En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares en 2020, cayeron a 4.3 millones en 2021, como lo reportó el diario 24 Horas.
Según él, “ello se debe, en buena parte, a las condiciones actuales de falta de derechos jurídico, de seguridad, de falta de incentivos fiscales para desarrollar como se venía desarrollando anteriormente la exploración y la falta de concesiones mineras en los últimos años”.
Añadió que la política del actual gobierno hacia el sector minero impide que se generen más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos; que durante los próximos seis años no se inviertan más de 24 200 millones de dólares en nuevas minas, y que por impuestos y derechos no entren al erario 23 500 millones de pesos adicionales cada año.
La actitud del gobierno hacia la minería quedó de manifiesto el 19 de mayo de 2021, cuando la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, dijo en la conferencia de prensa presidencial de ese día: “Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social (…) el caso del municipio de Mazapil, que principalmente se dedica a minería (…) es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas pese que ahí se encuentran dos mineras muy importantes (…) Nos encontramos conflictos socioambientales causados por esta actividad (…) anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras. Cuando hablamos de contaminación ambiental repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurren, que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades (…) buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente: Que respete al medio ambiente. Que consulte a las comunidades y respete su voluntad (…) Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México”.
Albores dijo, con orgullo, algo que su jefe ha venido diciendo desde que es presidente: “durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería…”.
Ignoro si todas las compañías mineras son o eran tan malas como las describió Albores, pero es un hecho comprobable que algunas de ellas han sido denunciadas desde tiempo atrás por violar leyes ambientales, laborales y atentar contra los derechos humanos de muchos mexicanos.
Como sea, tal vez es hora de que el gobierno federal empiece a otorgar nuevas concesiones cuidando en todo momento que las mineras obedezcan las leyes y cumplan con las condiciones que estableció Albores hace casi un año. Si no, que sean sancionadas, que para hacer cumplir la ley están las autoridades.
Nuestro país requiere de inversiones que generen empleos bien pagados y la minería puede contribuir a ello. El gobierno de la 4T tiene que llegar a acuerdos con el sector para que todos ganen: trabajadores, comunidades, empresas y gobierno.
Ojalá lo hagan antes de que concluya este sexenio.
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string(3539) "El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho muchas veces que su gobierno ha ahorrado una cantidad multimillonaria desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha. El viernes pasado insistió en ello diciendo: “Pues nos hemos ahorrado ya (…) Podemos hacer la cuenta, pero ya podemos estar, en el tiempo que llevamos, con ahorros del orden de dos billones de pesos, en general…”.
Dos billones de pesos son muchos pesos. Equivalen al 28% del presupuesto del gobierno federal de este año que asciende a 7.888 billones de pesos. Son poco más de los 1.843 billones que este año se están destinado al gasto no programable del gobierno federal, que incluye pagos pendientes de años anteriores, gastos destinados a cubrir intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con la deuda y recursos transferidos a entidades federativas y municipios, a través de las Participaciones Federales.
Dos billones de pesos son 520 mil millones de pesos más que los 1.48 billones que este año se están dedicando a los diversos programas de protección social y 376 mil millones más que los 1.6 billones que se están dirigiendo a educación y salud.
Ahora bien, ¿a dónde han ido a parar esa cantidad extraordinaria de pesos ahorrados por el gobierno de la 4T?
La pregunta es válida porque hasta ahora ni AMLO ni nadie de su gobierno lo ha explicado satisfactoriamente.
Aquí trataré de hacerlo, pero aclaro antes que mi ejercicio es meramente especulativo.
En primer lugar, parte de los ahorros se ha ido a pagar los sobrecostos de las obras señeras del actual gobierno: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Angeles.
La primera acabará costándonos 80 000 millones de pesos más, la segunda 244 000 millones más y la tercera 8000 millones más.
En total son 332 000 millones o el 16.6% de los dos billones.
Otro gasto que no estaba considerado en el presupuesto es el subsidio a la gasolina, que en el primer trimestre ascendió a 159 000 millones de pesos.
Van 491 000 millones de pesos.
