Gobierno de la 4T y mineras deben llegar a acuerdos para que todos ganen

En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares...

17 de marzo, 2022

En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares en 2020, cayeron a 4.3 millones en 2021, como lo reportó el diario 24 Horas.

Según él, “ello se debe, en buena parte, a las condiciones actuales de falta de derechos jurídico, de seguridad, de falta de incentivos fiscales para desarrollar como se venía desarrollando anteriormente la exploración y la falta de concesiones mineras en los últimos años”.

Añadió que la política del actual gobierno hacia el sector minero impide que se generen más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos; que durante los próximos seis años no se inviertan más de 24 200 millones de dólares en nuevas minas, y que por  impuestos y derechos no entren al erario 23 500 millones de pesos adicionales cada año.

La actitud del gobierno hacia la minería quedó de manifiesto el 19 de mayo de 2021, cuando la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, dijo en la conferencia de prensa presidencial de ese día: “Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social (…) el caso del municipio de Mazapil, que principalmente se dedica a minería (…) es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas pese que ahí se encuentran dos mineras muy importantes (…) Nos encontramos conflictos socioambientales causados por esta actividad (…) anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras. Cuando hablamos de contaminación ambiental repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurren, que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades (…) buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente: Que respete al medio ambiente. Que consulte a las comunidades y respete su voluntad (…) Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México”.

Albores dijo, con orgullo, algo que su jefe ha venido diciendo desde que es presidente: “durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería…”.

Ignoro si todas las compañías mineras son o eran tan malas como las describió Albores, pero es un hecho comprobable que algunas de ellas han sido denunciadas desde tiempo atrás por violar leyes ambientales, laborales y atentar contra los derechos humanos de muchos mexicanos.

Como sea, tal vez es hora de que el gobierno federal empiece a otorgar nuevas concesiones cuidando en todo momento que las mineras obedezcan las leyes y cumplan con las condiciones que estableció Albores hace casi un año. Si no, que sean sancionadas, que para hacer cumplir la ley están las autoridades.

Nuestro país requiere de inversiones que generen empleos bien pagados y la minería puede contribuir a ello. El gobierno de la 4T tiene que llegar a acuerdos con el sector para que todos ganen: trabajadores, comunidades, empresas y gobierno.

Ojalá lo hagan antes de que concluya este sexenio.

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San Antonio, Texas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no asistirá a la 9ª Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio, si el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden no invita a todos los gobernantes americanos.

Lo paradójico del caso es que AMLO, que presume de ser el gran defensor de la democracia de México y el mundo y quisiera ser recordado como un nuevo Apóstol de la Democracia, al mismo tiempo protege los intereses de tres dictadores de izquierda que día tras día se burlan de los principios democráticos que supuestamente guían al gobierno de la 4T.

Sobre el dictador en turno de Cuba, Miguel Díaz-Canel, AMLO dijo hace una semana que “es un hombre íntegro, una persona con principios, una gente honesta”.

Para él es una buena persona quien, de acuerdo con diversos reportes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluida la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, preside un gobierno que en 2021 continuó “reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública” y que “respondió con una represión brutal en julio del año pasado”, cuando “miles de cubanos salieron a las calles para participar en manifestaciones históricas en protesta por las restricciones de larga data a los derechos en el país, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de COVID-19” (Human Rights Watch, Informe Mundial 2022, Cuba Eventos de 2021).

Para justificar la presencia del dictador venezolano a su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel dijo que “Somos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo”.

Pero, ¿puede ser él amigo de un represor que es presidente de su país gracias a un inmenso fraude electoral como el que supuestamente se realizó en 2006 para favorecer a Felipe Calderón?

Sobre Venezuela, el Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch anota: “El gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes (…) La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices de los abusos”.

En lo que a Nicaragua se refiere, AMLO pidió que su gobierno respete los derechos humanos, lo que le valió que el hijo del dictador lo llamara cobarde. El citado Informe de Human Rights Watch señala que “Desde que asumió en 2007, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha desmantelado prácticamente todos los controles institucionales al poder presidencial (…) las autoridades detuvieron y procesaron arbitrariamente a críticos del gobierno y opositores, incluidos candidatos presidenciales, periodistas, abogados, representantes campesinos, empresarios y líderes estudiantiles. Siguen impunes los abusos policiales cometidos durante la feroz represión de 2018 (…) son las severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación…”.

Este es el trío dictatorial que AMLO apoya. ¿Por qué, si él es el gran demócrata?

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