En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares en 2020, cayeron a 4.3 millones en 2021, como lo reportó el diario 24 Horas.
Según él, “ello se debe, en buena parte, a las condiciones actuales de falta de derechos jurídico, de seguridad, de falta de incentivos fiscales para desarrollar como se venía desarrollando anteriormente la exploración y la falta de concesiones mineras en los últimos años”.
Añadió que la política del actual gobierno hacia el sector minero impide que se generen más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos; que durante los próximos seis años no se inviertan más de 24 200 millones de dólares en nuevas minas, y que por impuestos y derechos no entren al erario 23 500 millones de pesos adicionales cada año.
La actitud del gobierno hacia la minería quedó de manifiesto el 19 de mayo de 2021, cuando la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, dijo en la conferencia de prensa presidencial de ese día: “Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social (…) el caso del municipio de Mazapil, que principalmente se dedica a minería (…) es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas pese que ahí se encuentran dos mineras muy importantes (…) Nos encontramos conflictos socioambientales causados por esta actividad (…) anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras. Cuando hablamos de contaminación ambiental repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurren, que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades (…) buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente: Que respete al medio ambiente. Que consulte a las comunidades y respete su voluntad (…) Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México”.
Albores dijo, con orgullo, algo que su jefe ha venido diciendo desde que es presidente: “durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería…”.
Ignoro si todas las compañías mineras son o eran tan malas como las describió Albores, pero es un hecho comprobable que algunas de ellas han sido denunciadas desde tiempo atrás por violar leyes ambientales, laborales y atentar contra los derechos humanos de muchos mexicanos.
Como sea, tal vez es hora de que el gobierno federal empiece a otorgar nuevas concesiones cuidando en todo momento que las mineras obedezcan las leyes y cumplan con las condiciones que estableció Albores hace casi un año. Si no, que sean sancionadas, que para hacer cumplir la ley están las autoridades.
Nuestro país requiere de inversiones que generen empleos bien pagados y la minería puede contribuir a ello. El gobierno de la 4T tiene que llegar a acuerdos con el sector para que todos ganen: trabajadores, comunidades, empresas y gobierno.
Ojalá lo hagan antes de que concluya este sexenio.
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Durante los días en que duró el evento se reunieron en el centro vacacional Shar El Sheikh políticos, diplomáticos y funcionarios de los gobiernos nacionales, defensores de la tierra y el medio ambiente y representantes de pueblos indígenas que exigen una mayor protección de sus territorios contra la explotación por parte de industrias destructivas para el medio ambiente, como la tala, la minería y la agroindustria.
También asistieron enviados de las empresas que explotan las energías fósiles que al participar en las discusiones pretenden proteger su industria de las medidas que buscan acabar con el uso del carbón, el petróleo y el gas. Si la industria de los combustibles fósiles fuera un país, habría tenido la delegación más grande en la conferencia.
Este año, debido a que el gobierno dictatorial egipcio ha limitado los derechos humanos y las libertades de prensa y reunión en el país, tuvieron mayor dificultad para asistir al evento las organizaciones de defensores de los derechos humanos, las ONGs y los medios de comunicación independientes.
En Shar El Sheikh se pronunciaron muchos discursos, realizaron mesas de análisis y debate y, al final de cuentas, poco se logró.
Los resultados finales contrastan mucho con el optimismo que mostraron en los discursos que pronunciaron al iniciarse la conferencia los 96 jefes de estado y/o de gobierno, la presidenta de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo y, en días subsecuentes, los representantes de virtualmente todos los países del mundo, la de México incluida, que fue la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta.
Como en las 26 ediciones pasadas de lo que oficialmente se conoce como Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP), la recién concluida se quedó muy lejos de satisfacer sus objetivos.
Lo mejor que se logró fue que los gobiernos de los países desarrollados acordaron, después de años de negarse a hacerlo, establecer un fondo para darles recursos económicos a los países en desarrollo que sufren pérdidas y daños por tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales provocados por el cambio climático que en gran medida se debe a las actividades económicas de los primeros.
Sin embargo, desde ahora se acepta que pasarán varios años antes de que se determine qué países contribuirán al fondo y con cuánto cada uno, a cuáles países se les entregará el dinero y cómo se administrará el fondo.
El gran fracaso de COP27 es que no se avanzó en nada para reducir el uso de combustibles fósiles, que es la principal causa del calentamiento global y los desastres que ocasiona.
Así las cosas, COP27 será recordado como el evento en que el mundo renunció a limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, el objetivo más ambicioso fijado por el Acuerdo de París de 2015.
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Explicó que no era un control de precios sino “una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo”, y que se convenció a distribuidores y comerciantes “a que lo hagamos de manera conjunta sin medidas coercitivas”.
Ese día muchos opinamos que el plan no serviría de gran cosa porque no atacaba las causas de la inflación, muchas de las cuales son inatacables por originarse en el extranjero.
Días antes de que se presentara el PACIC, el INEGI difundió que en abril el aumento anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 7.72%, el del índice subyacente fue de 7.16% y el del índice no subyacente fue de 9.38%.
Desde entonces a la fecha, los aumentos anualizados del INPC fueron los siguientes: 7.58% en mayo, 7.88% en junio, 8.16% en julio, 8.62% en agosto, 8.76% en septiembre, 8.53% en octubre y 8.14% en noviembre. El hecho de que durante los últimos dos meses la inflación se haya incrementado a menor velocidad es una buena señal y es deseable que sea el principio de una tendencia a la baja.
Sin embargo, hay que tener presente que hace un año, en noviembre de 2021, el INPC anualizado aumentó 7.05% hasta llegar al 8.76% de septiembre pasado.
Si bien se registran bajas en el aumento anualizado del índice no subyacente, que en noviembre fue de 6.62%, muy por debajo del 11.68%% que se registró en noviembre de 2021, aún falta mucho para que los aumentos de precios no acaben con lo poco que le queda de poder adquisitivo a los ingresos de los que menos ganan. En noviembre, el aumento anualizado de los precios de frutas y verduras fue de 6.41%, mucho menor que el 23.04% que se registró en diciembre del año pasado, mientras que el aumento anualizado de los precios de los productos pecuarios (carne, pollo, pescado, huevos y leche) fue de 14.26%, un porcentaje que condena a millones de personas a consumir menos de la cantidad de proteínas que sus cuerpos requieren cada día.
En donde el PACIC ha fracasado es en controlar la inflación medida por el índice subyacente, que es la que los economistas prefieren seguir para determinar hacia dónde van los precios. Y no está sujeta a los vaivenes de la temporalidad o decisiones gubernamentales, como ocurre con la no subyacente.
Desde noviembre de 2021, el índice subyacente ha registrado aumentos anualizados cada vez mayores, desde el 5.53% ese mes hasta el 8.66% en noviembre de este año. En ese mismo periodo, el aumento anualizado de precios de alimentos y bebidas fue de 7.52% al 14.1%, el de mercancías no alimenticias de 6.51% a 8.60%, el de vivienda (vivienda propia o en renta, servicio doméstico y otros servicios para el hogar) de 2.45% a 3.10%, el de colegiaturas de 2.45% a 4.49% y el de otros servicios (loncherías, fondas y taquerías, restaurantes, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos, entre otros) de 5.48% a 7.58%.
Es indudable que aún falta mucho para realmente controlar el aumento de precios. Seguirán las alzas de interés y los empresarios más fuertes, si pueden, deberán reducir sus utilidades un poco más.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
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