Gobierno de la 4T y mineras deben llegar a acuerdos para que todos ganen

En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares...

17 de marzo, 2022

En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares en 2020, cayeron a 4.3 millones en 2021, como lo reportó el diario 24 Horas.

Según él, “ello se debe, en buena parte, a las condiciones actuales de falta de derechos jurídico, de seguridad, de falta de incentivos fiscales para desarrollar como se venía desarrollando anteriormente la exploración y la falta de concesiones mineras en los últimos años”.

Añadió que la política del actual gobierno hacia el sector minero impide que se generen más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos; que durante los próximos seis años no se inviertan más de 24 200 millones de dólares en nuevas minas, y que por  impuestos y derechos no entren al erario 23 500 millones de pesos adicionales cada año.

La actitud del gobierno hacia la minería quedó de manifiesto el 19 de mayo de 2021, cuando la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, dijo en la conferencia de prensa presidencial de ese día: “Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social (…) el caso del municipio de Mazapil, que principalmente se dedica a minería (…) es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas pese que ahí se encuentran dos mineras muy importantes (…) Nos encontramos conflictos socioambientales causados por esta actividad (…) anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras. Cuando hablamos de contaminación ambiental repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurren, que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades (…) buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente: Que respete al medio ambiente. Que consulte a las comunidades y respete su voluntad (…) Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México”.

Albores dijo, con orgullo, algo que su jefe ha venido diciendo desde que es presidente: “durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería…”.

Ignoro si todas las compañías mineras son o eran tan malas como las describió Albores, pero es un hecho comprobable que algunas de ellas han sido denunciadas desde tiempo atrás por violar leyes ambientales, laborales y atentar contra los derechos humanos de muchos mexicanos.

Como sea, tal vez es hora de que el gobierno federal empiece a otorgar nuevas concesiones cuidando en todo momento que las mineras obedezcan las leyes y cumplan con las condiciones que estableció Albores hace casi un año. Si no, que sean sancionadas, que para hacer cumplir la ley están las autoridades.

Nuestro país requiere de inversiones que generen empleos bien pagados y la minería puede contribuir a ello. El gobierno de la 4T tiene que llegar a acuerdos con el sector para que todos ganen: trabajadores, comunidades, empresas y gobierno.

Ojalá lo hagan antes de que concluya este sexenio.

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Explicó que no era un control de precios sino “una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo”, y que se convenció a distribuidores y comerciantes “a que lo hagamos de manera conjunta sin medidas coercitivas”. Ese día muchos opinamos que el plan no serviría de gran cosa porque no atacaba las causas de la inflación, muchas de las cuales son inatacables por originarse en el extranjero. Días antes de que se presentara el PACIC, el INEGI difundió que en abril el aumento anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 7.72%, el del índice subyacente fue de 7.16% y el del índice no subyacente fue de 9.38%. Desde entonces a la fecha, los aumentos anualizados del INPC fueron los siguientes: 7.58% en mayo, 7.88% en junio, 8.16% en julio, 8.62% en agosto, 8.76% en septiembre, 8.53% en octubre y 8.14% en noviembre. El hecho de que durante los últimos dos meses la inflación se haya incrementado a menor velocidad es una buena señal y es deseable que sea el principio de una tendencia a la baja. Sin embargo, hay que tener presente que hace un año, en noviembre de 2021, el INPC anualizado aumentó 7.05% hasta llegar al 8.76% de septiembre pasado. Si bien se registran bajas en el aumento anualizado del índice no subyacente, que en noviembre fue de 6.62%, muy por debajo del 11.68%% que se registró en noviembre de 2021, aún falta mucho para que los aumentos de precios no acaben con lo poco que le queda de poder adquisitivo a los ingresos de los que menos ganan. En noviembre, el aumento anualizado de los precios de frutas y verduras fue de 6.41%, mucho menor que el 23.04% que se registró en diciembre del año pasado, mientras que el aumento anualizado de los precios de los productos pecuarios (carne, pollo, pescado, huevos y leche) fue de 14.26%, un porcentaje que condena a millones de personas a consumir menos de la cantidad de proteínas que sus cuerpos requieren cada día. En donde el PACIC ha fracasado es en controlar la inflación medida por el índice subyacente, que es la que los economistas prefieren seguir para determinar hacia dónde van los precios. Y no está sujeta a los vaivenes de la temporalidad o decisiones gubernamentales, como ocurre con la no subyacente. Desde noviembre de 2021, el índice subyacente ha registrado aumentos anualizados cada vez mayores, desde el 5.53% ese mes hasta el 8.66% en noviembre de este año. 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