Gobierno de Biden dará prioridad a lo hecho en EEUU

El presidente estadounidense Joe Biden firmó esta semana dos órdenes ejecutivas que tendrán efectos sobre la economía mexicana y la política exterior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera de ellas, firmada el lunes...

28 de enero, 2021

El presidente estadounidense Joe Biden firmó esta semana dos órdenes ejecutivas que tendrán efectos sobre la economía mexicana y la política exterior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La primera de ellas, firmada el lunes 25, se titula “Orden Ejecutiva para ‎Asegurar que el Futuro sea Hecho en todo Estados Unidos por todos los trabajadores de Estados Unidos‎” y en ella Biden ordena que el gobierno de Estados Unidos debe “maximizar el uso de bienes, productos y materiales producidos en, y servicios ofrecidos en, Estados Unidos… para ayudar a las empresas estadounidenses a competir en industrias estratégicas y ayudar a que los trabajadores de EEUU prosperen…”. Entre los bienes, productos o materiales producidos en los Estados Unidos, la orden de Biden incluye “el hierro, el acero y los bienes manufacturados ofrecidos en los EEUU. También ordena que el transporte marítimo entre puertos estadounidenses se realice preferentemente en barcos de EEUU.

Adicionalmente, el presidente ordena la creación la Oficina Made in America dentro de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés) que se encargará de analizar, aprobar o rechazar las peticiones que las entidades del gobierno federal hagan para adquirir “bienes, productos o materiales que no hayan sido extraídos, producidos o fabricados en los EEUU”.

En lo que bienes, productos y materiales que contengan componentes no hechos en EEUU, Biden ordena “aumentar el umbral numérico para los requisitos de contenido nacional para productos finales y materiales de construcción e incrementar las preferencias de precios para productos finales y materiales de construcción hechos en EEUU”.´

¿Cómo afectará esta esta orden ejecutiva a las empresas mexicanas públicas o privadas que hasta ahora le han vendido algo al gobierno estadounidense, ya sea directamente o a través de intermediarios?

Pues que dejarán de tener como cliente a ese gobierno, a menos de que puedan demostrar que en EEUU no existe una empresa que venda un bien, producto o material similar al suyo o que los componentes hechos en EEUU por trabajadores estadounidenses satisfacen el mínimo exigido que se establezca de acuerdo a la orden ejecutiva.

En EEUU hay empresas mexicanas que venden exitosamente diversos productos y servicios. Algunas se destacan en las industrias cementera, de materiales de construcción, petroquímica, telecomunicaciones, alta tecnología, autopartes, alimentos y bebidas y en servicios bancarios y financieros.

Ignoro cuántas de estas empresas le venden directa o indirectamente al gobierno federal estadounidense, pero las que lo hagan deben estar sumamente preocupadas desde el día en que Biden firmó la orden que podría dejarlas fuera de la jugada frente a un competidor estadounidense.

También debería estar preocupado el gobierno del presidente López Obrador porque si estas empresas dejan de venderle al de Biden dejarán de pagar una buena cantidad de impuestos al Servicio de Administración Tributaria.

La otra orden ejecutiva, firmada por Biden ayer, obligará al gobierno de la 4T a modificar su política energética o enfrentarse al gobierno del nuevo presidente estadounidense. Sobre ella comentaré aquí mañana.

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Pocas horas antes, en Filadelfia, Pensilvania, el presidente estadounidense Joe Biden pronunció un discurso frente al Independence Hall, la llamada Cuna de la Independencia de EEUU, en donde además de asegurar que Donald Trump y los ultraderechistas que lo siguen son un peligro para la democracia, dijo que su país “rechaza la violencia como herramienta política (…) la lealtad ciega a un solo líder y la voluntad de participar en la violencia política es fatal para la democracia (…) Escuchamos hablar cada vez más sobre la violencia como una herramienta política aceptable en este país. No lo es. Nunca puede ser una herramienta aceptable.”. Curiosamente, en el discurso que ese mismo día pronunció en Palacio Nacional con motivo de la entrega de su 4º Informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se refirió una sola vez a la violencia política que en México ha dejado cientos de muertos en los últimos años. De acuerdo con la consultora Etellekt, en las elecciones de 2018 hubo “774 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 152 víctimas mortales (…) 48 eran aspirantes y candidatos a puestos de elección” y del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 se registraron “al menos 180 agresiones globales sobre actores políticos y se contabilizaron “24 homicidios dolosos de políticos, de los cuales 5 eran funcionarios electos”. Integralia Consultores informó que de septiembre de 2020 a abril de 2021 se dieron 169 incidentes de violencia política que dejaron 143 muertos. Entre los asesinados: 28 funcionarios municipales, 10 funcionarios federales y estatales, 26 aspirantes a cargos de elección, 17 exfuncionarios, 3 presidentes municipales, 3 jueces y 4 periodistas. De septiembre de 2021 a junio de este año, Integralia registró 131 incidentes que dejaron 122 muertos. 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