La CELAC debe entender que “con dinero baila el perro” y “el dinero manda”

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17 de septiembre, 2021

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), creada en febrero de 2010 en la sesión de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe que se efectuó en Playa del Carmen y constituida formalmente en diciembre de 2011 en la Cumbre de Instalación realizada en Caracas.

Está conformada por 33 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En 2020 Brasil se retiró de la organización porque según el gobierno de ese país se le “daba protagonismo a regímenes totalitarios”.

En la Declaración de Caracas, suscrito en diciembre de 2011, los 33 jefes de Estado y gobierno acordaron, entre muchas otras cosas, que la CELAC sea un “mecanismo representativo de concertación política, cooperación, integración de los Estados latinoamericanos y caribeños, y como un espacio común que garantice la unidad e integración de nuestra región…”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es su presidente pro tempore y por lo tanto presidirá la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará a partir de mañana en la CDMX.

Las anteriores se realizaron en Chile (2013), Cuba (2014), Costa Rica (2015), Ecuador (2016) y República Dominicana (2017). No se efectuaron las programadas para 2018, 2019 y 2020.

La semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el objetivo de esta cumbre es crear un organismo que sustituya a la Organización de Estados Americanos (OEA), porque para AMLO se necesita un nuevo “organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”.

Ebrard ha dicho que el acuerdo que se logre dentro de la CELAC se le presentará a Estados Unidos y Canadá para que se sumen a la nueva organización.

Lograr ese acuerdo tomará tiempo. El hecho de que a la CDMX solo asistan 17 de los 32 jefes de estado y de gobierno permite suponer que para muchos de ellos la reunión no es algo que les merezca mucho la pena.

Ese acuerdo deberá indicar el sistema de financiamiento del nuevo organismo porque actualmente el 56.31% del presupuesto de la OEA proviene de EEUU, 13.41% de Brasil, 10.55% de Canadá, 6.96% de México, 3.23% de Argentina, 2.1% de Venezuela, 1.77% de Colombia, 1.52% de Chile y 1.1% de Perú. Los otros 23 países aportan menos del 1.0% cada uno.

El nuevo organismo, si es que llega a conformarse, deberá encontrar un mecanismo que le reste el poder financiero a EEUU y a su socio Canadá, y se lo aumente a los demás países, sobre todo los económicamente más fuertes.

Dicen los dichos que “con dinero baila el perro” y que “el dinero manda”; por eso no debe extrañarnos que, al aportar el 66.86% del presupuesto, EEUU y Canadá quieran mandar en la OEA. Y seguirán queriendo imponer sus voluntades sobre los otros países si sus gobiernos acaban siendo los principales financiadores de la nueva organización que, supongo, no tendrá su sede en Washington.

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Goldman Sachs estima que el impago retiraría de inmediato 175 mil millones de dólares de la economía de EEUU, lo que la llevaría a una muy profunda recesión. Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, estima que el impago de la deuda dejaría a 6 millones de personas sin trabajo y borraría hasta 15 billones de dólares del patrimonio de los estadounidenses. No es difícil imaginar cómo esa situación repercutiría sobre la de por sí golpeada economía mexicana. Desde 1960, el Congreso estadounidense ha ampliado el monto del límite de la deuda 78 veces, 49 veces con presidentes republicanos y 29 con presidentes demócratas. Y siempre ha sido gracias a acuerdos bipartidistas. En esta ocasión existe el riesgo de que no se amplíe porque los senadores republicanos se niegan a autorizarlo. 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