Gobierno de la 4T y mineras deben llegar a acuerdos para que todos ganen

En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares...

17 de marzo, 2022

En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares en 2020, cayeron a 4.3 millones en 2021, como lo reportó el diario 24 Horas.

Según él, “ello se debe, en buena parte, a las condiciones actuales de falta de derechos jurídico, de seguridad, de falta de incentivos fiscales para desarrollar como se venía desarrollando anteriormente la exploración y la falta de concesiones mineras en los últimos años”.

Añadió que la política del actual gobierno hacia el sector minero impide que se generen más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos; que durante los próximos seis años no se inviertan más de 24 200 millones de dólares en nuevas minas, y que por  impuestos y derechos no entren al erario 23 500 millones de pesos adicionales cada año.

La actitud del gobierno hacia la minería quedó de manifiesto el 19 de mayo de 2021, cuando la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, dijo en la conferencia de prensa presidencial de ese día: “Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social (…) el caso del municipio de Mazapil, que principalmente se dedica a minería (…) es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas pese que ahí se encuentran dos mineras muy importantes (…) Nos encontramos conflictos socioambientales causados por esta actividad (…) anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras. Cuando hablamos de contaminación ambiental repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurren, que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades (…) buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente: Que respete al medio ambiente. Que consulte a las comunidades y respete su voluntad (…) Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México”.

Albores dijo, con orgullo, algo que su jefe ha venido diciendo desde que es presidente: “durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería…”.

Ignoro si todas las compañías mineras son o eran tan malas como las describió Albores, pero es un hecho comprobable que algunas de ellas han sido denunciadas desde tiempo atrás por violar leyes ambientales, laborales y atentar contra los derechos humanos de muchos mexicanos.

Como sea, tal vez es hora de que el gobierno federal empiece a otorgar nuevas concesiones cuidando en todo momento que las mineras obedezcan las leyes y cumplan con las condiciones que estableció Albores hace casi un año. Si no, que sean sancionadas, que para hacer cumplir la ley están las autoridades.

Nuestro país requiere de inversiones que generen empleos bien pagados y la minería puede contribuir a ello. El gobierno de la 4T tiene que llegar a acuerdos con el sector para que todos ganen: trabajadores, comunidades, empresas y gobierno.

Ojalá lo hagan antes de que concluya este sexenio.

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Hasta ahora, la Fiscalía General de la República y diversas fiscalías estatales no han actuado después de recibir diversas denuncias sobre posibles casos de corrupción de funcionarios federales y estatales, de parientes del presidente, de gobernadores y legisladores federales y locales.  La falta de una actuación contundente de las fiscalías permiten suponer que la corrupción seguirá siendo un grave problema para el país a pesar de que durante sus tres campañas presidenciales AMLO prometió eliminarla y que en sus discursos y conferencias de prensa le gusta presumir de que “ya no hay corrupción”. Múltiples estudios, encuestas y análisis muestran que funcionarios federales , estatales y municipales siguen cometiendo actos de corrupción cotidianamente a lo largo y ancho del país. El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) elaborado anualmente desde 1995 por Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín, corrobora lo que muchos sabemos: la corrupción es una realidad ineludible y tal vez imbatible en México. El IPC define la corrupción como “el uso indebido del poder público para beneficio privado” y clasifica a los países “por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público”, de acuerdo con los resultados obtenidos por diversas  encuestas de opinión y evaluaciones de expertos en la materia.  En el IPC 2021, difundido en enero de 2022, que clasifica a 180 países en una escala de 0 (totalmente corrupto) a 100 (totalmente limpio), México con 31 puntos, ocupa el lugar 124, lo que significa que hay 123 países menos corruptos que el nuestro y 56 más corruptos. La calificación de 31 es la tercera más baja dada a México desde 2012 y es la misma que obtuvo en 2020. La más baja es el 28 que se le dio en 2018. 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A discusión los límites de la SCJN

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