitución publicado el 26 de marzo de 2019 para ampliar del 2024 al 2028 la autorización que dicho transitorio le dio a las fuerzas armadas para actuar “en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

En su declaración señalan que “Los incrementos en los índices de violencia e inseguridad en estos tres años y medio evidencian que la estrategia gubernamental de seguridad y combate a la delincuencia ha fracasado rotundamente” y que la prórroga del 2024 al 2028 “no solo extiende la actuación constitucional de la Guardia nacional y de las Fuerzas Armadas, también valida y amplia por 4 años más, la equivocada y fallida estrategia de seguridad que el gobierno ha trazado y eso potencia por más del doble, dado que serían 4 años más, los desastrosos resultados que hoy se tienen y no hay duda que se pueden anticipar terribles cifras de homicidios violentos y desapariciones”.

Como muchos, opino que el Congreso violó el Artículo 21 cuando, para traspasar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la de la Defensa Nacional, reformó las leyes Orgánica de la Administración Pública, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Ley de Ascensos y Recompensas. Espero que así también opine la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deba resolver en torno a la acción de inconstitucionalidad que presentarán los legisladores de oposición.

También, como muchos, estoy en contra de que las fuerzas armadas se encarguen, quién sabe hasta cuándo, de las tareas de seguridad pública.

Sin embargo, para resolver la crisis de seguridad que vivimos los mexicanos parece no haber otra solución que la de recurrir a las fuerzas armadas porque es un hecho que la mayoría de los cuerpos policiacos municipales y estatales son incapaces de garantizar la seguridad de la población dentro de sus respectivos territorios debido a que tienen a demasiados corruptos en sus filas y/o porque están coludidos con o sometidos por la delincuencia organizada.

El PAN y el PRD tienen razón cuando afirman que “la estrategia gubernamental de seguridad y combate a la delincuencia ha fracasado rotundamente”, pero parecen olvidar que las estrategias de los gobiernos del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto también fracasaron rotundamente, como las cifras lo demuestran.

Lo que deberían hacer los dirigentes de todos los partidos de oposición, además de señalar que no ha funcionado la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, es proponer alternativas para resolver el problema y tratar de convencernos de que sí lograrán disminuir la violencia si vuelven a gobernar al país. Si no las han propuesto es porque no las tienen.

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Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma”. El problema que enfrenta el presidente es que la Constitución es muy clara sobre estos asuntos. En lo que a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se refiere, el Artículo 41 señala que “El consejero Presidente y los consejeros electorales (…) Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados…”. Refiriéndose al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Artículo 94 anota que “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral…”. El Artículo 99 señala que “el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales (…) La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. 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