Gobierno de Biden dará prioridad a lo hecho en EEUU

El presidente estadounidense Joe Biden firmó esta semana dos órdenes ejecutivas que tendrán efectos sobre la economía mexicana y la política exterior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera de ellas, firmada el lunes...

28 de enero, 2021

El presidente estadounidense Joe Biden firmó esta semana dos órdenes ejecutivas que tendrán efectos sobre la economía mexicana y la política exterior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La primera de ellas, firmada el lunes 25, se titula “Orden Ejecutiva para ‎Asegurar que el Futuro sea Hecho en todo Estados Unidos por todos los trabajadores de Estados Unidos‎” y en ella Biden ordena que el gobierno de Estados Unidos debe “maximizar el uso de bienes, productos y materiales producidos en, y servicios ofrecidos en, Estados Unidos… para ayudar a las empresas estadounidenses a competir en industrias estratégicas y ayudar a que los trabajadores de EEUU prosperen…”. Entre los bienes, productos o materiales producidos en los Estados Unidos, la orden de Biden incluye “el hierro, el acero y los bienes manufacturados ofrecidos en los EEUU. También ordena que el transporte marítimo entre puertos estadounidenses se realice preferentemente en barcos de EEUU.

Adicionalmente, el presidente ordena la creación la Oficina Made in America dentro de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés) que se encargará de analizar, aprobar o rechazar las peticiones que las entidades del gobierno federal hagan para adquirir “bienes, productos o materiales que no hayan sido extraídos, producidos o fabricados en los EEUU”.

En lo que bienes, productos y materiales que contengan componentes no hechos en EEUU, Biden ordena “aumentar el umbral numérico para los requisitos de contenido nacional para productos finales y materiales de construcción e incrementar las preferencias de precios para productos finales y materiales de construcción hechos en EEUU”.´

¿Cómo afectará esta esta orden ejecutiva a las empresas mexicanas públicas o privadas que hasta ahora le han vendido algo al gobierno estadounidense, ya sea directamente o a través de intermediarios?

Pues que dejarán de tener como cliente a ese gobierno, a menos de que puedan demostrar que en EEUU no existe una empresa que venda un bien, producto o material similar al suyo o que los componentes hechos en EEUU por trabajadores estadounidenses satisfacen el mínimo exigido que se establezca de acuerdo a la orden ejecutiva.




En EEUU hay empresas mexicanas que venden exitosamente diversos productos y servicios. Algunas se destacan en las industrias cementera, de materiales de construcción, petroquímica, telecomunicaciones, alta tecnología, autopartes, alimentos y bebidas y en servicios bancarios y financieros.

Ignoro cuántas de estas empresas le venden directa o indirectamente al gobierno federal estadounidense, pero las que lo hagan deben estar sumamente preocupadas desde el día en que Biden firmó la orden que podría dejarlas fuera de la jugada frente a un competidor estadounidense.

También debería estar preocupado el gobierno del presidente López Obrador porque si estas empresas dejan de venderle al de Biden dejarán de pagar una buena cantidad de impuestos al Servicio de Administración Tributaria.

La otra orden ejecutiva, firmada por Biden ayer, obligará al gobierno de la 4T a modificar su política energética o enfrentarse al gobierno del nuevo presidente estadounidense. Sobre ella comentaré aquí mañana.

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Por sus actos y palabras, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los legisladores morenistas, petistas, verdes y pesistas han demostrado, demasiadas veces, que no tomaron en serio lo que juraron cuando asumieron sus cargos. El presidente y miembros de su gabinete han expedido decretos y los legisladores afines a la 4T han aprobado leyes que después han sido anulados por alguna instancia del poder Judicial por ir en contra de la Constitución o alguna ley secundaria. Por ejemplo, en febrero pasado la SCJN otorgó la suspensión definitiva contra el decreto del 15 de mayo de 2020 de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por el cual buscaba beneficiar a la CFE al modificar las reglas para que las plantas privadas generadoras de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacional. Este decreto, que muchos calificaron como ilegal apenas se dio a conocer, fue impugnado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Corte determinó que Nahle no puede regular temas de libre competencia y concurrencia en el sector ya que esas atribuciones son de la COFECE. Nahle sabía que su decreto no era legal y aun así ordenó que se publicara en el DOF. Lo peor del caso es que AMLO no aceptó la decisión de la SCJN y aprovechó la ocasión para lanzar una andanada de ataques verbales contra la misma. Lo mismo ocurrió cuando los legisladores de la 4T aprobaron la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a sabiendas de que algunos de sus artículos iban en contra de la Constitución y diversas leyes. La LIE quedó sin efectos luego de que dos jueces de distrito en Materia Administrativa otorgaran decenas de suspensiones definitivas a quejosos que alegaron que dicha ley violaba diversos ordenamientos. De nuevo, AMLO arremetió contra los juzgadores, acusándolos de traición a la patria. Y la semana pasada, la antes mencionada COFECE interpuso una controversia constitucional contra la LIE por “contravenir los principios de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad”. En los días próximos, diputados del PAN, PRD y MC, entre otros, impugnarán un artículo transitorio de la reforma del Poder Judicial recién aprobada por el Congreso: el que amplía por dos años el periodo del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Para estos legisladores y la mayoría de los constitucionalistas que han emitido una opinión al respecto, la SCJN deberá declarar inválido ese transitorio porque viola lo que el Artículo 96 de la Constitución establece claramente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. Al decidir el asunto cada uno de los ministros de la SCJN deberá recordar que al asumir su cargo juró “desempeñar leal y patrióticamente el cargo (…) y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”. 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La democracia según AMLO podría confundirse con autocracia

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