Impunes 27 asesinatos y 15 desapariciones de periodistas en México

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) es una organización independiente y sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel...

29 de octubre, 2021

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) es una organización independiente y sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial. Fundada en 1981, su sede está en la ciudad de Nueva York y desde hace 10 años elabora el Índice Global de Impunidad que muestra los países en donde los periodistas son asesinados y los perpetradores quedan libres. Para determinar la posición de un país, el CPJ calcula el número de asesinatos de periodistas sin resolver como porcentaje de la población de cada país.

El CPJ dio ayer a conocer su Índice 2021 y en él aparecen 12 países que a continuación se anotan en orden descendente con el número de asesinatos no resueltos como porcentaje de su población: Somalia 25; Siria 21; Irak 18; Sudán del Sur 5; Afganistán 17; México 27; Filipinas 13; Brasil 14; Paquistán 12; Rusia 6; Bangladesh 6; India 20.

Si bien México aparece en la sexta posición en el Índice, la realidad es que por el número de homicidios de periodistas no resueltos está en el primer lugar, arriba de muchos países en donde hay inestabilidad política y hasta guerra civil, como Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán.

De acuerdo con el CPJ, desde 1992 han asesinado a 60 periodistas en nuestro país, mientras que 15 desaparecieron para no ser vistos nunca más. Otras fuentes afirman que más de 300 han sido muertos desde 1980.

El caso más reciente es el del reportero del sitio conservador Breitbart News, el mexicano-estadounidense Gerardo Antonio Moreno Aranda, originario de Monterrey, cuyo cadáver fue encontrado el 4 de octubre flotando en las aguas de la costa de Chiapas. Las autoridades primero dijeron que se había ahogado, pero después la Fiscalía General del estado dijo que estaba aplicando protocolos de homicidio para determinar si su muerte fue causada o no por un tercero. El CPJ buscó en varias ocasiones al Fiscal chiapaneco, Olaf Gómez Hernández, para que comentara sobre el caso, pero éste no atendió las solicitudes.

Moreno, reportero de investigación especializado en los temas de crimen organizado y corrupción, viajó a Chiapas para investigar a la milicia denominada Los Machetes, cuyos jefes afirman que el grupo se creó para combatir el crimen organizado en el municipio de Pantelhó. Pero Moreno estaba investigando posibles vínculos entre la milicia y el Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa y sanguinaria de México. También investigaba la migración centroamericana en el área.

Días antes de la muerte de Moreno, el 28 de septiembre, en Cuernavaca (Morelos) unas personas aún no identificadas asesinaron a balazos al periodista Manuel González Reyes de PM de Morelos y nada permite suponer que este caso vaya a ser resuelto y que los homicidas respondan por su delito.

La situación para los periodistas en México no es fácil y más si se toma en cuenta que cada miércoles, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, una improvisada funcionaria, obedeciendo las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, dedica minutos a criticar, con razón o no, y a veces a denostar, a los periodistas que señalan las que ven como fallas del gobierno de la 4T.

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Hasta ese día de febrero, el 83 decía: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años…”. Ya reformado, el 83 señala que “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años…”. El Artículo Transitorio 15° del referido decreto determinó que la reforma al 83 entraría en vigor el 1 de diciembre de 2018, “por lo que el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024”. Otro artículo constitucional, el 86, que no ha sido reformado desde que se promulgó la Constitución el 5 de febrero de 1917, anota que “El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”. ¿Qué es una causa grave? 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