Las vacunas contra el no esperado COVID-19 es otro gasto que el gobierno se vio obligado a realizar. De acuerdo con ourworldindata.org, hasta el 31 de julio se habían aplicado en México 229 millones de dosis. El costo de aplicar cada dosis ha sido de 20 dólares, según lo señala el texto del artículo “Análisis de impacto presupuestal de la vacunación contra COVID-19 en América Latina” publicado en enero de este año en la Revista Panamericana de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. Con base en estos datos resulta un gasto de 4580 millones de dólares que equivalen a unos 91 600 millones de pesos.
Van 582 600 millones de pesos.
A este monto debemos añadir los 159 000 millones de pesos que el gobierno ha dejado de percibir por concepto del subsidio a la gasolina y el diésel.
Van 741 600 millones de pesos.
Me falta ubicar en dónde podrían haber ido a parar los 1.2584 billones faltantes. Se me acabó el espacio, pero otro día continuaré especulando aquí sobre el destino que pudiera haberles dado una sola persona, lo que dista de ser muy democrático.
Más fácil sería que Andrés Manuel nos dijera en dónde se originaron esos ahorros por 2 billones de pesos y en qué se han ido gastando para beneficiar al pueblo de México.
Twitter: @ruizhealy
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string(3400) "En 1973 la inflación en nuestro país fue de 21.37%. Un año antes fue de 5.56%.
Después de 15 años de mantenerse en menos de 10%, las políticas económicas que a partir de 1971 aplicó el gobierno de Luis Echeverría detonaron un aumento de precios.
Entre estas políticas: la estatización de la economía, el aumento del gasto público y de la deuda externa, y el mantener un tipo de cambio fijo y un peso sobrevaluado.
Tuvieron que pasar 20 años para que, en 1993, la inflación por fin fuera nuevamente de un solo digito: 8.01%. En 1987, llegó a 159.17%, la más alta desde que empezó a medirse este dato por el INEGI, en 1969, y desde 1868, de acuerdo con cálculos realizados por diversos especialistas.
Desafortunadamente, la baja tasa inflacionaria solo duró un par de años ya que, en 1995, luego de ser 7.05% en 1994, se disparó a 51.97% después del famoso “error de diciembre de 94” que cometió Ernesto Zedillo.
La inflación de doble dígito se registró en 1996 (27.7%), 1997 (15.72%), 1998 (18.61%) y 1999 (12.32%).
Por fin, en 2000, nuevamente fue menor de 10.0% al disminuir a 8.96%.
Y, desde entonces, cada año se ha mantenido en un solo digito.
Hasta ahora, pese a que en junio llegó a 7.99%, ningún pronóstico para 2022 la ubica en 10.0% o más.
En junio, los economistas del sector privado que participaron en la encuesta del Banco de México estimaron que será de 7.45%, mientras que los participantes en la encuesta de Citibanamex calcularon que será de 7.6%.
Entre los diversos pronósticos destacan los de OCDE (6.9%), Bank of America (7.0%), BBVA (7.1%), Moody’s (7.3%), S&P (7.4%), Reuters (7.62%), Trading Economics (7.83%), Oxford Economics (8.0%), Banorte (8.1%), Invex (8.3%), Finamex (8.4%), y Scotiabank (8.9%).
Las tasas arriba anotadas se refieren al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que permite conocer cómo y hacia dónde van los precios, pero que para los consumidores dista de reflejar la realidad que viven día tras día, cuando padecen la disminución del poder adquisitivo de sus ingresos debido al acelerado aumento de los precios de los productos que más consumen, especialmente los de sus alimentos.
En junio, por ejemplo, el aumento de los precios de los alimentos procesados, bebidas y tabaco fue de 11.84%, el de frutas y verduras de 14.39% y el de productos pecuarios (carnes, pescado, pollo, huevo, leche y productos lácteos) de 15.51%.
Hasta ahora no han servido de mucho los aumentos de la tasa de interés interbancaria decretados por el Banco de México para detener la inflación ni las medidas para paliar sus efectos adoptadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En enero, el INPC anualizado fue de 7.07% y, salvo una muy pequeña disminución en abril, fue aumentando hasta llegar a 7.99% en junio. El 11 de agosto entrante, o antes si lo considera necesario, la junta de gobierno del banco central deberá incrementar la tasa en más de los 75 puntos base con que la aumentó el 23 de junio pasado.
Cuidado con que la inflación anualizada llegue o supere el 10.0% durante los meses venideros porque la historia demuestra que es muy alto el costo que una sociedad debe pagar para reducirla a niveles de un solo dígito.
Twitter: @ruizhealy
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