La informalidad promueve ingresos bajos y pobreza

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23 de noviembre, 2021

 

Entre los grandes problemas del país están el desempleo y la informalidad laboral. Muchos tienden a olvidarlo porque cada trimestre la mayoría de los medios de comunicación se limitan a difundir la tasa de desocupación que obtiene el INEGI por medio de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN).

Por ejemplo, es muy probable que en esos medios hoy se reporte que, de acuerdo con el ENOEN difundido ayer, “para el trimestre julio-septiembre de 2021, la población desocupada se situó en 2.5 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4.2% de la PEA [población económicamente activa], tasa menor que la de 5.2% obtenida en igual periodo de un año antes”.

Y hasta ahí quedará la información y mucha gente dirá que el país  va bien porque solo el 4.2% de la PEA no tiene trabajo.

Pero no olvidemos que no es lo mismo la tasa de desocupación que la tasa de desempleo. La primera nos dice qué porcentaje de la PEA no tiene trabajo, sea dentro o fuera de la economía formal; la segunda incluye solo a los que no tienen un empleo dentro de la economía formal. Porque no es lo mismo estar ocupado que estar empleado.

De acuerdo con la ENOEN del tercer trimestre del año en curso, 56.3% de la población ocupada laboraba en el sector informal, es decir, sin prestación alguna como pueden ser el IMSS o el INFONAVIT.

Si de por sí es grave el que poco más de 56 de cada 100 trabajadores estén en la informalidad, más grave aún es que en varios estados de la República sean aún más trabajadores.

La informalidad es superior al promedio de 56.3% en 14 estados (el porcentaje entre paréntesis): Oaxaca (80.7), Guerrero (78.2), Chiapas (78.0), Hidalgo (73.4), Tlaxcala (71.8), Veracruz (71.5), Puebla (71.4), Morelos (67.2), Michoacán (64.3), Campeche (62.6), Tabasco (62.4), Zacatecas (62.0), Yucatán (61.0) y Nayarit (60.8).

La situación es menos grave, pero no por eso deja de ser muy preocupante en el resto de los estados del país, que en ningún caso registran tasas de informalidad inferiores al 36.0%. Así están en orden descendente: San Luis Potosí (57.5), Estado de México (57.0), Guanajuato (56.6), Durango (51.9), CDMX (49.3), Colima (49.3), Sinaloa (48.2), Jalisco (47.0), Quintana Roo (46.5), Tamaulipas (45.9), Querétaro (43.8), Sonora (41.1), Aguascalientes (40.8), Baja California (37.7), Chihuahua (37.4), Nuevo León (37.1), Baja California Sur (36.7) y Coahuila (36.0).

Diversos estudiosos de la materia, entre ellos Rafael La Porta y Andrei Shleifer (Informality and Development, Journal of Economic Perspectives 28 (3): 109-26, 2014), sostienen que “la informalidad condena a muchos trabajadores a ingresos bajos y precarios con mínima seguridad social, evita que los pobres tengan acceso a los préstamos e instrumentos de ahorro que tanto necesitan, y disminuye la prosperidad general de la sociedad al proliferar la ineficiencia económica”.

Yo añadiría que la informalidad también evita que los trabajadores tengan acceso a mayores niveles educativos que les permitan obtener los empleos mejor pagados que ofrece el mercado laboral. Al no existir en muchos lugares del país el personal calificado que las empresas requieren, éstas no invierten y la informalidad y la pobreza se perpetúan.

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Sobre estos dos homicidios que han ocurrido durante su gestión de casi tres meses, la gobernadora morenista Marina Ávila dijo ayer: “vamos a hacer uso de toda la fuerza del Estado para garantizar que la justicia prevalezca (…) he solicitado al Fiscal General que designe a un fiscal especial para que dé seguimiento a estos casos y puedan ser resueltos lo antes posible…”. Las palabras de AMLO y Marina son similares a las que antes han pronunciado otros funcionarios, desde presidentes de la República hasta presidentes municipales, pasando por gobernadores, fiscales,  procuradores y secretarios o directores de seguridad pública. En todos los casos han prometido que atraparán a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas, que esos crímenes no quedarán impunes, que actos tan reprobables estremecen a la sociedad y que no se volverán a repetir. Lo peor de todo es que prometen dar con los culpables a sabiendas de que la impunidad en estos casos es del 95% al 99%. Desde 1983, que fue el primer año de gobierno neoliberal del presidente Miguel de la Madrid, hasta el día de hoy, han sido asesinados 338 periodistas (es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Periodistas_asesinados_en_México). Por sexenio, fueron asesinados 35 en el de De la Madrid, 25 en el de Salinas, 21 en el de Zedillo, 35 en el de Fox, 110 en el de Calderón, 85 en el de Peña Nieto y 27 en lo que va del de López Obrador. Pese a estos números, ni los gobiernos federal ni estatales han asumido su responsabilidad de resolver tantos homicidios. Por ejemplo, en El Economista apareció el 22 de octubre de 2021 una nota de Jorge Monroy en donde informaba que “De 92 homicidios de periodistas registrados del 2010 y hasta julio pasado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) sólo reconoció la competencia en 27 de ellos, al asegurar que sólo en ese número de casos los crímenes estaban relacionados con la actividad periodística de la víctima (…) En el mismo periodo, indicó la fiscalía, se tiene registro de sólo cinco sentencias; una lograda en el 2016 (…) dos en 2020 y dos este año”. Cinco sentencias significan que solo fueron condenados los responsables del 5% de los 92 homicidios; impunidad de 95%. Tristemente, las promesas de AMLO, Marina y muchos otros son falsas, hipócritas e idénticas a las que hicieron los anteriores gobernantes. Más triste aún es saber que con impunidad seguirán matando a periodistas en México. 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