Gobierno de la 4T y mineras deben llegar a acuerdos para que todos ganen

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17 de marzo, 2022

En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares en 2020, cayeron a 4.3 millones en 2021, como lo reportó el diario 24 Horas.

Según él, “ello se debe, en buena parte, a las condiciones actuales de falta de derechos jurídico, de seguridad, de falta de incentivos fiscales para desarrollar como se venía desarrollando anteriormente la exploración y la falta de concesiones mineras en los últimos años”.

Añadió que la política del actual gobierno hacia el sector minero impide que se generen más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos; que durante los próximos seis años no se inviertan más de 24 200 millones de dólares en nuevas minas, y que por  impuestos y derechos no entren al erario 23 500 millones de pesos adicionales cada año.

La actitud del gobierno hacia la minería quedó de manifiesto el 19 de mayo de 2021, cuando la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, dijo en la conferencia de prensa presidencial de ese día: “Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social (…) el caso del municipio de Mazapil, que principalmente se dedica a minería (…) es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas pese que ahí se encuentran dos mineras muy importantes (…) Nos encontramos conflictos socioambientales causados por esta actividad (…) anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras. Cuando hablamos de contaminación ambiental repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurren, que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades (…) buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente: Que respete al medio ambiente. Que consulte a las comunidades y respete su voluntad (…) Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México”.

Albores dijo, con orgullo, algo que su jefe ha venido diciendo desde que es presidente: “durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería…”.

Ignoro si todas las compañías mineras son o eran tan malas como las describió Albores, pero es un hecho comprobable que algunas de ellas han sido denunciadas desde tiempo atrás por violar leyes ambientales, laborales y atentar contra los derechos humanos de muchos mexicanos.

Como sea, tal vez es hora de que el gobierno federal empiece a otorgar nuevas concesiones cuidando en todo momento que las mineras obedezcan las leyes y cumplan con las condiciones que estableció Albores hace casi un año. Si no, que sean sancionadas, que para hacer cumplir la ley están las autoridades.

Nuestro país requiere de inversiones que generen empleos bien pagados y la minería puede contribuir a ello. El gobierno de la 4T tiene que llegar a acuerdos con el sector para que todos ganen: trabajadores, comunidades, empresas y gobierno.

Ojalá lo hagan antes de que concluya este sexenio.

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Cartón (ruizhealytimes.com) Si el Senado la aprueba con modificaciones, ambas cámaras deberán conciliar sus diferencias hasta lograr un acuerdo definitivo que enviarán al presidente Joe Biden para que la autorice y promulgue. El proceso no es sencillo y solo el 10% de las iniciativas llegan a ser leyes. El asunto generó revuelo en México porque, de promulgarse la ley, el presidente de EEUU estaría autorizado “a usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas extranjeras” que él determine que estén involucradas en el tráfico de fentanilo o sus precursores hacia EEUU. La ley autorizaría a las fuerzas armadas de EEUU a combatir militarmente, dentro o fuera de EEUU, a estos cárteles: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Zetas, Noreste, Juárez, Tijuana, Beltrán-Leyva y Familia Michoacana (también conocida como los Caballeros Templarios)”. Unos días antes de que se presentara esta iniciativa, los fiscales generales de 21 estados enviaron una carta a Biden y al secretario de Estado Anthony Blinken solicitando que el gobierno declare a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y el jueves pasado el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, dijo que no se opondría a que el Departamento de Estado declarara a los cárteles organizaciones terroristas. Sobre este tema el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en su conferencia de prensa: “Es más que nada propaganda, porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena”. El reporte aludido por él efectivamente dice que “No hubo evidencia creíble que indicara que los grupos terroristas internacionales establecieron bases en México, trabajaron directamente con los cárteles de la droga mexicanos o enviaron operativos a través de México a los Estados Unidos en 2021”, pero eso nada tiene que ver con que Biden o el Congreso de EEUU designen o no a los cárteles como organizaciones terroristas.

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