Gobierno de la 4T y mineras deben llegar a acuerdos para que todos ganen

En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares...

17 de marzo, 2022

En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares en 2020, cayeron a 4.3 millones en 2021, como lo reportó el diario 24 Horas.

Según él, “ello se debe, en buena parte, a las condiciones actuales de falta de derechos jurídico, de seguridad, de falta de incentivos fiscales para desarrollar como se venía desarrollando anteriormente la exploración y la falta de concesiones mineras en los últimos años”.

Añadió que la política del actual gobierno hacia el sector minero impide que se generen más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos; que durante los próximos seis años no se inviertan más de 24 200 millones de dólares en nuevas minas, y que por  impuestos y derechos no entren al erario 23 500 millones de pesos adicionales cada año.

La actitud del gobierno hacia la minería quedó de manifiesto el 19 de mayo de 2021, cuando la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, dijo en la conferencia de prensa presidencial de ese día: “Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social (…) el caso del municipio de Mazapil, que principalmente se dedica a minería (…) es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas pese que ahí se encuentran dos mineras muy importantes (…) Nos encontramos conflictos socioambientales causados por esta actividad (…) anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras. Cuando hablamos de contaminación ambiental repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurren, que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades (…) buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente: Que respete al medio ambiente. Que consulte a las comunidades y respete su voluntad (…) Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México”.

Albores dijo, con orgullo, algo que su jefe ha venido diciendo desde que es presidente: “durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería…”.

Ignoro si todas las compañías mineras son o eran tan malas como las describió Albores, pero es un hecho comprobable que algunas de ellas han sido denunciadas desde tiempo atrás por violar leyes ambientales, laborales y atentar contra los derechos humanos de muchos mexicanos.

Como sea, tal vez es hora de que el gobierno federal empiece a otorgar nuevas concesiones cuidando en todo momento que las mineras obedezcan las leyes y cumplan con las condiciones que estableció Albores hace casi un año. Si no, que sean sancionadas, que para hacer cumplir la ley están las autoridades.

Nuestro país requiere de inversiones que generen empleos bien pagados y la minería puede contribuir a ello. El gobierno de la 4T tiene que llegar a acuerdos con el sector para que todos ganen: trabajadores, comunidades, empresas y gobierno.

Ojalá lo hagan antes de que concluya este sexenio.

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Por fin, en 2000, nuevamente fue menor de 10.0% al disminuir a 8.96%. Y, desde entonces, cada año se ha mantenido en un solo digito. Hasta ahora, pese a que en junio llegó a 7.99%, ningún pronóstico para 2022 la ubica en 10.0% o más. En junio, los economistas del sector privado que participaron en la encuesta del Banco de México estimaron que será de 7.45%, mientras que los participantes en la encuesta de Citibanamex calcularon que será de 7.6%. Entre los diversos pronósticos destacan los de OCDE (6.9%), Bank of America (7.0%), BBVA (7.1%), Moody’s (7.3%), S&P (7.4%), Reuters (7.62%), Trading Economics (7.83%), Oxford Economics (8.0%), Banorte (8.1%), Invex (8.3%), Finamex (8.4%), y Scotiabank (8.9%). Las tasas arriba anotadas se refieren al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que permite conocer cómo y hacia dónde van los precios, pero que para los consumidores dista de reflejar la realidad que viven día tras día, cuando padecen la disminución del poder adquisitivo de sus ingresos debido al acelerado aumento de los precios de los productos que más consumen, especialmente los de sus alimentos. En junio, por ejemplo, el aumento de los precios de los alimentos procesados, bebidas y tabaco fue de 11.84%, el de frutas y verduras de 14.39% y el de productos pecuarios (carnes, pescado, pollo, huevo, leche y productos lácteos) de 15.51%. Hasta ahora no han servido de mucho los aumentos de la tasa de interés interbancaria decretados por el Banco de México para detener la inflación ni las medidas para paliar sus efectos adoptadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En enero, el INPC anualizado fue de 7.07% y, salvo una muy pequeña disminución en abril, fue aumentando hasta llegar a 7.99% en junio. El 11 de agosto entrante, o antes si lo considera necesario, la junta de gobierno del banco central deberá incrementar la tasa en más de los 75 puntos base con que la aumentó el 23 de junio pasado. Cuidado con que la inflación anualizada llegue o supere el 10.0% durante los meses venideros porque la historia demuestra que es muy alto el costo que una sociedad debe pagar para reducirla a niveles de un solo dígito. 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